Emmanuel López tiene un año. Aunque es un bebé sano, en los últimos meses ha sufrido varias enfermedades comunes: una gastroenteritis, el virus manos, pies y boca y una alergia en la piel. Ya se ha recuperado sin complicaciones. Pero para su madre, Yarly López, esos episodios han supuesto una profunda crisis. Yarly es colombiana y tiene 32 años. Antes de dar a luz vivía en un garaje, pero cuando Emmanuel nació, los servicios sociales de su municipio, Castellar del Vallès (Barcelona), la ayudaron a mejorar sus condiciones de vida.

La mujer consiguió un empleo en una fábrica, se instaló en una residencia gestionada por los servicios sociales y matriculó a su bebé en una guardería pública para que lo cuidaran mientras ella trabajaba. Esa estabilidad acabó cuando el niño empezó a enfermar. Las continuas dolencias le obligaban a ir a recogerlo con frecuencia a la guardería. “Tenía que pedir permiso continuamente a mis jefes para atender a mi hijo”, recuerda. La falta de facilidades para conciliar le generó un estrés que la llevó al límite, y decidió renunciar al empleo para cuidar a su bebé. La administración le ha advertido de que, si no encuentra trabajo pronto, tendrá que irse de la residencia. Pero ella no quiere volver a vivir en un garaje. Y menos con un bebé.

La crisis de la vivienda no afecta a todos por igual. Investigadores del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas han publicado este septiembre un estudio sobre el desajuste estructural del mercado inmobiliario. Los economistas analizan cómo las tensiones habitacionales se ensañan con los ingresos más bajos, los jóvenes y los migrantes. Para esos sectores de la población, acceder a un alquiler en el mercado libre y pagarlo resulta muy difícil. El estudio lo demuestra con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según sus cálculos, el 39,8% de los hogares del primero de los cinco segmentos en que se divide la población por renta en estos estudios, sufre un sobresfuerzo financiero; es decir, el 20% de las familias más pobres del país gasta más del 40% de sus ingresos en alojamiento.

Igual que Yarly López, también Mercè Sardiña, de 31 años, es madre soltera. Cobra un sueldo de tripulante de cabina, pero entre el 60% y el 70% se le va en pagar el alquiler. La cercanía al aeropuerto de El Prat de Llobregat, donde trabaja, condiciona sus opciones residenciales. Ha estudiado mudarse a zonas más baratas, incluso regresar a Tarragona, de donde es, pero el coste del transporte y el tiempo extra que supone no le salen a cuenta. Cuando se gana poco, una parte muy importante del salario acaba destinándose a la vivienda, ya sea en forma de alquiler o de hipoteca. Por eso, los hogares jóvenes como el de Sardiña y los de migrantes como el de López figuran entre los más vulnerables. Suelen contar con menos recursos, vivir de alquiler o afrontar una hipoteca y depender de un único sueldo.

Esa fragilidad es especialmente visible en los 1.9 millones de hogares monoparentales que hay en España. El 80% de las veces, están encabezados por mujeres, lo que feminiza aún más la pobreza. El 50,6% de los hogares monoparentales corren más riesgo de pobreza o exclusión, el porcentaje más alto de todos los tipos de hogar, según los datos del INE. Para estas familias, la dificultad de conciliar trabajo y cuidados limita el acceso al empleo y, con él, a la vivienda. Pero el problema no se reparte por igual. Afecta sobre todo a los jóvenes, a los inmigrantes residentes y, en general, a los hogares con menos ingresos, especialmente si viven de alquiler.

Majida Bekkaye es el ejemplo más extremo de la acumulación de algunos de estos factores. Esta mujer marroquí de 67 años llegó a España hace siete años. Vivía y trabajaba en casa de una familia, donde limpiaba, cocinaba y cuidaba de los niños. Mientras tramitaba su permiso de residencia, le diagnosticaron un cáncer de mama y la familia la echó de casa. Sin sueldo ni otros ingresos, tuvo que recurrir a asociaciones y a la administración. Desde hace cuatro años vive en una residencia de los servicios sociales en Barcelona, cerca del centro de salud donde recibe tratamiento. “Para mí”, resume Majida, “la vivienda no es un problema de dinero, es un problema de supervivencia”.