La desgracia sin fin de los rohinyás, perseguidos en su país y olvidados en el exilio

Más de un millón de personas del grupo étnico de mayoría musulmana de Myanmar llevan casi una década refugiadas en Bangladés sin esperanza de poder volver a su país ni construir una vida nueva

El País, Alejandra Agudo, 20-11-2026

“El ejército atacó la aldea. Mi padre fue asesinado, mi marido está desaparecido y yo hui con mis tres hijos”. Habiba es una de los más de 750.000 rohinyás, etnia de mayoría musulmana de Myanmar (la antigua Birmania), que huyó de ese país hacia Bangladés en el verano de 2017. Con esa crudeza simple describía, en un testimonio recogido por Oxfam a finales de ese año, cómo vivió la brutal respuesta militar que las autoridades desataron después de que un grupo insurgente rohinyá matara a varios policías en un ataque en el Estado de Rakáin (oeste de Myanmar).

El ejército arrasó aldeas y mató al menos a 6.700 civiles en un mes, según estimaciones de Médicos Sin Fronteras. Una violencia que no ha cesado en casi una década y que incluso se ha recrudecido en los últimos años, derivando en lo que numerosos expertos de la ONU consideran una limpieza étnica.

En aquel informe de la ONG, los testimonios de los refugiados en Bangladés revelaban el horror sufrido y la incertidumbre de una vuelta insegura. “Los militares echaron gasolina alrededor de la aldea. Se llevaron a las mujeres y las violaron. Los soldados llevaron a cinco niñas jóvenes a la escuela primaria y las violaron allí. Tres de las niñas murieron. Dos fueron liberadas, incluida mi hermana”, relataba Naha Nur, que entonces tenía 19 años y que llegó a Cox’s Bazar, el mayor campo de refugiados del mundo, en el sur de Bangladés, con más de un millón de almas hacinadas en un mar de chabolas de bambú.

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200 km
“Quiero volver a mi hogar cuando se nos trate como ciudadanos, cuando no haya violencia, cuando las mujeres no sean torturadas ni secuestradas, cuando por fin podamos ser libres”, soñaba Fatima Sultan, que entonces tenía 20 años.

Nueve años después, los anhelos de regresar se los han tragado el tiempo y la guerra que estalló tras el golpe de Estado en Myanmar en febrero de 2021. Y, aunque el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha fallado ahora que el sufrimiento de los rohinyás es un genocidio, la desgracia no desaparece.

Refugiados rohinyás se disputan la ayuda repartida en un campamento en Cox’s Bazar (Bangladés) el 24 de septiembre de 2017.
Cathal McNaughton (REUTERS)
“Los crímenes cometidos contra el pueblo rohinyá, desde la expropiación de sus bienes y la negación de su identidad hasta el desplazamiento forzoso, la tortura, la violencia sexual y el asesinato, no comenzaron ni terminaron en 2017. Y quienes los cometieron tenían y siguen teniendo una arraigada sensación de impunidad”, reflexiona por correo electrónico la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar Kelley Anne Eckels-Currie, de visita estos días en Bangladés.

“Esta decisión [del TJI] es un posible paso para alejarse de la impunidad, hacia la rendición de cuentas de los responsables, y un posible camino hacia la justicia para los supervivientes y las víctimas”, celebra no obstante la relatora. Aun así, MSF recuerda en un comunicado que “las resoluciones judiciales no resuelven las enormes necesidades médico-humanitarias que siguen existiendo”.

Más violencia en Myanmar
El ejército de Myanmar, país de mayoría budista, y el grupo armado rebelde Arakán, enfrentados entre sí, han elevado el nivel de violencia contra los rohinyás, desencadenando en los últimos años nuevas oleadas de huidas hacia el vecino Bangladés.

Por un lado, el ejército ha bombardeado, para detener el avance rebelde, zonas donde vive todavía parte de la comunidad rohinyá: ha habido más de 2.500 ataques aéreos en un año, según un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de agosto de 2026. El mismo ejército que mató a miles de rohinyás en 2017 ha reclutado, además, por la fuerza a unas 125.000 personas, muchas de ellas rohinyás, “sometiendo a algunas al consumo forzado de alcohol, a la privación de descanso y a abusos físicos”, según ese mismo estudio.

Por otro lado, los rebeldes del llamado Ejército de Arakán han confiscado tierras, obligando a los rohinyás a construir sus propios campos de detención —similares a prisiones— y matando o torturando a muchos de ellos.

En las investigaciones de la ONU, los rohinyás relatan haber sido golpeados con bambú, quemados con cerillas, colgados boca abajo y hechos girar hasta perder el conocimiento. Algunas víctimas han descrito cómo les aplicaron chile en los genitales y les arrancaron las uñas. A un niño, describe uno de los más recientes informes publicados, los rebeldes le obligaron a recoger los huesos y cráneos de otros rohinyás tras una masacre.

Un grupo de rohinyás cruza los campos de arroz tras huir de Myanmar hacia Palang Khali, cerca de Cox’s Bazar (Bangladesh), el 2 de noviembre de 2017.
Hannah McKay (REUTERS)
A pesar de la peligrosa situación en Myanmar, persisten las presiones regionales para repatriar a los refugiados. En una encuesta realizada por Médicos sin Fronteras en 2025 a unos 400 miembros de la comunidad rohinyá en Bangladés, el 84% dijo que no se sentiría seguro regresando a su país.

