V. RÓDENAS/ABC

MADRID. La Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid ha detenido a diez funcionarios de la Delegación de Trabajo en esta Comunidad Autónoma, así como a dos abogados, uno de ellos de nacionalidad marroquí, acusados de cometer fraude y falsificación en la concesión de los permisos de trabajo. Las diligencias, que han sido ordenadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, se encuentran aún bajo secreto, y ABC ha sabido de fuentes del Ministerio que preside Jesús Caldera que «la operación aún no ha terminado».

Tanto en las oficinas de la madrileña calle de Bretón de los Herreros como en el edificio de la Delegación del Gobierno de la calle de Miguel Ángel hay total mutismo sobre el asunto, y por parte de la Jefatura Superior de Policía, como confirmó su portavoz, no se facilitará ningún detalle al respecto hasta que la juez levante el secreto de las actuaciones, que ayer seguía en vigor. Ocho de los funcionarios investigados pertenecen a Trabajo, mientras que otros dos están adscritos a las propias oficinas de la delegación gubernativa que dirige Soledad Mestre.

En esta misma línea de actuación contra la defraudación en materia de extranjería, ABC pudo saber por parte de funcionarios de la Inspección de Trabajo que una investigación de este órgano sigue la pista de varios contratos laborales que, a través de empresas de trabajo temporal, se han realizado a inmigrantes «sin papeles» gracias a tarjetas de residencia duplicadas, «aunque – precisaron las mismas fuentes – aún es pronto para conocer más datos, ya que tan sólo se esta al principio de indagaciones que podrían afectar a todas las ETT».

Por otra parte, se ha desmantelado una red de venta de permisos de trabajo y residencia a inmigrantes irregulares en Huelva. En la operación han resultado detenidas cuatro personas, entres ellas un policía nacional y un funcionario de la Oficina Única de Extranjería. Según señaló el delegado del Gobierno en la Comunidad andaluza, Juan José López Garzón, otras seis personas podrían estar también implicadas.

Dinero y relaciones sexuales

Al parecer, los implicados en la trama cobraban a los inmigrantes hasta 6.000 euros por la tramitación de los permisos. A este cobro se sumaba a veces, en el caso de las mujeres, la exigencia de mantener relaciones sexuales con los ahora detenidos. El delegado del Gobierno admitió ayer las cuatro detenciones, pero no confirmó el asunto de las cantidades monetarias y de las relaciones sexuales, y se remitió al secreto sumarial dictado por el juez.

La investigación por parte de la Policía Nacional comenzó hace varios meses a instancias de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, que solicitó el esclarecimiento de unas presuntas prácticas irregulares en la Oficina Única de Extranjeros. A aquella solicitud se sumaron varias denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital onubense.