La sanidad pública llega al final de la legislatura con un balance difícil de defender:

más pacientes esperando una operación, demoras más largas y una valoración ciudadana sensiblemente peor que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018. Ocho años después, los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS) siguen sin resolverse. Y a ellos se han añadido, durante el mandato de Mónica García, conflictos con los médicos, una accidentada convocatoria MIR y una agenda legislativa que, en buena parte, no ha llegado a materializarse.

El deterioro no responde a una única causa ni depende exclusivamente del Gobierno central: las comunidades autónomas gestionan la asistencia y la pandemia agravó los retrasos. Pero los datos oficiales muestran que, tras ocho años de gobierno socialista, el sistema no ha recuperado sus niveles anteriores de accesibilidad.

La falta de profesionales, la sobrecarga de los centros de salud y las dificultades para conseguir una consulta siguen condicionando la atención que reciben los ciudadanos.

La espera hecha rutina

Cuando Sánchez llegó al poder, en junio de 2018, había 584.018 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica no urgente. Al cierre de 2025 eran 853.509: 269.491 más, un incremento del 46%. En ese periodo, la demora media pasó de 93 a 121 días y el porcentaje de pacientes que llevaban más de seis meses esperando aumentó del 12,2% al 21,6%.

El deterioro también es visible en el Barómetro Sanitario, el informe semestral elaborado por el propio Ministerio de Sanidad y el CIS que refleja la percepción de la población sobre los principales indicadores de la asistencia sanitaria pública.

La valoración positiva del sistema ha caído del 69% de 2018 al 52% de la última oleada de 2026, publicada hace unos días. La satisfacción media ha descendido de 6,57 a 6,19 puntos sobre diez. Además, quienes consideran que las listas de espera han empeorado han pasado del 24% al 41%.

En Atención Primaria, solo el 21% de la población consiguió cita el mismo día o al siguiente.

El 72% tuvo que esperar más de una jornada porque no había disponibilidad. Entre quienes tampoco pudieron ser atendidos al día siguiente, el 65% aguardó una semana o más.

Las dificultades alcanzan también a los hospitales:

el 29% de quienes se sometieron a una resonancia esperó más de tres meses y una quinta parte de quienes necesitaron un especialista tardó más de seis meses. El 73% juzga inaceptables las demoras en las consultas especializadas, de 102 días de media.

A este atasco se añade el impacto de las huelgas médicas contra el Estatuto Marco promovido por García.

Los 25 días de paros en lo que va de año han provocado cerca de 2,5 millones de actos médicos cancelados en toda España, cuyas consecuencias recaen sobre unas autonomías ya sometidas a una fuerte presión.

El Ministerio todavía no ha publicado los datos actualizados de las listas de espera del primer semestre, cuya difusión acumula varios días de retraso, pero es una certeza que reflejaran el efecto del conflicto.

Sanidad pública

A. Cruz

La Razón

Sanidad gratis para todos

En este contexto, García convirtió la recuperación de la “universalidad” de la sanidad pública en una de sus principales banderas políticas.

En marzo de 2026, el Gobierno aprobó un real decreto que simplificó el acceso a la sanidad pública de extranjeros residentes en España sin autorización de residencia.

La norma permite obtener cobertura provisional mediante una declaración responsable y flexibiliza los documentos exigidos para acreditar la residencia.

Sanidad impulsó la medida a las autonomías sin publicar una estimación de sus beneficiarios ni del impacto económico y asistencial, una carencia especialmente relevante cuando

los centros de salud tienen una sobrecarga que es ya estructural y que les incapacita para a sus pacientes habituales.

Es más, esta misma semana la ministra ha puesto en marcha una campaña, en la que invertido 146.000 euros, para recordar a los inmigrantes que la sanidad es gratuita.

Una muestra más de que está dispuesta a “morir matando” a la sanidad pública.

La guerra con los médicos

Pero si hay un conflicto que ha marcado la gestión de García ha sido la reforma del Estatuto Marco, la norma destinada a actualizar las condiciones laborales de los sanitarios. Lo que debía convertirse en una proyecto para modernizar el sistema terminó enfrentando al Ministerio con toda la profesión médica.

Los facultativos reclamaron una regulación que reconociera sus particularidades laborales, mejorara las guardias y abordara las jornadas prolongadas. Sanidad defendió su propuesta y los avances negociados con otros sindicatos, pero no consiguió el respaldo de las principales organizaciones médicas.

Las movilizaciones se sucedieron durante meses. La tensión alcanzó uno de sus momentos más críticos en junio, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto pese al rechazo de los facultativos y después de que la ministra hubiera asegurado días antes que no lo llevaría todavía al Gobierno.

La Organización Médica Colegial lamentó la ausencia de consenso y los residentes denunciaron que sus reivindicaciones seguían sin respuesta. A este choque se añadió el de las autonomías, responsables de aplicar buena parte de las condiciones laborales que se pretendían reformar. Las discrepancias sobre financiación y competencias dificultaron todavía más el acuerdo.

La convocatoria de Formación Sanitaria Especializada de 2026, competencia directa del Ministerio, abrió otra crisis. La dimisión de miembros de los comités encargados de elaborar los exámenes, los retrasos administrativos y las reclamaciones de los aspirantes pusieron en cuestión la organización de una prueba decisiva para miles de profesionales. Miembros de la comisión del MIR de 2025 seguían sin cobrar cuando ya se acumulaban problemas en la siguiente convocatoria. El PP llegó a exigir una auditoría.

Casi dos años para acceder a medicamentos innovadores

Otro lastre acumulado desde 2018 es el

acceso a los medicamentos innovadores. Según los últimos datos,

España tarda una media de 661 días en financiar nuevos tratamientos tras su autorización europea,

276 días más que cuando Sánchez llegó al poder. Las demoras afectan especialmente a pacientes con enfermedades graves y opciones terapéuticas limitadas. Es el caso de determinados tratamientos para el cáncer de mama metastásico, la depresión mayor resistente o el alzhéimer, cuya disponibilidad y financiación han suscitado controversias en los últimos años.

La actividad normativa fue una de las principales apuestas de García. Su departamento impulsó reformas sobre universalidad sanitaria, equidad, medicamentos, tabaco, consumo de alcohol entre menores y derechos de los pacientes. Sin embargo, el bloqueo parlamentario por la ruptura de Junts con el Gobierno y el adelanto electoral han dejado pendiente buena parte de esa agenda.

El departamento de García no ha logrado culminar ni las leyes con mayor consenso.

La negación del colapso sanitario en Ceuta

La crisis migratoria iniciada el 31 de julio en Ceuta dejó al descubierto las carencias de un sistema sanitario cuya gestión depende directamente del Ministerio de Sanidad, a través del Ingesa.

Pese a la presión asistencial y las denuncias de los profesionales, Mónica García tardó más de dos semanas en desplazarse a la ciudad y, cuando lo hizo, negó que existiera un colapso sanitario. Sus declaraciones provocaron la indignación de los médicos, que denunciaron que las Urgencias habían llegado a funcionar con apenas siete facultativos para atender una demanda extraordinaria.

El malestar aumentó cuando el Ministerio solicitó a las comunidades autónomas miles de dosis de vacunas para hacer frente a la emergencia, lo que suscitó críticas por trasladar parte de la respuesta a las autonomías. La gestión de la crisis abrió así un nuevo frente entre la ministra y los profesionales sanitarios, que reclamaban refuerzos estables ante unas carencias anteriores a la emergencia.