Escribía ayer en este mismo medio que, con la retirada de la Minurso, Canarias quedaba en la primera línea del nuevo Atlántico. No imaginaba que los acontecimientos se iban a precipitar con tanta rapidez. En solo setenta y dos horas hemos pasado del cruce de vetos en el Consejo de Seguridad al desmantelamiento efectivo de la misión. Marruecos, mientras tanto, ha movilizado sus instituciones para convertir ese vacío en un hecho consumado. Conviene ordenar lo ocurrido y preguntarnos, una vez más, qué significa todo esto para nosotros.

El domingo 1 de noviembre el portavoz del secretario general del la ONU anunció oficialmente que comenzaba el «período de liquidación» de la Minurso. Un equipo reducido, dependiente del Departamento de Apoyo Operacional, se encargará de devolver el material a los países que aportaron tropas y de dar destino al equipamiento de Naciones Unidas. Se marchan unos trescientos civiles y doscientos militares que, durante treinta y cinco años, fueron los únicos ojos internacionales sobre el terreno.
En El Aaiún la retirada ya ha empezado. Los altos cargos de la misión se reunieron el sábado en su sede para preparar la salida, se ha ordenado al personal de permiso que no regrese y se ha anunciado la rescisión de los contratos del personal marroquí. Este lunes se celebró una reunión ampliada de los mandos civiles y militares. El calendario de la retirada física todavía no se ha detallado, pero la dirección es inequívoca.

António Guterres ha dejado dos advertencias que no deberíamos pasar por alto. La primera, que sigue «preocupado por la situación de seguridad en todo el territorio y por el riesgo de escalada de las hostilidades». La segunda, que la ONU mantiene su compromiso con una solución política que garantice la libre determinación del pueblo saharaui, a través de su enviado personal, Staffan de Mistura. Se van los cascos azules, pero el Sáhara sigue siendo, para el derecho internacional, un territorio pendiente de descolonización.

Marruecos, por su parte, se ha movido con una rapidez y una coordinación que dicen mucho de su estrategia. El ministro de Exteriores, Naser Burita, ofreció «el tiempo, los medios y la logística necesarios» para que la retirada «sea ejemplar». Y este lunes las dos cámaras del Parlamento marroquí se reunieron en sesión conjunta para dar respaldo institucional al comunicado del Gabinete Real.

El presidente de la Cámara de Representantes, Ahmed Touizi, habló de una «visión real clarividente» y pidió convertir el consenso nacional sobre el Sáhara en un «logro institucional duradero». El presidente de la Cámara de Consejeros, Mohamed Ould Errachid, planteó tres ejes de movilización tras el fin de la Minurso: intensificar la diplomacia parlamentaria, activar la «preparación legislativa» para adaptarse a lo que venga y mantener la movilización nacional ante los próximos desafíos. Y el Partido Autenticidad y Modernidad pidió superar la gestión del asunto en el Consejo de Seguridad y poner fin a las reuniones internacionales dedicadas a él.

Touizi fue además más allá de la retórica. Exigió la retirada completa del personal, los vehículos y el equipamiento de la Minurso, y aseguró que el fin del mandato no es una simple decisión técnica sobre una misión de paz, sino un cambio de fondo en la forma en que la comunidad internacional aborda el conflicto. Ese cambio, dijo, requiere «medidas concretas» para afrontar sus consecuencias.

La sesión se cerró, como la de hace un año tras la resolución 2797, con declaraciones de adhesión al rey y sin ninguna resolución, votación ni ley. Pero que no haya leyes hoy no quiere decir que no vayan a llegar. Nadie ha explicado todavía en qué consistirán esas «medidas concretas» ni esa «preparación legislativa», y es precisamente eso lo que más debería preocuparnos en Canarias.

Hay que leer esto con atención. Hay quien ha resumido la nueva doctrina marroquí en tres pilares: echar a la Minurso, sacar el Sáhara del orden del día del Consejo de Seguridad y revisar su relación con los compromisos internacionales, incluidos el alto el fuego de 1991 y el Acuerdo Militar número 1. Pero hay, sin embargo, un matiz relevante y es que el propio Burita ha reconocido en la televisión marroquí que el fin del mandato no cierra el expediente político ni priva al Consejo de Seguridad de su competencia. Rabat lo sabe: el derecho internacional no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ya no hay nadie sobre el terreno para recordarlo.

En el momento en que escribo este texto- lunes día 2 de noviembre-, ‘Atalayar’, un medio de comunicación que se publica en españa y que está vinculado estrechamente a Marruecos, publica un articulo – ‘El cerebro estratégico marroquí y la ingeniería de la decisión soberana en la cuestión del Sáhara’, firmado por Berrak Chadi Abdessalam, en el que se presenta la estrategia de Marruecos sobre el Sáhara Occidental como una transición desde la negociación diplomática hacia la imposición de hechos consumados. Su autor elogia a Mohamed VI y sostiene que Rabat habría convertido un veto ruso en el Consejo de Seguridad en una oportunidad para terminar con la Minurso y sacar el conflicto del marco de Naciones Unidas. Defiende retirar la presencia de la ONU, ampliar el control militar marroquí al este del muro y asegurar los corredores hacia Mauritania y el Sahel. Vincula esta política con intereses económicos: el gasoducto Nigeria-Marruecos, el puerto de Dajla, las energías renovables y la apertura atlántica de los países sahelianos.

