Avisaron los espías, avisaron los policías, avisó el delegado del Gobierno. Pero cuando la frontera de Ceuta cedió el 30 de julio, faltó «un plan integral de respuesta» para contener la avalancha. Lo reconoce ahora la propia Policía Nacional en un informe incorporado a la investigación que dirige María Tardón en la Audiencia Nacional.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) asegura que los recursos de seguridad operaron «sin un plan y una coordinación ajustada a la incidencia». En otra conclusión habla de «la ausencia de un plan integral de respuesta» y «una falta de integración y coordinación de las capacidades de respuesta».

Son afirmaciones contenidas en la nueva parte del sumario a la que ha tenido acceso este periódico: 37 documentos y 253 páginas de informes policiales, notas de inteligencia y comunicaciones. Recogen avisos en la misma línea de los ya revelados, pero añaden destinatarios, horas y un diagnóstico interno sobre la respuesta.

La cadena comienza el 8 de julio. La Guardia Civil advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de que una sentencia del Supremo, que limitaba el rechazo inmediato de nadadores, aumentaría la presión sobre Ceuta. Propuso reforzar el Servicio Marítimo, los buceadores y la vigilancia tecnológica.

El 16 de julio, a las 13.58, el entonces delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, escribió a la secretaria de Estado de Seguridad. El dossier adjunto describía una «situación de extrema vulnerabilidad» y advertía de que «la posibilidad de llegadas masivas es muy probable».

La advertencia acompañaba una propuesta de instalaciones para identificar y asistir a migrantes. No pronosticaba el asalto del día 30. La Delegación proponía módulos en una parcela porque la Policía había descartado otra ubicación.

Los avisos también llegaban desde el Gobierno autonómico. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, consejero de Ceuta, declaró como testigo que el 16 de julio había advertido a Seguridad del deterioro y que el 26 volvió a hacerlo por WhatsApp. Según su testimonio, la Ciudad reclamó más efectivos y un mando único.

El 27 de julio, a las 12.55, el ministro del Interior y la secretaria de Estado recibieron una nota del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El cambio jurídico podía tener «un impacto muy relevante» en Ceuta, aunque el indicador general de riesgo migratorio procedente de Marruecos seguía en nivel bajo.

Ese día, Interior recibió un parte policial que sumaba 748 entradas y 492 adultos pendientes de acceder al centro de estancia temporal. El 28, el CENIF elaboró un «Informe de Análisis de Riesgo sobre Posible Salto a la Valla en Ceuta el 30/07/2026».

El 29 de julio, la Guardia Civil notificó 227 entradas a nado y 417 intentos detectados durante la noche anterior y aquella mañana. Interior reconoce que remitió esos partes al Departamento de Seguridad Nacional y a los responsables de extranjería.

A las 13.52, el CNI avisó a la Delegación del Gobierno de los llamamientos detectados en redes; un minuto después, a una unidad especializada de la Guardia Civil. Hubo llamadas posteriores. Los mensajes convocaban concentraciones por el Día del Trono marroquí y el CENIF detectaba referencias a una vigilancia fronteriza más permisiva.

Todavía el 29, a las 21.09, el CENIF remitió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla una alerta de entrada masiva. El informe policial describe mensajes que animaban a una operación «de gran impacto». Durante el propio día 30 se difundieron otras dos alertas, ya con la crisis en marcha.

Interior sostiene una versión distinta. En un informe firmado el 23 de octubre, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, asegura que no recibió ninguna alerta que anticipara «un riesgo de entrada masiva de la magnitud del evento acontecido». Reconoce la presión creciente, pero insiste en que se consideraba abordable.

Interior asegura que movilizó tres pelotones de la Guardia Civil y un grupo de 35 antidisturbios de la Policía. La Guardia Civil contabiliza 154 efectivos de refuerzo el 30 de julio y 157 el día 31. El despliegue aumentó a 204 el 2 de agosto.

El CENIF sitúa las primeras entradas masivas durante la madrugada del 30. Entre las ocho y las once se saturó el centro de estancia temporal. Las concentraciones a ambos lados del espigón desbordaron la custodia policial y precipitaron la apertura de las vías de paso.

Las unidades fueron perdiendo capacidad para trasladar a los interceptados. Familias, menores y personas mayores comenzaron a cruzar cuando se extendió la percepción de que la frontera estaba abierta. El CENIF considera que faltaron capacidad de respuesta y coordinación ajustadas a la magnitud del episodio.

Interior aprobó el 30 de julio la contratación de emergencia de un centro provisional de atención a extranjeros y dictó el 1 de agosto una instrucción para instalar barreras marítimas. La documentación contiene además una discrepancia sobre los refuerzos que el Ministerio asegura haber preparado antes de la avalancha.

En las medidas anteriores al asalto, Interior incluye el «despliegue de la embarcación de altura Río Sil». Sin embargo, un informe de la propia Guardia Civil sitúa su presencia en Ceuta entre el 14 y el 23 de agosto.