La Policía Nacional está teniendo problemas para rastrear la financiación de la entrada masiva en Ceuta a finales de julio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no ha encontrado, por el momento, rastro de transacciones ilegales que apunten a autoría alguna, según trasladan fuentes de la investigación.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón encargó a estos agentes que se encargasen de ver quién podía estar detrás de la invasión de los días 30 y 31 de julio financieramente hablando. En concreto quería saber si se habían empleado técnicas de hawala para mover dinero de manera opaca. Pero por el momento no hay pistas que apunten en esa dirección.

La UDEF cuenta con una de las mejores secciones especializadas en este tipo de pagos, muy comunes entre países musulmanes y árabes. Se trata de un sistema paralelo al bancario tradicional. Para que funcione, dos personas que se encuentran en puntos alejados sobre el mapa tienen que ponerse de acuerdo para pasarse dinero a través de «hawaladers». Uno da la señal en un lugar del planeta, y al otro lado, el segundo intermediario abona la misma cantidad de dinero. Para saber que se trata de un intercambio «seguro» se utilizan «tokens», objetos únicos que no pueden tener una copia. El número de serie de un billete es lo más utilizado.

El intercambio de dinero por un «token» es rápido y no deja rastro. No hay trazabilidad posible ni está a expensas de la aprobación de ninguna entidad financiera. Por eso se tratan de investigaciones laboriosas, complicadas y largas, que dependen dela interceptación y análisis de móviles. Aunque la gran mayoría de inmigrantes llevaban encima un teléfono, por el momento los investigadores no han encontrado pagos a través de este método.

Además, según explican fuentes conocedoras, la UDEF está teniendo problemas para acceder a toda la causa, ya que hay documentación que se encuentra bajo secreto de sumario y el resto deunidades no comparten sus avances, ya que la magistradaha pedido que se comuniquen directamente con ella para evitar «interferencias» de sus superiores ni presiones políticas del Ministerio del Interior.

A mitadde septiembre, Tardón pidió a la UDEF y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizasen «los movimientos económicos relevantes en la zona» de Ceuta antes de los hechos, los posibles sistemas informales de transferencia de dinero, «incluyendo hawala», así como el alquiler o contratación colectiva de transportes y cualquier otra operación relacionada con la logística de la movilización.

En menos de 48 horas, en la Ciudad Autónoma entraron más de 85.000 personas, según los cálculos policiales. Por eso, en su escrito, Tardón explica que «difícilmente puede producirse sin recursos materiales y financieros». Por eso, el análisis financiero es ahora una parte troncal de la causa paradilucidar cómo se organizó la entrada y quién pudo encontrarse detrás de ella.

La jueza, por otra parte, continúa con los interrogatorios. Mañana escuchará el testimonio sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio de cuatro testigos protegidos propuestos por el Cenif (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) de la Policía Nacional. Veinticuatro horas después, el 11 de noviembre, testificarán el jefe regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta y un inspector del Cuerpo, como ya informó este medio.

La instructora sigue esperando distinta documentación por parte del Gobierno. El 27 de octubre, pidió que se desclasificasen, con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva e irregular. La instructora pretende determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas. Tardón también solicita todas las «notas e informes» realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del mismo día de la entrada masiva relacionados a las investigaciones sobre los hechos y todos aquellos relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.

Por el momento, el Ministerio del Interior ha trasladado por escrito a la magistrada de la Audiencia Nacional que el análisis de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que puso freno a las devoluciones en caliente de inmigrantes que accedían a nado a Ceuta y «la evolución de las entradas registradas» durante el mes de julio permitían «anticipar un incremento progresivo de la presión migratoria» antes del 30 de julio.