Un niño de origen haitiano se presentó la semana pasada en una cita migratoria en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego, California. Su tío lo llevó “porque no quería que (el niño) rompiera ninguna ley”, cuenta el distrito de su escuela, y ya en la oficina, el menor fue separado de su familia.

Pero el funcionario de inmigración utilizó una ley contra el tráfico humano vigente desde hace más de dos décadas para retener la custodia del niño y enviarlo a un albergue de menores de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“Esto dejó al tío sumido en la angustia y al niño, de ocho años de edad, sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela”, narra el Distrito Escolar Unificado de San Diego en una carta que publicaron en su web, y que estaba dirigida a los secretarios de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, y al de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy.

Un vocero del DHS confirmó en un correo a EL PAÍS que el 5 de noviembre el niño llegó a un chequeo con el ICE acompañado de su tío: “Tras confirmar que el menor no formaba parte de ninguna de las unidades familiares con las que había estado viviendo, y dado que el presunto tío no pudo acreditar la tutela legal del menor conforme a los requisitos de la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata, se determinó que el menor era un menor extranjero no acompañado” y quedó en custodia federal.

Su distrito escolar explicó a Mullin en la carta que el niño había estado viviendo con el tío y sus primos desde la deportación de su padre, en 2025.

El DHS alega que el papá nunca estuvo bajo su custodia y que había sido removido a México por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aunque no explican más detalles.

Los niños considerados como “no acompañados” −que llegan o están en el país sin padres o custodios legales− han sufrido distintos ataques de parte de la Administración de Trump. Tras recortar la financiación a decenas de organizaciones que les ayudaban en su defensa legal, muchos menores en custodia de ORR han quedado sin abogados de inmigración.

Además, las agencias federales han iniciado procesos de deportación acelerada en cortes donde los niños aparecen sin saber las consecuencias de los planteamientos que les hacen los jueces y autoridades. El Gobierno ha impuesto también mayores controles sobre sus familiares o patrocinadores, y les ha exigido comprobar su estatus migratorio antes de entregarles la custodia. Eso ha generado que muchos cuidadores desistieran, para evitar ser detenidos y deportados. En consecuencia, ha aumentado el tiempo de permanencia en los albergues y algunos niños han quedado bajo el cuidado de activistas estadounidenses que asisten a las familias.

“Huérfanos por la deportación”
El vocero del DHS no especificó el estatus migratorio de este niño haitiano. El distrito de su escuela −sin precisar fechas− aseguró que el menor fue uno de los 350.000 haitianos que en agosto perdió el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de ese país, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de no extender este permiso de permanencia por más tiempo para esta y otras comunidades migrantes de países de América Latina.

“Niños que deberían estar asistiendo a la escuela y participando en un entorno educativo que les brinde apoyo, se encuentran, en cambio, en instalaciones gubernamentales lejos de sus escuelas, sus maestros, sus compañeros y sus redes de apoyo”, reclamó el distrito.

El niño separado de su tío estudiaba tercer grado en la Escuela Primaria Fay, explica la organización proinmigrante Haitian Bridge Alliance. Casos como el de este menor han hecho a la ONG catalogar a estos menores como “los huérfanos de la deportación”: una vez que sus padres son detenidos por el ICE, no se les permite volver a ver a los hijos o concretar las gestiones necesarias para transferir la custodia de los menores a guardianes autorizados. “El ICE solo los encierra (a los padres) y luego los deporta sin tomar en consideración el bienestar del niño que se queda atrás”.

Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización, condena el proceder de la agencia al avanzar en la agenda de deportaciones masivas ordenada desde la Casa Blanca: “Esto no es proteger a la niñez. Se trata de un trauma infligido por el Estado, disfrazado de aplicación de las leyes de inmigración”.

El distrito escolar en su carta cuenta que envió consejeros a la escuela primaria Fay para apoyar a los compañeros de clase del niño separado, “que manifestaron preocupación y miedo por lo que pudiera pasarle a su amigo”.

“Cuando las políticas migratorias de un gobierno dejan a los niños traumatizados y a sus compañeros de clase asustados, hemos cruzado una línea moral extremadamente peligrosa”, condenó Jozef. “Nos negamos a normalizar esta crueldad”.

El distrito está pidiendo a las autoridades de inmigración que se prioricen las decisiones de alojamiento para mantener a los niños tan cerca como se pueda de sus escuelas y comunidades; que se coordine con el distrito antes de reubicar a cualquier niño; que se desarrollen protocolos entre las agencias federales y los distritos escolares para que no se interrumpa el acceso a la educación de los niños; y que cuando sea posible, se ubique a los menores con sus familiares.

“Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente por las circunstancias que ocurren a su alrededor”, reclamó el distrito.