El Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por Vox y tres denuncias interpuestas por Manos Limpias y dos particulares contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por la gestión de la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. La Sala Penal considera que no hay “elementos suficientes” que justifiquen abrir ahora un procedimiento penal contra el presidente del Gobierno ni ninguno de sus ministros y recuerda que la situación vivida en la ciudad autónoma se está investigando en la Audiencia Nacional, por lo que será la jueza que instruye ese caso, María Tardón, quien deberá decidir si hay algún indicio contra un aforado que justifique elevar el caso al alto tribunal.

El Supremo ha contestado en un solo auto a la querella y las tres denuncias que se han registrado contra miembros del Gobierno por la crisis de Ceuta. El partido de Santiago Abascal, como el PP, ha fiado a la vía penal la ofensiva contra el Gobierno por la situación desatada en la ciudad autónoma a finales de julio, pero, por ahora, la investigación está solo en la Audiencia Nacional, donde el Gobierno está personado como acusación popular. Y, de momento, no se prevé un giro de guion, al menos a corto plazo. En la resolución notificada este miércoles, el Supremo expone que no hay indicios que sustenten la acusación por supuestos delitos de prevaricación administrativa y dejación de funciones que los denunciantes atribuían a Sánchez y sus ministros, especialmente a los de Interior, Defensa y Sanidad, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robes y Mónica García, respectivamente.

El Supremo recuerda que la apertura de un procedimiento contra un aforado no requiere una prueba definitiva de su participación ni el esclarecimiento completo de los hechos,“pero tampoco basta su posición en la estructura administrativa o la sola mención de su nombre”. “Es necesario que los datos aportados permitan vincularla personalmente con los hechos denunciados, con un sustento indiciario que exceda de la mera sospecha”, añade la sala. Y, según los magistrados, en estos momentos no hay ningún dato para atribuir al Gobierno esos delitos.

la querella de Vox y las tres denuncias archivadas atribuían a los miembros del Gobierno responsabilidad en lo ocurrido en Ceuta. Sin embargo, advierte el tribunal, los datos aportados como las alertas, las comunicaciones con Presidencia, las manifestaciones sobre la información del CNI y la supuesta insuficiencia del dispositivo desplegado en la ciudad autónoma se tienen que examinar “atendiendo a su contenido, a sus destinatarios efectivos y a las actuaciones que siguieron a su recepción”, afirman los jueces. “Se precisa determinar quién dispuso de la información relevante, qué decisiones adoptó, qué medios estuvieron efectivamente a su alcance y qué intervención tuvo en el desarrollo de los acontecimientos”, sostiene la Sala, que considera necesario que la investigación de la Audiencia despeje todas las dudas sobre lo ocurrido. “Los documentos e informaciones recogidas en los escritos ponen de manifiesto la necesidad de examinar lo sucedido, pero no permiten trasladar, en este momento, la responsabilidad de lo sucedido a todas las personas aforadas que son denunciadas por el querellante y los denunciantes”, subraya el Supremo.

Los jueces recuerdan que el archivo que acuerda ahora no implica “una declaración definitiva” de que los hechos denunciados no son delito ni de “inexistencia de responsabilidad penal de los denunciados o querellados”.