Torturados, atados y arrojados al mar tachados de «brujos»: se concreta la imputación contra los 19 investigados del 'cayuco de la muerte'

La autoridad judicial define los hechos que sentarán en el banquillo a los presuntos responsables de unos hechos sin precedentes a bordo de una embarcación con 300 personas

Diario Vasco, Francisco José Fajardo, 06-11-2026

Atados de pies y manos, desnudos, golpeados con palos y cinturones de cuero, cortados con cuchillos y, en ocasiones, rociados con gasolina, durante días y sin una gota de agua ni un bocado de comida, hasta que los arrojaban al mar, a uno de ellos aún con vida. Es el presunto final que la investigación atribuye a seis pasajeros del llamado ‘cayuco de la muerte’, a quienes los jefes de la expedición y su entorno señalaron como «brujos» y «brujas» culpables de una avería, a mitad de una travesía desde Senegal con unas 300 personas a bordo. Al menos otras 52 murieron por la falta de agua y de comida que los investigados se reservaron para sí, y 13 supervivientes sufrieron palizas, cuchilladas, quemaduras con gasoil y fracturas de huesos y dientes.

La magistrada titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Lorena Quiles Vallejo, celebró este viernes la comparecencia de concreción de la imputación en la causa por el cayuco que, tras ser avistado a la deriva por un buque mercante, llegó a Arguineguín (Mogán) el 24 de agosto de 2025 con 248 supervivientes. La investigación apunta a 19 presuntos responsables de la embarcación, uno de ellos menor de edad. Los 18 adultos están en prisión provisional y, por los presuntos delitos de seis asesinatos que podrían ser atribuidos a los investigados por grupo criminal, se daría la circunstancia de que se enfrentarían a una petición de prisión permanente revisable por parte del Ministerio Fiscal. Todos están en situación irregular en España y sin antecedentes penales, e ingresaron en prisión provisional 16 de ellos el 5 de septiembre de 2025 y dos el 12 de septiembre.

La imputación, todavía sin escrito de acusación, abarca la posible comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de grupo criminal y otro de amenazas, además de 52 delitos de homicidio por imprudencia, seis de asesinato, cinco de lesiones graves y ocho de lesiones. Sumadas las dos calificaciones, la causa contabiliza 58 víctimas mortales. Se trata de hechos que se atribuyen de forma indiciaria a los investigados tras la celebración de esta comparecencia.

Se trata de un trámite, propio del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, en el que se ponen sobre la mesa los presuntos hechos y los delitos atribuidos a cada investigado y se concreta qué diligencias faltan tras completarse la fase de instrucción. Con la causa en manos de la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García, que ha trabajado en este procedimiento junto a su compañera Teresa Gómez, la instrucción está prácticamente cerrada: solo restan las ratificaciones pendientes y un informe de sanidad del Instituto de Medicina Legal.

Cumplido ese trámite, la Fiscalía formulará su escrito de acusación, las defensas sus respectivas conclusiones y el procedimiento se remitirá a la Audiencia Provincial de Las Palmas. Todo ello con el horizonte puesto en el 5 de septiembre de 2027, que será cuando los encausados cumplirían dos años como presos preventivos, lo que derivaría en su puesta de libertad si no se enjuicia antes el procedimiento.

El cayuco fue interceptado por Salvamento Marítimo en torno a las 02.45 horas del 24 de agosto de 2025 con 248 personas subsaharianas a bordo, rumbo a las costas canarias. La Guardamar Urania atracó a las 15.19 horas en el muelle de Arguineguín. Un total de 17 inmigrantes fueron trasladados de inmediato a distintos centros hospitalarios de Gran Canaria. La embarcación, de 20 metros de eslora, era gobernada por los 19 investigados. La investigación policial, que culminó con su detención en septiembre de 2025, la desarrolló la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la Operación Marabú, dirigida contra las redes de inmigración irregular.

El relato de hechos objeto de investigación sostiene que – dentro de la presunción de inocencia que pesa sobre los investigados – los mismos se concertaron para facilitar la llegada de los inmigrantes a España a sabiendas de que incumplían las normas de entrada, y también para frustrar por cualquier medio lo que pudiera torcer ese objetivo, por lo que iban provistos de cuchillos, cuerdas y cinturones de cuero. Eran conscientes, según la instrucción de la causa, del peligro extremo que podían sufrir los pasajeros durante el trayecto.

Los inmigrantes habían acudido a una playa de Senegal tras pagar a terceros, miembros de la organización local que organizó el viaje. En pequeñas embarcaciones fueron trasladados hasta el cayuco, fondeado lejos de la orilla, donde los investigados ya estaban a bordo y los fueron acomodando por zonas, con las mujeres y los niños agrupados en el centro y en la parte más profunda. Varios tuvieron que esperar uno o dos días a que se completase un aforo que acabó superándose con creces: embarcaron unas 300 personas en una nave con un motor de 60 caballos, inadecuada para cruzar el Atlántico sin poner en peligro la vida de sus ocupantes, algo que todos los investigados sabían.

