Euskadi prevé multas de hasta 500.000 euros por infracciones muy graves de discriminación
La futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación obligará a la Ertzaintza a «eliminar patrones de discriminación, en particular por el uso de perfiles raciales»
Diario Vasco, , 18-11-2026Celebrar un acto público que promueva el odio o discriminar a candidatos en los procesos de selección de personal saldrá muy caro. Las sanciones para quienes cometan infracciones muy graves de discriminación podrán alcanzar hasta los 500.000 euros en Euskadi. El Gobierno Vasco quiere dotarse de una herramienta propia para combatir este tipo de situaciones entre la sociedad vasca y para hacerlo efectivo avanza ya en la futura Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, cuyo anteproyecto ha recibido luz verde. La norma contempla diferentes acciones preventivas y de reparación del daño y plantea un régimen sancionador que puede alcanzar hasta el medio millón de euros. Asimismo prevé otras consecuencias, como quedarse temporalmente sin acceso a subvenciones públicas. Además, la ley obligará a la Ertzaintza a «eliminar patrones de discriminación, en particular por el uso de perfiles raciales».
La norma, impulsada por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico que dirige Nerea Melgosa, pretende establecer un marco de prevención, protección y reparación frente a las conductas discriminatorias que se siguen produciendo en Euskadi. Es más, muchas de ellas no llegan a denunciarse o ni siquiera son reconocidas como tales por la sociedad ni por quienes las sufren, según expone el texto. Esa «infradenuncia» favorece que determinadas prácticas se normalicen en el día a día y «las administraciones públicas vascas no son ajenas a este grave problema social».
Los datos estadísticos computados a lo largo del año pasado muestran que el total de delitos e incidentes de odio registrados por la Policía ascendió 194 en Euskadi, 85 en Gipuzkoa, según el último informe del Ministerio de Interior. El racismo y la xenofobia concentran la mayoría de delitos de odio registrados.
La ‘Encuesta de Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (Epade)’ que realiza el Gobierno Vasco cada año junto con Ikuspegi, refleja que, a pesar de que la ciudadanía vasca expresa una actitud mayoritariamente favorable hacia la diversidad, el 14% de la población afirma haber experimentado una situación de discriminación en los últimos 12 meses .
Cuando se pregunta por los ámbitos en los que creen que se producen con mayor frecuencia situaciones de trato desigual, el acceso a la vivienda y el ámbito laboral aparecen de manera recurrente entre los espacios donde la ciudadanía percibe más riesgos de discriminación. Para hacer frente a este tipo de conductas, las sanciones son una de las medidas que recoge el anteproyecto de ley. No obstante, la intención es que la respuesta no termine en la imposición de una multa, sino que permita evitar la conducta, proteger a la víctima y que no se vuelva a repetir. De hecho, una de las bases sobre las que se asienta esta normativa es la apuesta por la mediación y la justicia restaurativa como medida alternativa a un juzgado para reparar la situación.
En cuanto al régimen sancionador, las multas se articulan en tres niveles, en función de la gravedad de la conducta. Las infracciones leves podrían castigarse con multas de entre 300 y 10.000 euros; las graves, entre 10.001 y 40.000 euros; y las muy graves, con sanciones que irían desde los 40.001 hasta los 500.000 euros.
Niveles
La clasificación incluye diferentes comportamientos. Entre las infracciones leves figuran, por ejemplo, «emitir expresiones o exhibir símbolos o emblemas en espacios públicos o privados cuando fomenten o supongan un trato vejatorio o discriminatorio». Las infracciones graves alcanzan conductas con consecuencias más directas sobre los derechos de las personas. El anteproyecto incluye, por ejemplo, introducir cláusulas discriminatorias en contratos, denegar prestaciones o el acceso a bienes o servicios por motivos discriminatorios.
En el escalón superior, se considerará muy grave la celebración de actos públicos que atenten contra la igualdad de trato o la dignidad de las personas, promuevan el odio, la intolerancia o la violencia o inciten a discriminar. También considera muy graves los comportamientos agresivos o la aplicación de criterios discriminatorios en la selección de personal.
Una de las consecuencias más relevantes es que la sanción económica puede no ser la única penalización. En el caso de las infracciones graves, el órgano sancionador podrá vetar el recibir ayudas o subvenciones públicas durante un máximo de un año e impedir contratar con cualquier entidad del sector público durante ese mismo periodo.
El anteproyecto incorpora también una medida de reparación pública para determinados supuestos. Si la discriminación se produce en dependencias de la Administración o en medios de comunicación públicos —incluidas sus plataformas virtuales—, el órgano sancionador «podrá exigir a los responsables una manifestación pública de desagravio en el mismo espacio en el que se produjo el hecho».
El texto introduce, además, que para los casos en los que la infracción sea cometida por una autoridad, un agente, personal funcionario o empleado público, «la sanción se aplica en su grado máximo».
Para las faltas leves se abre otra vía: la multa podrá sustituirse o complementarse con tareas de reparación del daño o cursos de formación en igualdad de trato y no discriminación, siempre con el consentimiento de la persona sancionada.
La norma también prevé reforzar la recogida de información, por lo que la Ertzaintza y las policías locales deberán recabar y procesar datos sobre el componente discriminatorio de las denuncias y trabajar para «identificar y eliminar patrones de discriminación, en particular por el uso de perfiles raciales».
El anteproyecto de ley pretende garantizar «de manera efectiva» el derecho que todas las personas y colectivos tienen a la igualdad de trato y a la no discriminación, y «proteger y acompañar de manera integral, especialmente a los colectivos discriminados» en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda, el acceso a bienes y servicios, los establecimientos abiertos al público, los medios de comunicación o la publicidad e internet. El borrador menciona como conductas a combatir, «el machismo, sexismo o misoginia, el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia la transfobia, el antigitanismo, el edadismo, la islamofobia, el antisemitismo, el capacitismo o discafobia (contra las personas con discapacidad) o la aporofobia (contra las personas en situación de exclusión social, residencial o en riesgo de ellas), así como cualquier otra forma de discriminación»
El texto se encuentra en fase de anteproyecto tras la aprobación previa firmada por Melgosa el pasado 12 de noviembre y permite avanzar en su tramitación antes de su envío al Parlamento Vasco.
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