La Policía Nacional investiga ya a una mafia dedicada a proporcionar documentos auténticos de identidad de terceras personas a los inmigrantes ilegales que llegaron a Ceuta el pasado mes de julio con la entrada masiva. Fuentes consultadas por LA RAZÓN, aseguran que muchos de los «ilegales» que asaltaron el paso fronterizo de la ciudad autónoma y que tratan de alcanzar la Península no recurren, necesariamente, a documentos falsificados, sino que

abonan entre 3.000 y 6.000 euros por un DNI auténtico.

La operativa es, según explican, «sencilla». Las mafias, dedicadas al tráfico de personas y a facilitar la inmigración irregular, captan a personas dispuestas a entregar sus documentos de identidad a cambio de dinero, quienes con posterioridad denuncian su pérdida o extravío. Es entonces, cuando «aprovechando de forma oportunista para la obtención de beneficios económicos ilícitos»,

buscan el parecido físico entre los inmigrantes y los titulares de los documentos, comparan rasgos faciales y proceden al intercambio

con el objetivo de superar los controles policiales, sobre todo, del puerto de Ceuta.

La Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) detuvo, de hecho, el pasado 15 de octubre a 40 inmigrantes que pretendían embarcar en ferris con destino a Algeciras y a otras cinco personas por, presuntamente, facilitar esa documentación.

Las pesquisas apuntan también a que

una misma documentación habría sido utilizada reiteradamente por distintos migrantes que trataban de alcanzar la Península.

Las primeras sospechas surgieron durante las inspecciones realizadas a los pasajeros que pretendían embarcar hacia Algeciras y al detectar discrepancias entre los rasgos físicos de algunos viajeros y las fotografías que aparecían en los documentos presentados.

A partir de estos casos, los investigadores han reforzado la presencia policial en los controles fronterizos para desmantelar otras organizaciones «criminales», que están detrás de estas operativas.

Entradas a la Península

Solo desde el 31 de julio –día de la entrada masiva a la ciudad autónoma– hasta el 16 de agosto,

la Policía ha cifrado en 204 los inmigrantes que consiguieron alcanzar la Península

, cuyas llegadas multiplican por doce las cifras del año anterior, que apenas superaron la veintena.

Así se expone en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional que ya ha sido remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un «ataque» contra la integridad territorial de España y la independencia del Estado.

En el documento, los agentes explican, tras analizar la evolución de los movimientos migratorios después de la crisis fronteriza del Tarajal, que durante las dos primeras semanas de agosto se registró un aumento significativo de las llegadas con varios repuntes diarios que alcanzaron cifras de 29, 24 y 21 personas. Fuentes consultadas por este periódico, detallan también que la totalidad de ellos fueron detenidos.

En ese mismo informe, se explica, además, que

se tiene identificadas hasta cinco organizaciones dedicadas al tráfico de personas a través de diferentes rutas entre Marruecos y España

, con al menos 54 integrantes y una capacidad operativa conjunta estimada de 177 inmigrantes.

Según los investigadores, estas redes cobran una media de 9.400 euros por persona, aunque las tarifas oscilan entre los 2.000 y los 15.000 euros dependiendo de la organización, el itinerario y los medios de transporte utilizados.

El «modus operandi» de estas organizaciones se basa en recurrir a contactos personales, intermediarios, redes sociales y conocidos para captar a los inmigrantes y en utilizar vehículos, puntos de encuentro y alojamientos seguros para preparar los desplazamientos, escapando de los controles policiales.

El Cenif detalla, no obstante, que

no hay «indicio alguno» que pudiera vincular a estas organizaciones como «promotoras o impulsoras» del asalto que sumió a Ceuta en un «caos».

Tampoco que ninguna de ellas pudiesen participar de forma «efectiva» en los «procesos de planificación y gestión simultánea» del

asalto masivo a la ciudad autónoma

, que se gestó semanas antes a través de las redes sociales y por grupos de mensajería privados.