David León lleva año y medio esperando para denunciar lo que en su opinión es una gestión caótica y miserable de los menores migrantes acogidos en Canarias. Es el tiempo que ha pasado desde su salida de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, el órgano del Consejería de Bienestar Social que se encarga de los centros de menores y donde fue jefe de servicio durante la primera mitad de 2025. León relata en esta entrevista lo que ya contó a la Policía Canaria cuando declaró como testigo pocos días después ser cesado.

- ¿Cuándo tuvo conocimiento por primera vez de alguna irregularidad en los centros de acogida de menores migrantes?
- Comencé un día 15 de enero y empecé a tener más información a partir de febrero. En ese mismo mes ya estuve en algún centro haciendo intervenciones.

- ¿Qué es lo primero de lo que tuvo conocimiento?

- Al llegar al puesto hubo una lluvia de informes técnicos de las situaciones que se iban dando en los centros, que lo comunicaban a la dirección general. Me fueron llegando y tuve que ir filtrando y analizando todas esas incidencias, para empezar a tomar medidas. Lo principal eran las condiciones tan irregulares que reunían los centros y que convertían en muy vulnerables a los menores que estaban en ellos.
- ¿Qué unidad de trabajo se encontró? ¿Cómo estaba la dirección general cuando llegó?

- El estado generalizado de la dirección general, que por supuesto sigue igual, es un estado de caos. Hay una falta de personal muy grande, bien sea por jubilaciones o bajas médicas, y se tira mucho de trabajadores de otros tipos de servicios. Y si un barco tiene muchísimos agujeros por donde entra agua, si quitas la mano de uno para ponerla en otro, no estás solucionando un problema: estás trasladando el problema a otro sitio.

- ¿Cómo se actuaba en la dirección general cuando se tenía conocimiento de alguna irregularidad? La directora general, Sandra Rodríguez, que era su jefa, defiende la actuación del organismo y asegura que toda denuncia recibida era trasladada inmediatamente a fiscalía.

- Cuando recibíamos una comunicación, de la parte que fuese, se analizaba y se contrastaba con los técnicos. Lo habitual era comunicarlo a la fiscalía, acompañado también de una intervención por nuestra parte, una visita al centro y un análisis de lo que en su momento nos habían comunicado. Pero tengo constancia de que muchas veces las denuncias recibidas hacía semanas todavía no se habían comunicado.

- En su declaración como testigo, relató una serie de irregularidades en los centros ante la pasividad de la dirección general, desde absentismo escolar hasta agresiones y delitos de odio, pasando por la falta de control de fondos públicos.

- Había una situación como de autogobierno por parte de las entidades, y a medida que se intentaba establecer algún tipo de control, la respuesta, especialmente de Quórum, era de que no tenía que ver con ellos. Una de las pocas instrucciones que pude dar fue para regular la grabación de imágenes. Di un plazo de 15 días para que solicitaran la autorización, y en los 15 días posteriores no recibí ninguna solicitud. Había una especie de anarquía permitida por la dirección general. Una especie de desobediencia.

- La directora general también defiende la labor inspectora de su departamento. ¿Cómo se decidían esas inspecciones?

- Las inspecciones es cierto que se hacían. Pero en ningún caso las necesarias para todo el número de incidencias que recibíamos. Básicamente por la falta de trabajadores y por la desorganización y el caos absoluto que había ahí.
- ¿Cómo valora la actuación de la administración en el caso de Quórum Social 77?

- Hay un sumario que se ha encargado la justicia de desgranar y de tomar todas las consideraciones oportunas, pero luego está la otra gran parte, que es la responsabilidad política. Todas las autorizaciones, todos los escritos debían ser firmados por la dirección general. Son menores de edad maltratados, vejados, humillados. Y la respuesta política no puede ser que como estábamos tan saturados se nos escapaban muchísimas cosas. No se puede ser tan miserable políticamente, porque son menores. No hace falta que la justicia tenga que actuar. La dirección general tiene herramientas y potestad jurídica de sobra para cerrar centros y ya posteriormente comunicar a la autoridad judicial lo que ha sucedido por si hubiese algún tipo de delito que debiera ser investigado. Pero eso de depender de la justicia para que se dé respuesta es un acto de miserabilidad mayúsculo. La acción política ha sido bastante miserable.

- Quórum Social 77 sigue gestionando 18 centros. ¿Hay algo que impida a la dirección general cerrarlos, conociendo lo que ahora conoce tras levantarse el secreto de sumario y lo que denunció en su momento? La directora general asegura que desde 2025 ninguna denuncia procedente de centros de esa entidad.

- Si ha se abierto una investigación judicial con detenciones, sería muchísimo más grave aún si continuaran las irregularidades. No hay ningún criterio judicial ni normativo que impida a la dirección general cortar las relaciones con una entidad. A mitad de abril de 2025 recibimos un informe concreto sobre algunas situaciones irregulares en un centro de Lanzarote. Decidí personarme en el centro junto con otras técnicos para llevar a cabo una inspección urgente. Nos encontramos menores con lesiones muy evidentes, caras con moratones, brazos escayolados, cortes de diferente índole… Una situación de descontrol absoluto. Se decretó el cierre inmediato y la reubicación de los menores en otros centros. Es lo que quiero defender, que no es necesario que sea la justicia quien actúe.

- Entre 2020 y mediados de 2025, el Gobierno transfirió a las entidades colaboradoras más de 400 millones de euros, más de 200 solo a Quórum Social 77. ¿Cómo se fiscalizaba la gestión de ese dinero?

- No existía fiscalización. El argumento era que estábamos en situación de emergencia. El centro facturaba una cantidad y la dirección general simplemente tramitaba la factura y la abonaba. En uno de los centros a los que fui, cuando pedí el listado actualizado de ese día del número de menores que habían acogido las últimas semanas, me di cuenta de que no cuadraba con la última factura presentada. Y uno de los técnicos de ese centro argumentó que había menores fugados, pero que lo que se hacía era continuar facturando esa plaza. Es cierto que tras un año en estado de fuga, la dirección general cerraba el expediente de ese menor. Había centros que mantenían el cobro de la dieta por ese menor durante cerca de un año.