La Comisión Europea presentó el viernes su informe anual (julio de 2025-junio de 2026) sobre asilo y migración, en el que da cuenta de la situación en la UE. El documento señala una mejora general, con una reducción del 22% en el número de ingresos ilegales totales en territorio comunitario, aunque hay países que continúan bajo una fuerte presión migratoria, como España. En el repaso aparece el episodio del pasado verano en Ceuta, con la entrada de 80.000 migrantes procedentes de territorio marroquí a la ciudad autónoma. «España concentra el 20% de las llegadas irregulares totales a Europa», calculó el comisario de Migración, Magnus Brunner.

Las cifras a las que se refirió Brunner aparecen en el informe anual de la Agencia Frontex, que recoge los datos de las principales rutas migratorias hacia la UE y donde no consta el incidente de Ceuta al haberse producido meses después. Según este documento, Italia y Malta registran las mayores cifras de llegadas irregulares al bloque (un 37%). Grecia, Chipre y Bulgaria también superan a España, con un 29,2%. Pero lo ocurrido en la ciudad autónoma ha provocado que la comisión sitúe al país entre los Estados miembros «bajo presión» migratoria.
España (junto a Italia, Grecia y Chipre) puede acceder por ello al mecanismo de reparto de carga de acogida, un instrumento de solidaridad «flexible» entre los socios de la UE que permite el traslado de al menos 30.000 migrantes al año desde los territorios con mayor presión a otros. Los países pueden negarse a estas reubicaciones a cambio de una compensación de 20.000 euros por persona o de fondos por valor equivalente. El Ejecutivo comunitario propuso el viernes al Consejo europeo establecer el mecanismo para 2027 con el fin de hacer frente a las necesidades de los Estados miembros con más inmigración. Ahora, los Veintisiete deberán acordar su alcance y cómo quieren contribuir, ya sea con reubicaciones, ayuda financiera o una combinación de ambas.
La Comisión reconoció que Grecia y Chipre se encuentran bajo presión migratoria debido al «desproporcionado nivel de llegadas del último año», al igual que Italia. En este punto, Bruselas llamó la atención sobre el Gobierno de Giorgia Meloni y señaló que, «a pesar de que ha habido avances en la aplicación de las normas sobre responsabilidad, hace falta un mayor progreso». El Ejecutivo comunitario, avisó, «vigilará de cerca» a Italia.

Hay un segundo grupo de quince Estados miembros que se hallan «en riesgo de presión migratoria». En este club se encuentran Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia. En este caso, la Comisión atribuyó la presencia de migrantes al «alto número de llegadas, a los movimientos secundarios no autorizados, a las peticiones de asilo, a la protección temporal dada a personas que huyen de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania o al uso de la migración como arma».
La Comisión reconoció que Grecia y Chipre se encuentran bajo presión migratoria debido al «desproporcionado nivel de llegadas del último año», al igual que Italia. En este punto, Bruselas llamó la atención sobre el Gobierno de Giorgia Meloni y señaló que, «a pesar de que ha habido avances en la aplicación de las normas sobre responsabilidad, hace falta un mayor progreso». El Ejecutivo comunitario, avisó, «vigilará de cerca» a Italia.

Hay un segundo grupo de quince Estados miembros que se hallan «en riesgo de presión migratoria». En este club se encuentran Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Finlandia. En este caso, la Comisión atribuyó la presencia de migrantes al «alto número de llegadas, a los movimientos secundarios no autorizados, a las peticiones de asilo, a la protección temporal dada a personas que huyen de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania o al uso de la migración como arma».
La Comisión Europea admitió que la situación migratoria europea «sigue mejorando significativamente» gracias al nuevo marco legal, que permite sistemas de identificación en frontera. Bruselas apuntó, con todo, a la necesidad de mantener la aplicación de «todos los componentes» del acuerdo y asegurar que están «totalmente operativos», especialmente en materia de responsabilidad y obligaciones de los Estados miembros. En este sentido, destacó que los países han realizado «progresos significativos para asegurar la aplicación total de la nueva normativa».

«Nuestras reformas están funcionando: la migración ilegal sigue reduciéndose significativamente. Con nuestro nuevo sistema, tenemos más control sobre quién puede llegar a Europa, quién se puede quedar y quién tiene que marcharse. Hoy estamos haciendo que nuestras normas se apliquen», aseguró Brunner. Por su parte, la vicepresidenta y comisaria de Seguridad, Henna Virkkunen, destacó que los países bajo presión, como España, «tienen que seguir recibiendo la ayuda que necesitan y, al mismo tiempo, asegurar que las reglas de responsabilidad para las solicitudes de asilo se respetan, limitando los movimientos no autorizados».