Más de un millar de personas han llegado a La Restinga en apenas tres días. Los servicios de emergencia trabajan bajo una presión enorme, el hospital de El Hierro ha saturado sus instalaciones y los vecinos piden respuestas que no llegan. Al mismo tiempo, la investigación judicial del llamado cayuco de la muerte, que alcanzó Gran Canaria en agosto de 2025, apunta a seis presuntos asesinatos y 52 homicidios por imprudencia. Detrás de cada cifra hay una travesía de muerte que nadie debería verse obligado a emprender.

Canarias es frontera exterior de Europa. No lo hemos elegido; es una realidad geográfica. Lo que sí podemos exigir es que sus consecuencias no recaigan solo sobre nosotros. El Estado tiene las competencias esenciales en inmigración, fronteras y acogida de personas adultas. Sin embargo, deja a las islas solas en la gestión y no presiona a la Unión Europea como debería para que asuma su parte en este extremo del continente.

Canarias no se ha quedado de brazos cruzados. Sostiene una red de 71 centros para menores migrantes, desarrolla el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural con la participación de 83 municipios y coopera con los países de origen. El programa Tierra Firme ha formado a 400 jóvenes en Senegal, Mauritania y Cabo Verde, y más de un tercio ha encontrado un empleo estable. Son resultados concretos. Pero ningún territorio puede afrontar en solitario lo que corresponde a un Estado y a un continente.

El Gobierno de Canarias ya ha trasladado a la Comisión Europea cinco exigencias. Pide evaluar de inmediato la presión migratoria y activar los mecanismos de solidaridad y financiación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Reclama reforzar la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia y movilizar a las agencias europeas competentes. Y quiere que Canarias participe directamente en el seguimiento de la respuesta. Lo que falta es que alguien defienda esas demandas con voz propia en Madrid.

Y tampoco basta con tener razón. En julio de 2024, varios partidos estatales antepusieron sus cálculos a la petición de auxilio de Canarias y tumbaron en el Congreso, por apenas seis votos, la reforma de la Ley de Extranjería que Coalición Canaria impulsó para repartir de forma obligatoria la acogida de menores migrantes entre comunidades. Cuando el reparto salió por fin adelante, en abril de 2025, algunos volvieron a votar en contra. Votaciones así se deciden por un puñado de escaños. Por eso Canarias necesita en Madrid una voz fuerte, con varios representantes propios que pesen en cada votación y que solo respondan ante esta tierra.

Para eso me presento. Desde el Congreso defenderé, en primer lugar, que el Estado y la Unión Europea asuman los costes extraordinarios del salvamento, la acogida y la atención humanitaria en la frontera atlántica, con financiación previsible y pleno respeto a los derechos humanos.

En segundo lugar, una solidaridad obligatoria y automática. Cuando un territorio de primera acogida supere su capacidad, los traslados a otras comunidades autónomas deben activarse solos, con indicadores, plazos y financiación conocidos. No podemos seguir dependiendo de negociaciones caso a caso mientras la gente espera en un muelle.

En tercer lugar, un sistema estable para los menores no acompañados, con financiación suficiente y previsible y con su interés superior como guía de cada traslado y de su atención educativa y sanitaria.

Y, por último, una cooperación estable con los países de origen y tránsito en desarrollo, formación y movilidad ordenada, junto con una lucha firme contra las redes que se lucran con las personas. Canarias debe tener voz en las decisiones migratorias españolas y europeas que la afectan, también en las relaciones con Marruecos.

Nada de esto es incompatible con la humanidad; al contrario, la exige. Salvar vidas, acoger con dignidad y perseguir a quienes trafican con la desesperación forman parte de la misma respuesta. Por eso también reclamaremos recursos para la integración y la convivencia, y plantaremos cara a quienes usan el miedo para dividir a la sociedad canaria.

Ser frontera de Europa es una realidad geográfica. Afrontar sus consecuencias debe ser una responsabilidad compartida. Canarias está cansada de estar sola, y el 29 de noviembre puede decidir que su voz cuente donde se toman las decisiones.