Un coche en un descampado funcionaba como ventanilla para inmigrantes que, a cambio de dinero o favores sexuales, obtenían el permiso de residencia o de trabajo. La Policía ha desmantelado en Huelva la trama de extorsión en la que participaba un funcionario de la Oficina de Extranjería y un policía nacional destinado en la misma, así como otros dos trabajadores adscritos a la oficina, todos ellos detenidos. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Más de una veintena de personas, entre empleados e inmigrantes, han declarado ya ante el juez de instrucción número 4 de Huelva, que ha decretado el secreto de sumario.
Las detenciones se produjeron entre el lunes y el martes, y el agente de policía y el funcionario permanecían ayer aún en las dependencias de la Comisaría de Policía a espera de pasar a disposición judicial, mientras que los otros detenidos fueron puestos en libertad. Entre las personas que han sido llamadas a declarar se encuentran además una decena de ciudadanos extranjeros, de nacionalidad china, que podrían haber participado en la trama.
La investigación comenzó hace seis meses a instancias de la Subdelegación del Gobierno de Huelva, que había tenido conocimiento a través del Defensor del Pueblo andaluz de las diversas denuncias presentadas por inmigrantes.
El juez ha decretado el secreto de sumario, por lo que no ha trascendido aún el número de personas que podrían haberse visto afectadas por la extorsión ni tampoco la cuantía económica que habrían obtenido los implicados, que se encargaban de los trámites de concesión de los permisos de residencia y trabajo. Fuentes cercanas al caso han señalado que algunos inmigrantes que no cumplían los requisitos para obtener los permisos llegaron a pagar hasta 6.000 euros para conseguir los papeles, aunque la tarifa habitual era menor y variaba en función de la capacidad económica del afectado y la facilidad para adaptar su perfil al de una persona que reuniera las condiciones para la documentación.
Cuando las mujeres eran consideradas “atractivas” por los implicados, el pago consistía en favores sexuales en un vehículo aparcado en un descampado cercano, el mismo en el que se realizaban los pagos en metálico. “Cuando venía una mujer bien vestida, le daban los papeles inmediatamente y les decían ‘adelante’”, se quejaba ayer un inmigrante.

HECHO AISLADO
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, lamentó ayer lo sucedido. Sin embargo, destacó que la detención de los funcionarios es la prueba de que “la Administración dispone de los mecanismos de control suficientes” para abordar las prácticas irregulares y que el suceso supone un “hecho puntual”. La organización no gubernamental Andalucía Acoge, por su parte, consideró lo sucedido “un escándalo” y exigió que se abra una “amplia investigación” acerca del trato recibido por los inmigrantes.