L.R.A.

HUELVA – La Policía Nacional ha desmantelado en Huelva una red de
falsificación de permisos de residencia para inmigrantes y ha detenido a
cuatro personas, entre ellas un agente de la Policía y un funcionario,
según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno. El policía y el
funcionario detenidos trabajaban en la Oficina de Extranjería de la
capital onubense, según las citadas fuentes, que señalaron que la
operación sigue abierta y que no se descartan nuevas detenciones.
La red desarticulada vendía los permisos de residencia por dinero o a
cambio de favores sexuales.
Algunos inmigrantes llegaron a pagar
hasta 6.000 euros por la documentación, aunque la «tarifa» habitual era
algo menor.
En algunos casos, si la inmigrante era mujer, se le
pedían favores sexuales a cambio de los permisos de residencia o de
trabajo, favores que, al parecer, tenían lugar en un coche aparcado en un
coche cercano a la Oficina de Extranjería. Los detenidos han pasado a
disposición judicial, y el juez que instruye el caso ha decretado el
secreto del sumario.
Secreto de sumario
El
delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, confirmó ayer
que, de momento, son cuatro las personas detenidas, que ya han pasado a
disposición judicial.
López Garzón señaló que uno de los
detenidos es un agente de la Policía Nacional, otro un funcionario de la
Oficina Unica de Extranjeros y los otros dos no trabajan en la
administración pública.
Según el delegado, otras personas
han sido interrogadas en relación con estos hechos por la Policía, quien
ha enviado las diligencias al juez, que ha decretado el secreto de sumario
y que será quien determine si finalmente los detenidos son imputados o no.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, valoró, por
su parte, la actuación de las fuerzas de seguridad y aseguró que se trata
de casos «absolutamente puntuales».
Asimismo, admitió que
se ha enterado por los medios del caso. «Estas actuaciones policiales
sirven para confiar en las fuerzas de seguridad del Estado», sostuvo
Micaela Navarro.
La operación se inició después de que la Oficina
del Defensor del Pueblo Andaluz pusiera en conocimiento de la
Subdelegación del Gobierno de las numerosas denuncias recibidas acerca del
funcionamiento de la Oficina de Extranjería de Huelva. El Defensor del
Pueblo Andaluz, José Chamizo, lamentó que el abuso a inmigrantes
irregulares «no es asunto nuevo» y abogó por simplificar los trámites y
ser «muy escrupulosos, como son muchos funcionarios que trabajan en
Extranjería», con la tramitación de las autorizaciones con el fin de
evitar sucesos de este tipo.
«A veces se producen excesivos retrasos
que da al inmigrante la sensación de un laberinto que les lleva a la
desesperación y en ese momento aparecen desaprensivos ofreciendo papeles a
cambio de dinero o favores sexuales», describió.