El sindicato UGT distinguirá a un funcionario de prisiones que ha sido sancionado por la vía administrativa por maltrato a presos, según denunció ayer la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura.

El profesor Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y uno de los portavoces de la Coordinadora, explicó ayer a Efe que el funcionario Manuel Allué fue sancionado por el anterior director general de Prisiones con el gobierno de CiU, Ignasi Garcia Clavel, por usar medidas coercitivas totalmente desproporcionadas.

Esta sanción, impuesta a raíz de unos incidentes sucedidos en el centro penitenciario de Quatre Camins en 1992, fue ratificada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el año 2000.

La Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura, integrada por entidades como Justícia i Pau, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y la Asociación Memoria contra la Tortura, entre otras 12, asegura en un comunicado que el funcionario Manuel Allué ha sido objeto, a lo largo de su carrera como funcionario de prisiones, de diversas denuncias por maltratos a reclusos que, no obstante, no prosperaron.

«También ha sido sancionado administrativa y judicialmente por uso desproporcionado de medios coercitivos, y ha protagonizado episodios y publicado artículos que denotan menosprecio por la dignidad de las personas presas», se indica en el comunicado.

Fuentes de la coordinadora afirmaron ayer «no entender» cómo un sindicato como FSP – UGT de Cataluña «puede dar apoyo y condecorar a una persona que ha sido acusada y sancionada por maltratos» y considera que este acto de reconocimiento público «abre peligrosamente la puerta de la impunidad y es una ofensa para aquellas personas que han sido víctimas de los malos tratos en las prisiones».

La distinción a Manuel Allué tendrá lugar en el marco de las I Jornadas Penitenciarias del Sindicato de Prisiones de la FSP – UGT de Cataluña, que se celebrarán los días 3, 4 y 5 de octubre próximos, y en las que está prevista la participación del conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, la consellera de Interior, Montserrat Tura, así como de representantes de todos los partidos políticos y alcaldes de diversos municipios catalanes, incluido el de Barcelona, Joan Hereu.

De hecho, el secretario general de Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, tiene prevista una intervención en la clausura del congreso coincidiendo con la entrega de la mención honorífica al funcionario Manel Allué, a quien UGT quiere reconocer «su trayectoria».

En este sentido, la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura «lamenta que las citadas jornadas cuenten con la participación y colaboración de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del Departament de Justícia de la Generalitat».

«Este apoyo institucional – se indica en la nota difundida ayer – a unas jornadas que finalizarán con la condecoración a Allué no es coherente con la apuesta del Departament de Justícia por una política penitenciaria en la que prevalgan los derechos de las personas privadas de libertad».

Además de las 12 entidades que integran la Coordinadora, el comunicado de denuncia cuenta también con la adhesión de las asociaciones SOS Racisme de Cataluña, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates y la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona.

El Departament de Justícia declinó ayer hacer declaraciones al respecto.