Rocío Ruiz
Madrid – El dinero todo lo arregla. Es la máxima que parece que ha guiado
al Gobierno en su intento por resolver el traslado a la Península de 500
de los 800 menores inmigrantes que han llegado en cayuco a Canarias y que
las islas no pueden asumir por falta de plazas. El 18 de septiembre
pasado, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ya
solicitó solidaridad a las comunidades autónomas en el Consejo Superior de
Política de Inmigración para que se hiciesen cargo de la tutela de los 500
menores que se pretenden trasladar y repartir por toda la geografía para
aliviar la presión que sufre Canarias. Entonces, ninguna de ellas se negó
a colaborar, pero pusieron reparos porque el Gobierno se había
comprometido a financiar los gastos sin concretar cantidades. Al mismo
tiempo, le pusieron sobre aviso de que también ellas estaban al límite de
capacidad y en algunos casos, como Andalucía, con cotas de ocupación
incluso superiores a las de Canarias. Ronda de contactos Con este
panorama, el Ministerio de Trabajo ha iniciado ya una ronda de contactos
con las comunidades autónomas, el primero de ellos para consultarlas
cuánto cuesta la manutención de un menor inmigrante. El precio medio
oscila entre los 85 euros/día que estima Murcia y los 113 que emplea
Madrid. ¿Conclusión? El Gobierno pagará a las comunidades autónomas 80
euros al día por cada menor inmigrante no acompañado que tutelen, según ha
podido saber este periódico, lo que le supondría desembolsar 14.600.000
euros al año por los 500 menores trasladados. El precio estipulado por
Trabajo no ha desagradado a las autonomías con las que ya se ha contactado
y algunas de las que ya están saturadas estudian abrir centros de menores
de nueva creación para «solidarizarse» con Canarias, según ha podido saber
este periódico. Un portavoz de la Comunidad de Madrid aseguró ayer que
«una de las principales preocupaciones es cómo se va a resolver
jurídicamente el traslado de los menores. Estamos a la espera de
información», explicó. En una fase idéntica se encuentra la Comunidad
Valenciana. Su consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, concretó
que tienen colgado el cartel de «completo» a pesar de que disponen de
3.000 plazas de acogida para menores, pero estudia nuevas fórmulas para
acoger a los adolescentes que se deriven desde Canarias. No obstante, De
Miguel cree que «la solución no es traspasar a la gente de las islas a las
comunidades de la Península. Lo que se debe hacer es repatriar a los
menores». Con Murcia, las negociaciones están en una fase muy inicial. Su
consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio, explicó que «la
acogida de los menores no es un proceso que se resuelva de forma rápida.
Nosotros también estamos supersaturados y la decisión del número de plazas
que vamos a ofrecer debería contar con la aprobación previa del Consejo de
Gobierno. No obstante, vamos a ser solidarios». Con idiomas y formación
Hoy, el Gobierno aborda con Galicia las posibilidades que tiene para
acoger menores en su red de centros sin crear «guetos» después de que en
la reunión del pasado día 18 la comunidad mostrara la voluntad de acoger a
«alguno» de los menores de los que no puede hacerse cargo Canarias.
Mientras se ejecuta el reparto de los menores a sus nuevos tutores,
Canarias se ha visto obligada a crear centros de emergencia donde conviven
hasta un centenar de ellos. «Son chicos emprendedores que buscan un futuro
y que no suelen ser conflictivos. Algunos incluso hablan varios idiomas y
tienen una buena formación», detalló un portavoz del Gobierno canario. El
90 por ciento de los 800 que se encuentran en las islas son subsaharianos
procedentes de Senegal, Costa de Marfil, Guinea Bissau, Guinea Conakry y
Gambia. Trámite muy complejo Las edades de los menores que acoge Canarias
se desconoce. «El problema es que ninguno de ellos dice de dónde procede y
eso supone una dificultad para poder repatriarlos a su país de origen».
Sin embargo, el trámite es muy complejo en estos casos. «Es necesario que
previamente los servicios sociales localicen a los padres, cuando la
mayoría de las familias lo que desean es que los adolescentes estén en
España y les envíen dinero», dice un portavoz del Gobierno canario. El
«secreto» del Ejecutivo de las islas es «no masificar los centros para así
conseguir que los adolescentes se integren. Intentamos escolarizarlos y
que aprendan español, pero es difícil. A esto se une que el nivel de
estudios que traen no es homologable con el sistema español».