El paso de Jesús Caldera por el Ministerio de Trabajo será recordado en la Historia de España como el de las regularizaciones. Como se explica en el prólogo de su anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, ahí fuera hay «una realidad social» incontestable que tiene «necesidad de cobertura legal». Entonces, el Gobierno desvirtúa la ley y la ahorma a los problemas sin preguntarse por sus causas. Es una técnica legislativa dudosa. Es el mismo tipo de atajo que llevó a la apresurada regularización de inmigrantes que ha traído toda una oleada de cayucos y broncas europeas.

Es cierto que estamos ante una norma loable que después de 26 años otorga una mínima cuota de justicia y reconocimiento a millones de esforzados autónomos. La tarea es especialmente meritoria con el trabajador agrícola. Pero una norma así no se merecía una regularización encubierta como la que se pretende con la creación de la ocurrente antinomia del «autónomo dependiente». La figura describe a la persona que popularmente se conoce como emboscado o chino, un trabajador eventual que no goza de los derechos de los «de plantilla» debido a su tipo de contrato. Su fidelidad a una empresa es tal que el propio Estatuto admite que el 75% de sus ingresos procedan de una sola compañía.

Hay mala conciencia en el anteproyecto, ya que en varias ocasiones reconoce que no se trata de estimular esta figura, sino de darle una mínima cobertura social (15 días de vacaciones, por ejemplo). El resultado, como en la regularización de los inmigrantes, será previsiblemente el contrario. Y todo porque se ha preferido, en vez de hacer cumplir la ley, regularizar una situación que sólo se puede solucionar con una auténtica reforma del mercado laboral, cuya inflexibilidad no es garantía de nada, sino la causa del problema.