Los máximos responsables sobre inmigración de los ocho países mediterráneos de la UE, reunidos ayer en Madrid, coincidieron en la necesidad de dar una respuesta conjunta al reto que plantea la llegada masiva de inmigrantes irregulares. En esta cumbre se acordó pedir al conjunto de la Unión una red europea de patrullas marítimas para controlar las riberas de los países de donde parten los sin papeles. A la espera de que todas estas medidas comprometidas por la UE se pongan en práctica, la polémica acerca de la política de inmigración del Gobierno español estuvo presente también en la sesión de la cumbre mediterránea. La voz cantante la llevó el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, quien respondió a las palabras de Zapatero en el Congreso, donde dijo que no iba a aceptar lecciones del político galo después de los disturbios en las barriadas de París. Sarkozy contraatacó asegurando que él no quiere dar lecciones a nadie, pero que tampoco está dispuesto a aceptarlas y volvió a criticar con dureza la regularización llevada a cabo por el Gobierno español. Las afirmaciones de Zapatero en el Congreso suponen una metedura de pata – otra – en política exterior, puesto que la colaboración de los gobiernos europeos es vital en este momento para España en materia de inmigración. En este contexto, no parece lo más adecuado meter el dedo en el ojo a nuestros socios. Al margen de la polémica, lo cierto es que el discurso del Gobierno español ahora, expuesto ayer por la vicepresidenta, no está muy lejos del que sostiene Sarkozy, puesto que ambos defendieron la repatriación de los sin papeles como la única solución al problema. De la Vega dijo incluso que no deben producirse regularizaciones «sin más».