Esta espiral sin fin de violencia ha empujado a miles de rohinyás que en 2017 habían permanecido en Myanmar —que no les considera ciudadanos desde 1982— a abandonarlo en los últimos años. Pero la huida se ha vuelto cada vez más peligrosa. Un estudio publicado en agosto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicaba que 2025 fue el año más mortífero para los rohinyás que emprendieron travesías marítimas para llegar a otros países, principalmente Malasia: 892 personas murieron o desaparecieron en el mar. “Una cifra que ya se está igualando en 2026: en mayo, 4.665 personas habían intentado la travesía, con 280 reportadas como muertas o desaparecidas”, advertían sus autores.

Hacinados, sin agua ni comida

Vista aérea del campamento de refugiados rohinyá en Cox´s Bazar, en Bangladés, en julio de 2025.
Samuel Sánchez
Los que optan por la vía terrestre hacia Bangladés tampoco tienen garantía de una existencia más amable. El país vecino los acoge incluso desde antes de 2017, cuando llegaron de forma masiva, pero no les permite trabajar, construir viviendas o infraestructuras permanentes ni moverse con libertad. Hoy, alrededor de 1,2 millones de ellos sobreviven hacinados en el campamento de Cox’s Bazar; más de la mitad, niños, según cifras de la ONU.

Con más de 6.000 nuevas llegadas en lo que va de año y más de 150.000 desde 2024, la situación se ha vuelto más difícil en los asentamientos. “La población refugiada ha seguido aumentando, las necesidades crecen y los recursos son cada vez más limitados”, describe Sumi A. Shewly, directora de respuesta humanitaria de la ONG Educo en Cox’s Bazar.

Los drásticos recortes en la financiación de las ONG se traducen en menos comida, menos educación, menos atención sanitaria para los refugiados. Más del 90% de los rohinyás no puede cubrir sus necesidades mínimas de alimentación sin asistencia, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Y MSF ha detectado en los campamentos, por ejemplo, niveles muy elevados de sarna (hasta un 40% de población afectada) y enfermedades diarreicas, especialmente peligrosas para los niños.

Los recién llegados se enfrentan además al complicado proceso de registro poder recibir ayuda. “Los retrasos y la actual suspensión de la dentificación biométrica limitan su acceso a las raciones alimentarias y a determinados servicios”, lamenta Elko Brummelman, responsable de la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Bangladés. En ese tiempo que pasan en el limbo administrativo, dependen de que parientes o conocidos compartan sus menguantes recursos.

Refugiados rohinyá hacen cola para recibir comida en el campamento de Cox´s Bazar, en Bangladés, en julio de 2025.
Samuel Sánchez
Al hacinamiento y las limitadas oportunidades de subsistencia se añaden los desastres climáticos recurrentes, los ciclones y las tormentas que se llevan por delante las precarias viviendas temporales de bambú y lonas. Un cóctel de desgracias que ha disparado la inseguridad y la violencia entre los propios refugiados. Por ejemplo, unas 3.500 supervivientes de violencia sexual y de género acudieron en 2025 a los centros de MSF en los campamentos. Son 1.200 más que el año anterior.

Una generación sin esperanza
“La mayor preocupación de las familias rohinyás es la incertidumbre sobre su futuro y la lucha diaria por cubrir sus necesidades básicas”, resume Shewly, que trabaja en los campamentos de Cox’s Bazar. La incertidumbre crónica, sumada a experiencias traumáticas de violencia y pérdida, se ha transformado en una “gran carga de salud mental, especialmente para los niños”, coincide Elko Brummelman, responsable de MSF en Bangladés. “Nuestras consultas pasaron de aproximadamente 68.000 en 2024 a 75.000 en 2025″, señala.

“Lo que más me preocupa es el futuro de los niños. Toda una generación de rohinyás está creciendo en situación de desplazamiento, con oportunidades limitadas de educación y desarrollo personal. No podemos permitir que una crisis prolongada y las limitaciones de financiación priven a estos niños de sus derechos y oportunidades”, reflexiona Shewly.

Kosmin, de 12 años, refugiada rohinya en Bangladés, lleva agua hacia su vivienda en Cox’s Bazar.
ONG Educo
Kosmin, de 12 años, es una de esas niñas que llegó en enero de 2026 a los campamentos de Cox’s Bazar en Bangladés. Su familia tenía en Myanmar una casa, tierras que cultivaba y unas 10 o 12 cabezas de ganado. A pesar de la violencia que comenzó en 2017, habían decidido permanecer en su aldea, con la esperanza de proteger la vida que habían construido. Sin embargo, a principios de este año la situación de seguridad se deterioró tanto que quedarse ya no era una opción. Un día, mientras su padre estaba fuera con el ganado, se produjeron disparos y su casa se incendió. Con poco tiempo para reaccionar, su madre reunió a los niños y huyó, llevando consigo únicamente la ropa que llevaban puesta.

Para Kosmin, según les confesó a los trabajadores de Educo en Cox’s Bazar, donde acude a una de las escuelas de la entidad, los recuerdos de su antiguo hogar y la incertidumbre sobre su futuro siguen siendo difíciles de superar. “Pasé de vivir en una casa grande a vivir en este pequeño refugio. Me resulta muy difícil”, dice. “Quiero volver a mi país. Todavía estoy intentando adaptarme. Me preocupa mi educación y lo que me espera. ¿Qué pasará con mi futuro?“.

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