La llegada de inmigrantes procedentes de Canarias a la Península a través de vuelos comerciales y fletados ha vuelto a encender el choque político e institucional entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la región, Ana Dávila, denunció ayer la opacidad del Ejecutivo central y

la saturación de los recursos de acogida autonómicos, situando de nuevo la gestión migratoria en el foco del debate.

Desde el Centro de Acogida Santa María de la Paz, Dávila criticó duramente la política del Ministerio de Inclusión y del Ejecutivo central, asegurando que se producen «tres vuelos semanales» desde el archipiélago canario «sin tener información» previa ni coordinación con las comunidades autónomas. «Es la tónica de los vuelos disimulados que hace el Gobierno de España. No les ofrecen un futuro ni un empleo, simplemente están ahí en un proceso temporal. Es la apertura de puertas con falsas expectativas que lo que genera es personas migrantes más pobres», aseguró la consejera.

Según detalló, la Comunidad tiene constancia de que los migrantes trasladados son derivados a los campamentos de gestión estatal instalados en Carabanchel y Alcalá de Henares. Según los datos que maneja,

por estos centros han pasado más de 20.000 personas

, que, según denuncia están «abandonados a su suerte». Para ilustrar este impacto, insistió en que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno la proporción de personas sin hogar de origen extranjero en la región ha pasado de dos de cada tres a «una de cada dos».

El cruce de acusaciones refleja la profunda brecha entre Sol y Moncloa en política migratoria. Desde el gobierno regional subrayan que la red de protección a la infancia de la Comunidad se encuentra «colapsada» debido a que en estos vuelos viajan también menores, según datos trasladados por la Fiscalía. La consejera recordó que los centros autonómicos están diseñados para la atención temporal de menores en situación de vulnerabilidad y no para responder a llegadas masivas sin planificación ni presupuesto.

De hecho, sobre la gestión de tutelados, la consejera ha elevado a «más de 150»

los expedientes de menores cuya devolución a sus países de origen ha solicitado Madrid a la Delegación del Gobierno por «malos comportamientos»,

vinculados a consumos graves de drogas o problemas de salud mental que hacen «imposible su integración».El Ejecutivo autonómico recrimina al Ministerio del Interior y al de Inclusión que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas se esté utilizando como punto de redistribución sin garantías, lo que a su juicio proyecta una «mala imagen de país».

Mientras tanto, el Gobierno central justifica estos traslados en la solidaridad interterritorial entre las comunidades autónomas.