Mientras, en la zona se observa una calma tensa, con movimientos estratégicos y mediáticos y con algunas escaramuzas. Pero eso no significa que haya estabilidad. El Acuerdo Militar número 1 establece una franja de cinco kilómetros junto al muro en la que no pueden entrar ni tropas ni armamento, y una zona restringida de treinta kilómetros a cada lado. Cinco de las nueve bases de observadores de la ONU estaban al este del muro: Bir Lehlu, Tifariti, Mehaires, Mijek y Agüenit. Cuando salgan, nadie verificará quién cruza esa franja, quién dispara primero ni quién responde.

Un responsable de la misión lo resumía con crudeza: «Solo nosotros podemos ver qué pasa». El riesgo, según fuentes conocedoras del terreno, es que las operaciones de represalia marroquíes contra los comandos saharauis se amplíen y que las persecuciones en caliente acaben cruzando las fronteras de Mauritania o de Argelia. Ese es el paso que internacionalizaría el conflicto.

Hay también elementos de contención, y conviene reconocerlos. Los propios analistas marroquíes admiten que, aunque Marruecos domina el aire con drones y vigilancia por satélite, ocupar los cincuenta y tres mil kilómetros cuadrados situados al este del muro sería algo muy distinto de la operación de Guerguerat en 2020. Lo impiden la inmensidad del terreno, los campos de minas y el riesgo de un choque directo con Argel. Los escenarios que se manejan por los analistas internacionales son tres: un statu quo sin supervisión, un nuevo mecanismo de verificación o un enfrentamiento abierto por un error de cálculo. Ambas partes dicen seguir comprometidas con la paz. El Polisario, sin embargo, insiste legítimamente en defender sus derechos «por todos los medios legítimos».

Mientras todo esto ocurre, el Gobierno de España no ha dicho nada. Ni una palabra sobre el fin de una misión de la ONU en la antigua colonia española, a cien kilómetros de nuestras costas. ‘El País’ le pedía este lunes en su editorial que, como mínimo, lamentara el desmantelamiento y advertía de que el Sáhara queda expuesto a «la ley del más fuerte». El Frente Polisario reclama a España que asuma su papel de potencia administradora, una petición que dirige también al Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre.

El silencio no es neutral. Cuando quien tiene responsabilidades históricas y jurídicas calla, otros ocupan el espacio. Y lo que se decida en estas semanas, en Rabat, en Argel, en Washington o en Moscú, tiene consecuencias directas sobre Canarias. Sorprendentemente, tampoco el Gobierno de Canarias ha hecho ningún tipo de declaraciones. Sigue instalado en las «relaciones de buena vecindad». Algo así como ni chicha ni limonada. Cuando menos una irresponsabilidad.

Y nos jugamos mucho. Pienso, en primer lugar, en esa «preparación legislativa» que anuncia el Parlamento marroquí. Ya en 2020 Marruecos aprobó sus leyes de delimitación marítima incluyendo las aguas saharauis, y aspira a extender su plataforma continental hasta el Monte Tropic. Si el Sáhara deja de tratarse como un territorio pendiente de descolonización, Rabat intentará negociar nuestras aguas como si fueran suyas.

Pienso, en segundo lugar, en el espacio aéreo que se gestiona desde Gando, en los flujos migratorios que una crisis en el muro puede desatar, en la operación de Marsa Maroc sobre Boluda que sigue pendiente de autorización, y en la confianza de las navieras que hoy desvían rutas por el Atlántico y necesitan percibir estabilidad para hacer escala en nuestros puertos.

Por eso reitero lo que planteé en mi articulo de ayer ‘Se apaga la Minurso: Canarias en la primera línea del nuevo Atlántico’ y añado algunas urgencias. España debe pronunciarse ya. Debe defender en Naciones Unidas algún mecanismo de verificación que sustituya a los observadores antes de que el vacío lo llenen las armas. Debe oponerse a que el Sáhara salga de la agenda del Consejo de Seguridad y de la Cuarta Comisión. Y debe garantizar que Canarias sea informada y escuchada en todo lo que afecte a nuestras aguas, a nuestro espacio aéreo y a nuestra seguridad. Europa, por su parte, no puede seguir mirando hacia otro lado mientras su frontera atlántica se convierte en una zona sin testigos.

No se trata de alarmar. Se trata de no llegar tarde. La historia de este conflicto es la historia de los hechos consumados, y Canarias ha pagado muchas veces el precio de la improvisación ajena. Esta vez sabemos lo que viene. Que nadie pueda decir después que no se advirtió.