La imputación describe una presunta jerarquía concebida no solo para patronear la embarcación, sino para zanjar cualquier controversia durante la travesía. En la cúspide, dos jefes de la expedición, Babacar N. (30 años) e Ismael S. (36), daban las órdenes y las ejecutaban ellos mismos. Un tercer investigado, Abdou T. (43), ejercía de marabú, o guía espiritual, influía en las decisiones de ambos y los incitaba a tomar las medidas drásticas que se produjeron. Otros siete cumplían las órdenes violentas que llegaban de los jefes a instancias del marabú: Abdoulsalam N. (21), Aliou B. D., Babacar G. (26), Doudou S. (23), conocido como ‘Dove’ (el loco), Ibrahima D. (21), Mamadou F. (26) y Mory B. (24). Los ocho restantes obedecían las tareas encomendadas sin dudar en ejercer la violencia: Assane F. (47), Check Abdolkadry B. (24), Drame D. (36), Etienne J. (27), Lamine D. (25), Male C. (43), Ousmane S. (26) y Salif S. (22). Todos atemorizaron al pasaje en todo momento y participaron en el pilotaje, ya fuera llevando el timón o manejando el GPS.

El cayuco zarpó el 12 de agosto de 2025. Al día siguiente, un percance con los motores llevó a los jefes a atracar en una isla cercana para que miembros de la organización que se habían quedado en tierra aportasen uno nuevo, y obligaron a los inmigrantes a bajar. Resuelta la avería, la nave retomó el rumbo hacia Canarias y los investigados forzaron a todos los pasajeros a entregar sus teléfonos móviles.

Fue entonces cuando el marabú empezó a señalar a varios pasajeros como culpables del percance, a los que identificó como «brujos» y «brujas», y los dos jefes ordenaron acciones violentas que ejecutaron los demás investigados y ellos mismos. Los señalados eran llevados al centro del cayuco, junto a las mujeres, los niños y los bidones de gasolina. Allí supuestamente los desnudaban, les ataban las manos, los golpeaban con cinturones de cuero y palos, los cortaban con cuchillos y, en ocasiones, los rociaban con gasolina. La violencia se prolongaba durante varios días, sin comida ni agua, con la intención deliberada de alargar el sufrimiento hasta acabar con sus vidas.

Cuando la embarcación quedó a la deriva, los investigados no repartieron alimentos ni agua entre el pasaje y los guardaron para sí durante los cinco días que permanecieron perdidos, hasta que los avistó un buque mercante que les proporcionó víveres. Incluso cuando ya sabían que iban a ser rescatados, se la negaron al resto de los inmigrantes.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas les señaló en la comparecencia como presuntos autores de seis asesinatos, y en todos subraya que los investigados actuaron de común acuerdo, con el propósito de matar y prolongando innecesariamente el sufrimiento de la víctima. Una mujer natural de Guinea, que viajaba con su documento de identidad, fue señalada como «bruja» por Abdou T., el marabú. Según el relato, Babacar N., Ismael S., Abdoulsalam N., Aliou B. D., Babacar G., Mamadou F. y Mory B. la desnudaron, la ataron de pies y manos, la golpearon de forma continuada con palos y cinturones y no le dieron de comer hasta que fue arrojada por la borda, sin que conste si seguía con vida. A un hombre gambiano, conocido como ‘el Rastas’ por sus trenzas, también señalado por Abdou T., lo llevaron al centro de la nave, lo desnudaron, lo ataron, lo golpearon y le tiraron del pelo hasta causarle heridas; lo privaron de comida y bebida y también acabó en el mar sin que se sepa si estaba vivo.

A otro pasajero, señalado también por el marabú como causante de la rotura de los motores, presuntamente lo golpearon en la cabeza hasta rompérsela y lo lanzaron al agua sin que haya constancia de su estado. Un segundo gambiano, que viajaba con su carné de conducir encima por lo que podía ser identificado, fue señalado por Abdou T. y, según el relato, Babacar N., como jefe de la expedición, lo amordazó, lo ató y lo golpeó antes de tirarlo vivo por la borda. Un quinto hombre, que iba con su primo y al que el marabú también señaló, fue atado y apaleado con palos y cinturones por Doudou S., Ibrahima D. y Mory B. hasta que lo arrojaron al mar. La sexta víctima es un senegalés de edad avanzada, aún sin identificar, al que Ismael S., Abdoulsalam N., Babacar G. y Mory B. ataron de pies y manos y golpearon con palos y un cinturón de cuero antes de lanzarlo por la borda.

El escrito recoge además que, por la travesía y la falta de comida y agua, y siendo todos los investigados conscientes del peligro para la vida que entrañaba el viaje, fallecieron al menos 52 personas más, por las que se les atribuye a los investigados otros tantos delitos de homicidio por imprudencia.

