El ministro francés replica al presidente español: «No doy lecciones porque no me gusta recibirlas» Fernández de la Vega admite ante los socios europeos que «no debe haber regularizaciones sin más» El ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, llegó ayer a la reunión de los países mediterráneos de la UE, en Madrid, con ganas de decir la última palabra en la polémica desatada el pasado miércoles por Zapatero cuando, a cuenta de la política de inmigración, afirmó en el Congreso que no aceptará lecciones de Francia en esta materia.

Y Sarkozy – duro entre los duros frente a los sin papeles y en campaña electoral – reaccionó sin tardanza, afirmando que él no pretende dar lecciones a nadie, entre otras cosas porque tampoco le gusta recibirlas.

Además, aprovechó para echar en cara a Zapatero su actitud crítica con la política de inmigración francesa recordándole que París siempre ha demostrado su solidaridad con España en la lucha contra ETA «sin tener en cuenta el color de los diferentes gobiernos».

«Francia», recalcó Sarkozy, «siempre ha estado al lado de España y nunca ha tenido un comentario sobre las diferentes evoluciones de la política española. Si hay alguien que haya sido solidario tanto con el Gobierno de Aznar como con el de Zapatero, he sido yo». Después, intentó rebajar el tono y se mostró convencido de que las palabras de Zapatero, recordando los graves disturbios del año pasado en los barrios periféricos de París, no eran sino fruto de «un momento acalorado en el debate parlamentario». «Créanme», añadió, «si yo no he pretendido dar lecciones es por una razón: no me gusta recibirlas».

‘Efecto llamada’

Sarkozy, en los últimos meses, ha reiterado que las «regularizaciones masivas» de inmigrantes ilegales son nefastas porque provocan inevitablemente un efecto llamada. Por eso, su propuesta ahora ante la UE pasa por «prohibir», con leyes en la mano, estos procedimientos y, además, potenciar con toda firmeza e inmediatez las repatriaciones de clandestinos. Su predicción es: «Si no nos decidimos a actuar, veremos cómo en nuestras democracias crece un sentimiento de xenofobia que nadie podrá controlar».

El Gobierno español interpreta que, en buena medida, la crítica de Sarkozy está injustamente dirigida a su proceso de regularización del año 2005. Ayer, la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega admitió, ante siete países europeos (Francia, Portugal, Chipre, Eslovenia, Italia, Malta y Grecia), reunidos en Madrid para elaborar una propuesta común en materia migratoria, que «no debe haber regularizaciones sin más», pero, a continuación, rechazó que la llevada a cabo por España pueda ser calificada así.

De la Vega insistió en que el proceso regularizador de 2005 se hizo con la condición de que los beneficiarios pudieran demostrar que contaban con un contrato de trabajo y, por tanto, no puede considerarse que fuera «masivo». La vicepresidenta, que una vez más clamó por una política común de la UE en este terreno, se mostró confiada en que, «en un futuro próximo», se acuerden criterios compartidos que sean respetados por todos.

Sarkozy, acompañado por la ministra de Asuntos Europeos, Catherine Colonna, llegó a la reunión de Madrid con hora y media de retraso y se marchó antes de la tradicional foto de familia. Pese a todo, se fue convencido de que sus propuestas habían ganado terreno porque, tal y como señaló, habían sido acogidas «muy positivamente» por Portugal y por el vicepresidente de la Comisión Europea, Franco Frattini; con «interés», por la Presidencia finlandesa de la UE, y de manera «bastante positiva», por el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Colonna afirmó también que el ministro español de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, había calificado sus ideas como «razonables».

Las iniciativas puestas sobre la mesa convergen siempre en un punto: las fronteras exteriores de la Unión son responsabilidad de todos los miembros, máxime cuando se trata de fronteras marítimas, difusas y extensísimas, a través de las cuales se filtra, como afirmó Rubalcaba, un «auténtico drama».

Las reflexiones de la reunión de ayer se trasladarán a la cita de ministros de Justicia e Interior de la UE del 5 de octubre. Posteriormente, se elevarán a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del día 20, en Lahti (Finlandia) y, finalmente, deberían recibir el aval del Consejo Europeo, en diciembre.