Amnistía Internacional, la organización independiente en defensa de los derechos humanos, ha denunciado nuevos casos de torturas, palizas y malos tratos a personas migrantes por parte de militares en Ceuta. Hasta ahora, la entidad ha documentado 28 episodios de violencia, humillaciones y abusos, 13 de ellos contra menores de edad. Según su investigación, 18 de estos casos tuvieron lugar después de que el Ministerio de Defensa anunciara la apertura de una investigación sobre las agresiones denunciadas anteriormente.

El informe, elaborado tras una nueva visita sobre el terreno, recoge testimonios de personas migrantes que aseguran haber sufrido golpes con porras, puñetazos, patadas e incluso descargas con armas táser. Algunas de estas agresiones habrían provocado fracturas en las extremidades, lesiones en la cabeza, hematomas y heridas que han requerido atención hospitalaria.
Los hechos, según relata la organización, se producen principalmente durante la noche, cuando los militares acuden a los lugares donde duermen los migrantes y les despiertan mediante golpes. Amnistía Internacional también ha recopilado testimonios de personas que aseguran haber recibido amenazas para evitar que denuncien lo ocurrido.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha mostrado su preocupación por la continuidad de estas prácticas pese al anuncio de Defensa: «Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así», ha señalado. La organización asegura, además, que no tiene constancia de que los militares implicados hayan sido apartados de sus puestos ni de que se haya protegido adecuadamente a las víctimas y los testigos.

Menores migrantes entre las víctimas
La investigación también pone el foco en la situación de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en las calles de Ceuta. Amnistía Internacional estima que al menos 500 menores siguen durmiendo al aire libre, pese a que las autoridades de la ciudad ya han registrado a 3.626 desde la entrada masiva de personas migrantes a la Ciudad Autónoma.

Varios de los menores entrevistados por la organización aseguran haber sufrido agresiones, amenazas y robos de sus pertenencias. Entre los testimonios recogidos figura el de un joven de 17 años que recibió un golpe de porra en la cabeza mientras dormía entre varios coches. La herida necesitó diez puntos de sutura. Días después, volvió a ser agredido en las piernas cuando intentaba escapar de los militares.
Otro menor, de 15 años, relata que los militares le rompieron el teléfono móvil, el único medio que tenía para comunicarse con su madre, y que también recibió un rodillazo en la boca. La organización advierte de que estos jóvenes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y sin acceso garantizado a recursos básicos, como una alimentación adecuada o un alojamiento de emergencia.
Además de los 18 episodios posteriores al anuncio de Defensa, Amnistía Internacional ha documentado otros diez casos anteriores al 30 de septiembre, cuatro de ellos contra menores. Algunos de los testimonios describen situaciones especialmente graves, con traslados en vehículos militares a lugares apartados, inmovilizaciones con bridas y amenazas de muerte.

La organización también ha recogido siete casos de malos tratos atribuidos a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre ellos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Algunos habrían ocurrido durante operaciones para desalojar a personas migrantes de los lugares donde dormían.

En total, desde el 30 de julio, Amnistía Internacional asegura haber documentado 50 casos de torturas, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes en Ceuta. La mayoría se atribuyen a personal militar, aunque también se señalan actuaciones de otros cuerpos policiales.

Amnistía pide investigar las agresiones
Ante esta situación, la organización ha reclamado una investigación independiente, imparcial y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales y disciplinarias. También pide apartar de forma cautelar a los militares implicados en las agresiones y garantizar la protección de las víctimas y de quienes puedan declarar como testigos.

Amnistía Internacional asegura que se ha dirigido tanto al Ministerio de Defensa como a la Fiscalía de Ceuta para solicitar información sobre las investigaciones, aunque afirma que todavía no ha recibido respuesta. La organización sostiene que tampoco tiene constancia de que se hayan adoptado medidas suficientes para evitar represalias contra las personas que denuncian.

Por otro lado, el informe cuestiona la actuación policial del pasado 22 de octubre en la sede de la ONG No Name Kitchen, dedicada a prestar ayuda humanitaria a personas migrantes. La organización considera que el procedimiento penal abierto contra varios de sus miembros por un presunto delito de organización criminal carece, por el momento, de bases sólidas y alerta de que estas actuaciones pueden dificultar la asistencia a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.