El Gobierno de Canarias defiende su actuación en el caso Quórum Social 77 y recuerda que fue la propia Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la que puso en conocimiento de la justicia los hechos que luego dieron lugar a la investigación judicial.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explica que fue su departamento el que tuvo conocimiento en 2024 de lo que sucedía en los centros investigados, a través del testimonio de un menor y de una denuncia anónima, y lo trasladó al ministerio fiscal y al juzgado. Pero desde ese momento no ha sabido nada más del caso. «Ni oficial ni extraoficialmente tenemos información más allá de lo que hemos visto en los medios de comunicación», reconoce.
CANARIAS7 desveló este lunes en exclusiva el sumario de la causa que instruye la Plaza número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se investigan presuntos malos tratos a menores migrantes no acompañados en centros que dicha asociación gestionaba para el Gobierno de Canarias. Los relatos de las víctimas detallan palizas, golpes, duchas de agua fría, encierros y toda clase de insultos, vejaciones que pueden verse también en los vídeos incorporados a la causa.
Las diligencias se abrieron en octubre de 2024 por lo sucedido en el centro La Fortaleza I, en Bandama (Santa Brígida), y se extendieron después a otros centros de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En julio de 2025 fueron detenidos la presidenta de la entidad, Delia García, y el director, Juan Enrique Quintana. Quórum Social 77 es la entidad que más dinero ha recibido del Gobierno de Canarias para gestionar centros de acogida de menores migrantes: más de 200 millones de euros desde 2020.

Quórum Social 77 gestiona aún 18 centros
En la actualidad, Quórum Social 77 sigue gestionando 18 centros en los que atiende a unos 800 menores. Preguntada sobre si el Gobierno va a actuar contra la entidad tras conocerse el contenido del sumario, Rodríguez responde que de momento nadie les ha comunicado que no deban seguir trabajando con Quórum, aunque no descarta ninguna medida. «Nos vamos a personar para que se nos dé acceso al sumario. Y evidentemente los servicios jurídicos estudiarán la situación para tomar decisiones», señala.

Rodríguez explica que cada vez que se detectaban irregularidades en la gestión de los centros, además de comunicarlo a la fiscalía se pedía a la entidad el despido de los trabajadores denunciados, cosa con la que Quórum cumplía. Apunta, además, que desde 2025 «no se ha producido ni un solo incidente de estas características en ninguno de los centros de Quórum».

Rodríguez reconoce que las denuncias de menores a trabajadores y viceversa son habituales (aunque no sabe el número exacto) y que siempre las ponen en conocimiento de la justicia, pero también defiende la labor inspectora y el trabajo previo para dar el visto bueno a las entidades con las que trabaja el Gobierno de Canarias en la gestión de los menores. «Todas las entidades colaboradoras con Infancia han sido acreditadas o habilitadas por el equipo técnico de la dirección general» afirma directora general de Protección a la Infancia y las Familias.