En la víspera de las cruciales elecciones legislativas y en una decisión tomada de forma exprés, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un revés a Donald Trump, empeñado en sembrar dudas sobre el proceso electoral e interferir en su resultado. La máxima instancia judicial ha rechazado la solicitud de emergencia de la Administración Trump, enviada este mismo lunes, con la que pretendía obligar a California a apartar 20.000 papeletas de voto por correo que, según el propio gobierno, “probablemente” habían sido enviadas a personas que no son ciudadanos estadounidenses.

El fallo, que al ser de emergencia no lleva firma y no ofrece justificación, agota la vía judicial para el Gobierno, después de que la semana pasada un tribunal de apelaciones rechazara sus argumentos. La Constitución atribuye a los estados la responsabilidad de organizar elecciones, pero la Casa Blanca ha tratado en el último año de arrebatar esa competencia con numerosas medidas, mientras alimentaba la desconfianza respecto a la limpieza de las elecciones.

Entre sus medidas, destaca este esfuerzo, que no se limita a California, por encontrar personas registradas para votar que no sean ciudadanas. El Departamento de Justicia aseguró que había encontrado hasta 20.000 casos de este fraude electoral, que Trump alega que es generalizado, a pesar de que ningún estudio serio lo demuestra. De hecho, un análisis entregado al tribunal y realizado por la Universidad de California halló que el 42% de los nombres que el gobierno cree que son indocumentados registrados para votar ni siquiera figuran en las listas del estado.

El Departamento de Justicia había pedido a los tribunales que no se contara ninguna de esas papeletas hasta corroborar su ciudadanía. Concretamente, el procurador general, John Sauer, solicitó una orden para que California no mezclase las papeletas de “los ciudadanos y los presuntos no ciudadanos”, una medida que no pretendía “anular ningún voto”, sino ganar “tiempo para verificar si los presuntos no ciudadanos cumplen los requisitos para votar”.

El Supremo no tenía que decidir si entre esos 20.000 votantes había ciudadanos extranjeros, sino resolver el conflicto de competencias. Aunque en su fallo no explica la decisión, el rechazo de la impugnación implica que Trump no tiene competencias para modificar el recuento de votos de un estado como California.

Es la conclusión a la que llegó la semana pasada el juez de distrito David Carter: “Esta solicitud viola los principios constitucionales que establecen que los estados tienen el control sobre sus propios procesos electorales”. De este modo, “si se concediera esta petición de última hora, cualquiera de las partes podría generar un caos con fines políticos propios para perturbar el proceso electoral”, algo que sería todavía más grave dada la cercanía de las midterms.

El fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, ha denunciado en un comunicado que el recurso de la Administración es “otro intento de socavar nuestras elecciones y pisotear el Estado de derecho” y “apesta a desesperación”, dadas las encuestas y los datos del voto anticipado que auguran una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado.

California, el estado más poblado del país, es un bastión demócrata, por lo que estos 20.000 votos probablemente no cambiarían el resultado de los comicios. Aun así, este intento forma parte del esfuerzo de Trump por impulsar la narrativa de que cientos de miles de personas votan ilegalmente de forma sistemática en todos los comicios con la connivencia de los demócratas. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades electorales, organizaciones independientes y la justicia han detectado un porcentaje ínfimo cada vez que se ha investigado. De hecho, según un estudio del Centro Brennan para la Justicia, el fraude de voto por parte de inmigrantes no naturalizados equivale al 0,0001% del total de los sufragios.

“Trump ha acudido Tribunal Supremo y le ha pedido que anule 20.000 papeletas electorales de California, correspondientes a 20.000 votantes que han cumplido las normas. Su pretexto es una mentira: que existe un fraude electoral generalizado por parte de personas que no tienen derecho a votar en California”, ha lamentado el gobernador del Estado, Gavin Newsom. “Lleva meses preparando esta estrategia para poder declarar mañana que las elecciones han sido amañadas si no obtiene el resultado que desea”, ha advertido.

“Así que quiero dirigirme de forma clara y directa a cualquiera que esté pensando en ayudarles. Si interfieren en el voto de nuestros ciudadanos, serán procesados por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que responder ante la justicia. Da igual quién haya dado la orden. Si interfieren en las elecciones de California, California irá a por ustedes”, ha sentenciado el gobernador, quien en los dos primeros años del mandato de Trump se ha erigido como una figura clave de la oposición demócrata.