Otros pasajeros, igualmente tachados de «brujos» o castigados por pedir agua y comida, sobrevivieron con lesiones de gravedad. El relato detalla las agresiones a trece supervivientes, que declaran como testigos protegidos. El testigo protegido 2 (TP02) sufrió un corte de cuchillo en la cabeza y golpes con un palo, a manos de Ismael S., Babacar N., Mamadou F., Mory B., Ibrahima D., Babacar G. y Male C. TP06 estuvo tres días atado por las muñecas a la espalda y recibió palos por todo el cuerpo, entre ellos en la boca, hasta fracturarle cuatro dientes; además lo pusieron en contacto con gasoil, lo que le provocó cicatrices en nalgas, muslo y en una muñeca, y necesitó tratamiento de dermatología y odontología. El TP07, acusado de «brujo», fue maniatado y amordazado durante dos días y golpeado con un palo y un cinturón, con una quemadura en el párpado superior y marcas por el roce de las ataduras. Se atribuye la agresión a Babacar N., Babacar G., Mory B., Ibrahima D., Aliou B. D. y Abdoulsalam N.

TP09 fue agredido por Aliou B. D. e Ibrahima D., que le ataron las manos durante un día, le golpearon la cabeza con un palo y le retorcieron un dedo de la mano izquierda hasta fracturarlo; estuvo ingresado una semana en el hospital, con valoración de cirugía plástica y seguimiento de traumatología, y su sanidad aún no se ha determinado. TP13 recibió de Babacar G. puñetazos en el pecho y la espalda y conserva cicatrices en la mano y la muñeca izquierdas. TP14, también agredido por Babacar G., fue atado de manos y piernas, con una cuerda al cuello apretada contra la mandíbula durante días, hasta que un compañero lo soltó, y golpeado con las manos y un palo en hombros y espalda; tardó ocho días en curar. Otro testigo, atado dos días por Doudou S. y Babacar G., fue golpeado con un cinturón y cortado con un cuchillo en el antebrazo derecho mientras estaba desnudo y le tiraban del pelo.

TP16 sufrió una luxación de hombro derecho por los palos que le propinó Mamadou F. tras pedir agua y comida. Lo sufrido por el TP19 fue duro: lo desnudaron, ataron y golpearon con un palo por todo el cuerpo. TP20, que también pidió agua, fue apuñalado en el brazo derecho y precisó cirugía. TP22, agredido por Babacar G. y Ousmane S., pasó tres días atado, fue desnudado, golpeado con una cinta de cuero y derribado de un puñetazo en la cara que le aflojó un diente; le echaron agua salada en las heridas y estuvo seis días sin comer, bebiendo solo agua del mar. TP23 sufrió cortes en ambos brazos a manos de Babacar G. y Babacar N., con una cicatriz de unos siete centímetros en el antebrazo izquierdo. TP24 fue atado de pies y manos y golpeado con palos y machetes por todo el cuerpo durante dos días, sin comer ni beber, por Mory B., Babacar N., Ibrahima D., Assane F., Drame D., Doudou S., Abdou T. y Salif S.; en el Hospital Doctor Negrín se le diagnosticó una fractura de tibia con mala unión.

No es la primera causa por presuntos asesinatos a bordo de un cayuco, pero sí la de mayor magnitud entre las localizadas. Por poner varios ejemplos de extrema crudeza, en los juzgados de El Hierro se investiga desde finales de 2024 el caso de un cayuco llegado a La Restinga el 3 de noviembre con 207 personas, por el presunto asesinato de cuatro ocupantes a manos de siete patrones; y en La Laguna, tres presuntos patrones de otro cayuco llegado a El Hierro el 28 de diciembre de 2024, con 224 personas, están en prisión por ocho asesinatos. En 2025, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife allanó el camino para juzgar por primera vez un asesinato cometido en un cayuco.

Entre las condenas firmes, las penas por muertes durante la travesía han sido mucho menores: nueve años de cárcel para los dos patrones del cayuco de la niña Eléne Habiba (siete fallecidos en 2021, uno de ellos un niño arrojado por la borda) y ocho años y medio, confirmados por el Supremo, para el patrón de la patera que naufragó en 2023 cerca de Fuerteventura con 13 muertos.

Fuera de Canarias, el Supremo confirmó en 2006 los 40 años de cárcel impuestos al patrón de una patera que naufragó en Cádiz en 2003 con 37 muertos, un caso de imprudencia y no de violencia a bordo. No se ha localizado otro caso en España con un número comparable de fallecidos atribuidos a quienes gobernaban la embarcación.

Todos los investigados son de nacionalidad senegalesa salvo dos, Doudou S. e Ibrahima D., que son gambianos. Una veintena de supervivientes ha declarado como testigos protegidos en la causa, aunque en el cayuco viajaban muchos más.

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