El mismo día que el rey Felipe de Bélgica ha rechazado la dimisión del primer ministro, el nacionalista flamenco Bart de Wever, el Parlamento belga ha aprobado una controvertida ley que permitirá a la policía entrar en los domicilios de los presuntos migrantes irregulares que hayan desobedecido las órdenes de abandonar el país. Una medida que, según las organizaciones humanitarias, sigue el ejemplo del ICE de Donald Trump en Estados Unidos y que ha despertado el rechazo frontal de la oposición, de varios alcaldes y la organización de manifestaciones en diferentes ciudades belgas.

Pese a la crisis política en curso por el fracaso en las negociaciones para alcanzar un presupuesto, la mayoría gubernamental formada por la coalición Arizona —llamada de esta forma por la coincidencia entre los colores de sus partidos políticos y los de la bandera del estado en EE.UU.— ha sacado adelante esta iniciativa después de meses de acaloradas discusiones, que permite que los agentes puedan arrestar a una persona indocumentada sujeta a una orden de deportación que se niegue a cumplirla y “represente una amenaza para la seguridad nacional y el orden público”.

La iniciativa reforma la Ley de Extranjería belga de 1980. Implicará registros domiciliarios autorizados por un juez de instrucción y que solo se podrán llevar a cabo entre las 5h y las 9h de la mañana, en presencia de funcionarios de inmigración. El Gobierno belga ha llegado a poner de ejemplo a los “violadores convictos que han cumplido sus condenas y están siendo puestos en libertad, o a los predicadores del odio que no tienen derecho de residencia aquí”, en palabras de la ministra de Migración y Asilo, la nacionalista flamenca Anneleen Van Bossuyt.

Políticamente, supone una clara victoria para el N – VA, el partido del primer ministro De Wever, que en el Parlamento Europeo comparte grupo con Hermanos de Italia de Giorgia Meloni o con los ultraconservadores polacos de Ley y Justicia (PiS). “No se trata de una caza de brujas contra las personas indocumentadas, sino de la seguridad de nuestros residentes”, ha defendido la ministra Van Bossuyt después de una sesión parlamentaria que se ha alargado hasta las cinco de la madrugada. El partido centrista Les Engagés, de la coalición parlamentaria, ha incluido algunas enmiendas para proteger a los menores, lo que ha llevado a la formación ultraderechista Vlaams Belang a abstenerse por considerar la medida demasiado permisiva.

Sin embargo, la contestación social es importante. Unas 3.000 personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas el miércoles por la noche para protestar contra la iniciativa y también se han organizado más de 50 manifestaciones y concentraciones en pueblos y ciudades de todo el país. Algunos alcaldes, como el de Lovaina o el de Walhain, ya han avanzado que se oponen a que se lleven a cabo registros domiciliarios en sus respectivas ciudades.

“Bélgica tiene una larga tradición de solidaridad con las comunidades migrantes, y muchas personas abren las puertas de sus casas para ofrecer alojamiento, comida y apoyo, como es su derecho. Esto desalentará a la gente a hacerlo en el futuro”, lamenta Dinushika Dissanayake, subdirectora regional de Amnistía Internacional. “Puede que el Gobierno belga las denomine visitas domiciliarias, pero eso no cambia lo que son: la policía irrumpiendo por la fuerza en viviendas particulares y traumatizando a familias y niños para detener a personas que simplemente carecen de la documentación necesaria”, denuncia Chiara Catelli, activista de la Plataforma de Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM). “Todos hemos visto las devastadoras consecuencias de las redadas domiciliarias en Estados Unidos, donde alimentan el miedo y la violencia y separan a las familias”, apunta.

Todo ocurre en plena crisis de Gobierno, después de que el primer ministro presentase, el pasado lunes, su dimisión ante el rey Felipe de Bélgica después de constatar el fracaso en las negociaciones para aprobar un nuevo presupuesto con duros recortes para sanear las maltrechas cuentas de un país y corregir el alto déficit, que llegó al 5% el año pasado. Después de una semana de consultas con los diferentes líderes políticos, el monarca ha rechazado la dimisión del premier conservador y le ha emplazado a retomar las negociaciones presupuestarias.

La ley de registros domiciliarios belgas va en línea de la nueva filosofía migratoria europea, meses después de que la Comisión, los países y el Parlamento Europeo dieran luz verde a un restrictivo reglamento de retornos que no solamente abre la puerta a que otros países sigan el ejemplo de Italia y creen centros de migrantes fuera de la UE, sino que también amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite mandar a menores de edad a los centros de expulsión.