El PP regulará por primera vez las condiciones de pérdida de nacionalidad para quienes no sean españoles de origen –y hayan obtenido el pasaporte–. Esta circunstancia podrá darse cuando «exista condena firme» por determinados delitos graves «contra la vida, la libertad sexual, la seguridad nacional, la integridad del Estado o la comunidad internacional», evitando, eso sí, situaciones de apatridia. Así figura en el programa electoral del partido para las elecciones del próximo 29 de noviembre y que Alberto Núñez Feijóo presentará oficialmente este martes. En este programa se materializan por primera vez varias cuestiones relacionadas con la nacionalidad y la política migratoria que los populares llevan anunciado meses.

La mayoría de aspectos no constaban en el programa electoral del 23J, lo que también da buena cuenta que ha pasado a ser un asunto nuclear para el primer partido de la oposición en los últimos tres años. El programa recoge el endurecimiento de requisitos para la concesión de la nacionalidad. El objetivo, dice el texto de los populares, es que «deje de funcionar como una consecuencia casi automática con el paso del tiempo». Desde hace meses Feijóo viene pronunciando una máxima: «La nacionalidad española es un honor y no se regala». El PP apuesta ahora que obtener la nacionalidad deberá «responder a un vínculo efectivo con España y a una integración acreditada». Es decir, que las concesiones se concentrarán «en quienes cumplan realmente las condiciones exigidas para incorporarse plenamente a nuestra comunidad política».
En ese contexto el PP hace efectiva la promesa que lanzó su líder en el mes de julio y que en octubre volvió a reiterar: habrá una nueva ley de nacionalidad ajena a la regulación actual del Código Civil si los populares llegan al Gobierno. En esa ley se endurecerán las condiciones de acceso actuales: «Residencia legal y continuada, conocimiento suficiente del español, de nuestra historia, instituciones, cultura y valores constitucionales, buena conducta cívica, ausencia de antecedentes penales y cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social». Como ya figuraba en el plan de inmigración que el PP presentó justo hace un año, en octubre de 2025, el programa electoral también hace una referencia expresa a que los extranjeros que provengan de los países de la Hispanidad «tendrán un tratamiento preferente» al compartir «vínculos históricos, culturales y lingüísticos excepcionales».
En ese plan migratorio también estaba establecido el visado por puntos para los inmigrantes, con el objetivo de valorar la formación, experiencia, idioma e integración; y también incidía en recuperar el carácter excepcional del arraigo como «mecanismo legítimo, efectivo y comprobable», además de recalcar que las ayudas económicas no urgentes debían exigir la acreditación previa de residencia legal y no el mero empadronamiento. Cuestiones que después se materializaron también en los pactos autonómicos con Vox bajo la premisa de lo que el partido de Santiago Abascal llamó «prioridad nacional»
«Auténticos descendientes españoles»
El programa del PP del 29N también contempla «dar seguridad jurídica a los auténticos descendientes de españoles». Este apartado garantiza que la nacionalidad se reconozca «únicamente» a quienes acrediten de forma efectiva su condición de descendientes de exiliados españoles. Es, fuera de toda duda, la respuesta política plasmada en el texto electoral a la ‘ley de nietos’, fuente de polémicas en los últimos meses, y que ha llevado a la oposición a una verdadera guerra con el Gobierno. El origen es la instrucción de Sofía Puente cuando era directora general del Ministerio de Justicia, en 2022, y que redactó esta circular para ampliar los supuestos que recogía la Ley de Memoria Democrática para nacionalizar a descendientes.

Este asunto pone de manifiesto también cómo ha evolucionado el debate en España, porque en el programa del 23 de julio de 2023 el PP únicamente recogía «el derecho de opción a la nacionalidad española» que debía tener la comunidad de descendientes, aunque eso sí, hablaba ya de que estaría garantizado por «una ley de acceso a la nacionalidad de los nietos» reformada. Para atender a esa demanda, decía el programa, «también se hace necesario el refuerzo de los consulados encargados de la tramitación de los expedientes de nacionalidad».

Sin foco y sin grabadora, los detalles en la recámara de nuestra periodista de investigación.

Los mismos consulados que se han visto desbordados por la decisión del Tribunal Supremo de revisar uno a uno a los nacionalizados al amparo de la ‘ley de nietos’ en los últimos meses. Ese refuerzo consultar para todas las tareas que deben asumir también aparece reflejado en el programa de este 2026.

Endurecimiento de beneficios penitenciarios a los etarras
El PP también se compromete a «hacer efectiva» la prohibición de los homenajes a etarras, haciendo responsable a la autoridad que los permita o los financie. En su programa electoral, al que ha accedido ABC, también exige «colaboración efectiva y verificable» con la Justicia para esclarecer los asesinatos aún sin resolver si los condenados por terrorismo pretenden acceder al tercer grado o libertad condicional. «No habrá beneficios penitenciarios sin arrepentimiento veraz y sin colaboración con la Justicia» dice el texto de los populares. También contempla dotar a la Audiencia Nacional, la Policía Nacional y la Guardia Civil de los medios necesarios para revisar, uno por uno, los casos pendientes.

En los últimos años, como ha informado ABC, muchos antiguos miembros de ETA han visto evolucionar su situación penitenciaria con progresiones de grado y medidas de semilibertad, especialmente desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias.

En septiembre el Ejecutivo que encabeza el PNV –en coalición con los socialistas vascos– concedió el tercer grado al etarra Henri Parot, autor, entre otros, del atentado de la casa cuartel de Zaragoza. También están recientes los casos de de Juan Antonio Olarra Guridi y el de Óscar Celarain, a quienes les concedieron asimismo el tercer grado; o el de Jon Igor Solana, condenado por varios asesinatos, entre ellos los del fiscal Luis Portero y el concejal Martín Carpena. El Gobierno vasco le concedió el tercer grado, pero tras el recurso de la Fiscalía, la Audiencia Nacional suspendió la progresión penitenciaria.