M. tiene 20 años y se ganaba la vida haciendo de mimo en las calles de Ceuta desde que llegó en agosto a la ciudad. Un día, mientras trabajaba, varios militares lo metieron en un vehículo y lo trasladaron hasta un lugar apartado, donde lo rodearon entre 16 y 17 soldados. Allí le obligaron a desnudarse por completo mientas uno de ellos lo grababa con un teléfono móvil, se reían de él y le ordenaban que bailara. M., fruto del pánico, se quedó paralizado y no pudo reaccionar. Fue entonces cuando los militares comenzaron a golpearle, llegando al punto en que uno de ellos sacó un arma, la cargó y le apuntó directamente mientras le amenazaba: “Como no bailes, te voy a enterrar aquí mismo”.

Desde aquel día, asegura que no ha vuelto a ser el mismo. “No duermo, apenas salgo a la calle y, cuando lo hago, tengo la sensación de que los militares me miran. Aquí me conoce todo el mundo por hacer de mimo. Aunque he denunciado lo que me han hecho, nunca lo voy a poder olvidar”, relata.

M. es una de las 28 personas migrantes que, según una nueva investigación de Amnistía Internacional, han sufrido torturas, palizas, humillaciones y otros malos tratos por parte de militares en Ceuta. La organización ya había denunciado hace un mes episodios similares, lo que llevó al Ministerio de Defensa a anunciar la apertura de una investigación. Sin embargo, denuncian que las agresiones no han cesado. De los 28 testimonios recabados por la ONG, 18 corresponden a hechos ocurridos después de este anuncio.

“Tras el anuncio de la investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así. Son persistentes y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”, denuncia Amnistía Internacional.

La investigación sobre el terreno, respaldada con testimonios, fotografías y vídeos, documenta vejaciones y agresiones con puñetazos, patadas, golpes con porras e incluso uso de armas taser a personas que se encontraban indefensas durmiendo en la calle. Según la organización, los responsables serían principalmente militares del Grupo de Regulares.

Uno de esos casos es el de R., padre de tres hijos, que dormía en el barrio de Sidi Embarek sobre las tres de la madrugada del pasado 24 de octubre cuando se despertó al sentir un táser directamente sobre su pecho. Los militares le dieron varias descargas que lo dejaron aturdido, por lo que al intentar levantarse para escapar, todavía con las mantas encima, tropezó y cayó de bruces contra el suelo. “Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia”, explica el hombre, que durante su relato con Amnistía Internacional aún presentaba marcas de sus heridas en la cara.

“El personal militar involucrado en estos hechos no parece haber sido apartado de sus puestos, tal y como señalan algunos testimonios recabados por Amnistía Internacional, que reconocen a sus agresores y han contado cómo los amenazan para impedir que cuenten o denuncien las torturas sufridas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, añade.

Menores víctimas de violencia
Amnistía Internacional advierte de que la violencia también alcanza a niños y adolescentes que sobreviven sin protección en las calles de Ceuta. La organización ha documentado 13 casos de agresiones a menores de edad.

M., 15 años: “Cuando les pregunté por qué me rompían el móvil dijeron que me callara o me rompían a mí también”

Z., de 17 años, sufrió dos agresiones en apenas cinco días, el 18 y el 23 de octubre. La primera vez ocurrió mientras dormía entre los coches en la zona de Los Rosales. Un grupo de militares apareció por detrás y le golpearon con una porra en la cabeza. Él salió corriendo y cuando pudo parar se dio cuenta que estaba cubierto de sangre debido a la herida. Consiguió llegar hasta el hospital, donde tuvieron que darle diez puntos de sutura. Cinco días después, todavía con las heridas recientes, volvió a encontrarse con los militares que le gritaron “fuera de aquí” en dariya y le golpearon con las porras en las piernas mientras intentaba escapar. “Ahora cuando los militares me ven cojeando pasan de mí”, explica, aunque el joven prefiriró esconderse para hablar con la organización.

A la violencia física se suma el miedo a que les arrebaten o destruyan las pocas pertenencias que tienen. M, de 15 años, cuenta que en septiembre los militares le rompieron su teléfono móvil. “El móvil es la única forma que tengo de hablar con mi madre, pero cuando les pregunté por qué me lo rompían dijeron que me callara o me rompían a mí también”, relata.

Aunque, según datos del gobierno de la ciudad de Ceuta 3.626 menores han sido ya registrados por las autoridades y sacados de la calles, Amnistía Internacional estima que al menos 500 menores migrantes no acompañados continúan durmiendo en la calle en total desprotección, más de tres meses después de la entrada masiva desde Marruecos.

Piden una investigación imparcial y exhaustiva
La ONG también ha investigado el registro judicial de la sede de No Name Kitchen (NNK), el pasado 22 de octubre, y considera que el procedimiento penal por presunta organización criminal carece, hasta ahora, de bases sólidas y supone una escalada en el intento de criminalizar a quienes prestan ayuda humanitaria a las personas migrantes. Además, la ONG critica el contraste en la actuación de la Fiscalía de Ceuta, que llegó a solicitar prisión provisional para dos activistas, frente a la “falta de proactividad” en la investigación de torturas y malos tratos por parte de personal militar.

La organización ha enviado una carta al presidente del Gobierno y al Ministerio de Defensa para pedir que cesen estas agresiones a migrantes y ha solicitado información sobre la investigación anunciada por el departamento de Margarita Robles. Amnistía Internacional asegura que todavía no ha recibido respuesta y que tampoco conoce las diligencias de oficio llevadas a cabo por parte de la Fiscalía y los juzgados de Ceuta sobre las violaciones de derechos humanos que han denunciado anteriormente.

La ONG reclama que la investigación se lleve a cabo “de manera pronta, imparcial, independiente y exhaustiva”. También pide que los militares implicados en las agresiones sean apartados de forma cautelar y que se determinen las responsabilidades penales y disciplinarias correspondientes.