La inmigración fue uno de los asuntos que más contribuyeron al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024. El republicano aprovechó el aumento de los cruces irregulares durante la Administración de Joe Biden y el malestar de buena parte del electorado para presentar las deportaciones masivas como una cuestión de seguridad nacional. Dos años después, con la frontera sur prácticamente cerrada a las entradas irregulares y miles de agentes federales desplegados en el interior del país, las consecuencias de aquella promesa se han convertido en un problema político para los republicanos a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

En 2024, Trump consiguió que el debate migratorio trascendiera la seguridad fronteriza. Vinculó la llegada de inmigrantes con el aumento de la delincuencia, la presión sobre los servicios públicos y las dificultades económicas de las familias estadounidenses. Aunque algunas de esas asociaciones carecían de respaldo estadístico, su discurso encontró una audiencia receptiva después de varios años de cifras elevadas de entradas irregulares. Según AP VoteCast, la inmigración figuró entre las principales preocupaciones de los votantes que respaldaron al republicano.

La situación actual presenta diferencias importantes. La Administración ha conseguido reducir considerablemente los cruces irregulares, pero la intensificación de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desplazado la atención hacia las detenciones dentro de Estados Unidos. Durante 2025 y 2026, las imágenes de agentes federales realizando arrestos en espacios públicos, centros de trabajo y comunidades residenciales se han difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. Las operaciones han provocado protestas y cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar a las personas detenidas.

Los datos sugieren que una parte creciente del electorado distingue entre controlar la frontera y respaldar los métodos empleados para ejecutar las deportaciones. Una encuesta de Marist publicada en febrero de 2026 reveló que el 65% de los estadounidenses consideraba que las actuaciones del ICE habían ido demasiado lejos, once puntos más que en junio de 2025. Entre los republicanos, ese porcentaje pasó del 20% al 27%. En abril, otro sondeo de Pew Research encontró que el 52% de los ciudadanos consideraba excesivos los esfuerzos del Gobierno para deportar inmigrantes.

Este cambio resulta especialmente relevante en los distritos competitivos, donde los republicanos necesitan conservar el apoyo de independientes y votantes moderados. También ha comenzado a generar tensiones dentro del propio partido. La congresista republicana María Elvira Salazar, representante de un distrito de Miami con una importante población hispana, advirtió en septiembre de que algunos votantes que habían respaldado a Trump se sentían traicionados por la aplicación de su política migratoria. Sus declaraciones reflejan las dificultades de los legisladores republicanos que apoyan el endurecimiento fronterizo, pero representan a comunidades directamente afectadas por las redadas.

A las consecuencias políticas se suman las económicas. Sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería dependen en distinta medida de trabajadores inmigrantes, incluidos aquellos que carecen de autorización para trabajar. La intensificación de las detenciones ha aumentado la incertidumbre entre empleadores y trabajadores, particularmente en zonas rurales y regiones donde resulta difícil cubrir determinados puestos.

Un estudio publicado por Brookings en mayo estimó que el incremento de las operaciones migratorias había reducido el empleo en aproximadamente 668.000 puestos respecto a un escenario sin esa intensificación. La investigación identificó efectos importantes en la construcción, el alojamiento y la restauración. También encontró consecuencias para trabajadores nacidos en Estados Unidos, debido a la relación entre los distintos empleos dentro de una misma actividad económica.

Las dificultades han obligado a la propia Administración a reconocer las necesidades de determinados sectores. Mientras mantiene su objetivo de incrementar las expulsiones, el Gobierno ha introducido medidas para facilitar la contratación temporal de trabajadores agrícolas extranjeros. La dependencia de esa mano de obra limita las posibilidades de reducir drásticamente la población inmigrante sin afectar a actividades esenciales para algunas economías locales.

Los demócratas intentan aprovechar esta situación para modificar los términos del debate electoral. Después de que Trump consiguiera imponer la inmigración como una de sus principales ventajas políticas en 2024, la oposición busca centrar la discusión en las actuaciones del ICE, sus consecuencias para las comunidades y el coste económico de las deportaciones. La estrategia permite cuestionar la política gubernamental sin rechazar necesariamente el control de la frontera, una posición que sigue contando con un respaldo considerable entre los estadounidenses.

El resultado de las legislativas también podría modificar las condiciones en las que se aplica esta política. Los republicanos aprobaron este año cerca de 70.000 millones de dólares adicionales para las agencias encargadas del control fronterizo y las deportaciones, con financiación disponible hasta 2029. Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes permitiría impulsar investigaciones parlamentarias, exigir explicaciones sobre las operaciones del ICE y condicionar futuras negociaciones presupuestarias a cambios en los procedimientos de detención y expulsión.

Sin embargo, los fondos plurianuales ya aprobados impedirían que un cambio de mayoría se tradujera automáticamente en una reducción de los recursos disponibles. Cualquier intento de modificar esa financiación tendría que superar nuevas negociaciones legislativas y la oposición de la Casa Blanca.

La inmigración continúa siendo uno de los principales asuntos de la campaña, pero las encuestas muestran que el respaldo al endurecimiento fronterizo no se traduce necesariamente en apoyo a todas las actuaciones del Gobierno. Para los republicanos, el riesgo electoral reside precisamente en esa diferencia: una parte de los votantes que respaldó a Trump para reducir la inmigración irregular cuestiona ahora cómo está llevando a cabo las deportaciones.