Ángel Villarino
ROMA – En lo que llevamos de año han desembarcado 16.000 inmigrantes
ilegales en las costas de la diminuta isla de Lampedusa: un récord
histórico que ilustra la emergencia que vive Italia (de modo muy similar a
España y Grecia) frente a la llegada masiva de clandestinos. Es el último
y más grande de los rotos que le han salido al Gobierno del primer
ministro italiano, Romano Prodi, que, tras un arranque más que aceptable,
se ha instalado ya en su primera gran crisis. La indecisión del Gobierno
italiano a la hora de afrontar la emergencia de la inmigración está
haciendo desesperar a una ciudadanía cada vez más asustada, más reacia al
contacto con extranjeros y más proclive a manifestar brotes de racismo.
Las propuestas de Prodi ante la avalancha de inmigrantes resultan ambiguas
y contradictorias, un fiel reflejo de la variopinta alianza de partidos
que forman el Gobierno. Por el momento, «Il Professore» ha reducido de
diez a cinco años el plazo para ofrecer la ciudadanía a los extranjeros,
una decisión aprobada dentro de un paquete de medidas impulsadas por los
grupos más radicales y que, según los sondeos, no fueron bien recibidas
por la ciudadanía. No fue más que un tímido paso: el titular de
Solidaridad Social, el comunista Paolo Ferrero, anunció unilateralmente
una regularización que, de llevarse a cabo, superaría incluso a la de
Zapatero.
Nueva Ley
Y ayer le toco el turno a
Giuliano Amato, ministro del Interior, que explicó los particulares de una
ley que debería pasar los trámites parlamentarios el mes que viene. Otra
cosa es que lo haga. La receta de Amato consiste en desmantelar la «ley
Fini – Bossi» del Gobierno precedente, pero sin ofrecer medidas de
contención alternativas. En la propuesta de Amato encontramos la esencia
de ese «ni» que ya empieza a caracterizar al actual Gobierno italiano de
centro izquierda: ni sí, ni no; ni mano dura, ni permisividad. En el
equilibrio por no enfadar a ninguno de los socios de la frágil alianza se
instala un inmovilismo que resulta peor que cualquier reforma.
Desde
su composición, las cámaras italianas no han tomado más decisiones que las
referentes a las misiones internacionales. El «sí» a Afganistán y Líbano y
el «no» a Iraq son las tres únicas medidas de relieve votadas en estos
cinco meses de legislatura. El resto han sido decretos (algunos muy
urgentes y otro tanto aplaudidos) y debates sobre problemas arrastrados
por el Gobierno precedente del conservador Silvio Berlusconi. Así que el
cacareado «cambio de Italia» que prometió Prodi empieza a hacer aguas.
También los errores de comunicación hacen mella. La semana pasada «Il
Professore», en mitad de la crisis entre el Vaticano y el mundo islámico,
dejó escapar una desafortunada frase frente a un grupo de periodistas: «De
la seguridad del Papa que se ocupe el Vaticano», dijo Prodi, provocando la
indignación de la Santa Sede, ya que es el Gobierno italiano quien se
encarga de la protección del Pontífice. A todo esto, se suma el escándalo
de escuchas de Telecom, las bajas en Afganistán y la reorganización de la
derecha. Puede ser una simple racha o que Prodi esté empezando a perder su
estrella.