El Ministerio de Sanidad ha lanzado este jueves una campaña informativa en varios idiomas para explicar a las personas migrantes que se encuentran en España sin residencia legal cómo acceder a la asistencia sanitaria pública. El anuncio, realizado por el departamento de Mónica García, llega

casi ocho meses después de la aprobación del Real Decreto 180/2026, que regula este derecho y simplifica los trámites para obtenerlo.

La campaña incluye un anuncio y

materiales traducidos a las lenguas cooficiales y al rumano, chino, inglés, francés y árabe. En ellos se explica cómo solicitar la asistencia y qué documentos pueden utilizarse para acreditar la residencia habitual en España. El empadronamiento sigue siendo la vía preferente, aunque también se admiten facturas de suministros, certificados de escolarización, informes de servicios sociales o documentos consulares, entre otros justificantes.

El Ministerio presenta la iniciativa como una herramienta para facilitar el ejercicio de un derecho reconocido por el decreto aprobado el 10 de marzo y publicado en el BOE dos días después. Sin embargo, desde la aprobación del RD el Ministerio no ha ofrecido una estimación actualizada de las personas que se han acogido a ella,

un dato que el propio departamento reconoció que no había calculado cuando se aprobó la regulación.

Sin cifras sobre el alcance de la medida

En marzo, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, admitió que

el Gobierno no podía precisar cuántas personas podrían acceder a la cobertura sanitaria con el nuevo procedimiento.

Entonces señaló que sería posible realizar una estimación después del proceso de regularización extraordinaria que estaba preparando el Ejecutivo. Ese proceso sí se ha aprobado y completado: el plazo de solicitudes concluyó el 30 de junio con 1.174.978 peticiones registradas, según los datos del Ministerio de Inclusión.

Pese a ello

, Sanidad no ha dado respuesta a cuántas personas continúan en situación administrativa irregular y podrían solicitar asistencia, cuántos expedientes se han resuelto desde marzo ni qué volumen de nuevos usuarios ha supuesto para los servicios autonómicos de salud. Tampoco ha presentado una evaluación del coste o de las necesidades asistenciales asociadas a la ampliación de la cobertura.

Esta falta de información ya fue objeto de críticas cuando se aprobó el decreto. La flexibilización de los requisitos permite que, al presentar la solicitud y una declaración responsable, el interesado reciba un documento provisional que da acceso inmediato a la sanidad pública mientras se comprueba si cumple las condiciones. La Administración dispone de tres meses para resolver y, si no lo hace en ese plazo, la solicitud se entiende estimada por silencio administrativo positivo.

El sistema

busca evitar que las trabas burocráticas dejen sin atención a personas que tienen derecho a ella, pero también

obliga a las administraciones a comprobar posteriormente que se cumplen los requisitos. El debate sobre el impacto económico y asistencial de la medida sigue, por tanto, sin quedar resuelto con el anuncio de una campaña informativa.

Un desarrollo normativo que sigue pendiente

Además, el propio Real Decreto 180/2026 mantiene una disposición transitoria que exige acreditar dos años de residencia en España para acceder a la lista de espera de trasplantes. Esta limitación seguirá vigente hasta que entre en vigor la orden de desarrollo prevista en el Real Decreto – ley 7/2018, una regulación que continúa pendiente.

El anuncio de Sanidad llega, además, unas semanas de las elecciones generales del 29N.

Mónica García ha renunciado a formar parte de la candidatura del Frente Amplio al Congreso y ha anunciado que centrará su actividad política en las elecciones autonómicas madrileñas de 2027.

Sin embargo, la ministra quiere “morir” con las botas puestas y está aprovechando sus últimos días en el cargo para situar en primer plano sus propuestas “estrella”, aquellas más ideológicas y por las que cree que será recordada, como

la modificación del sistema de información previa al aborto – que elimina la obligatoriedad de informar a la mujer de alternativas a la interrupción del embarazo

o la

gratuidad de la sanidad pública para los inmigrantes.