El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes avanza en Gipuzkoa, pero mantiene a una parte de los solicitantes a la espera de una primera comunicación de la Administración. Sin ella, estas personas siguen sin saber si su expediente ha sido admitido a trámite y no disponen de la autorización provisional de residencia y trabajo temporal que permite acercarse a la resolución definitiva.

Entidades sociales que acompañan al colectivo expresan su preocupación porque al menos un 15% de las solicitudes del territorio todavía no ha recibido respuesta alguna. Serían, por tanto, unas 1.810 solicitudes pendientes de una primera notificación entre las 12.063 peticiones registradas cuatro meses después de que el pasado 30 de junio concluyera el plazo de presentación.

«Los expedientes están pendientes y no tenemos noticias. Va pasando el tiempo y la verdad es que la gente sigue esperando, con sus proyectos de vida parados», lamenta Germana Dovale, asesora jurídica de Cáritas Gipuzkoa, quien advierte de que a diferencia de aquellas personas ya han recibido la admisión a trámite, estos solicitantes todavía no cuentan con la autorización provisional que les permite residir y trabajar mientras se resuelve el expediente.

Cerca del 70% de las personas atendidas por Haurralde Fundazioa ha conseguido formalizar un contrato laboral. Se trata de otra de las organizaciones de referencia que apoya a colectivo. «Muchas ya estaban trabajando y la regularización les ha permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos laborales», asegura Patricia Ponce, directora de la fundación, que no obstante advierte de que una parte de los solicitantes sigue sin recibir la primera comunicación administrativa, lo que les impide acreditar su autorización provisional y dificulta que puedan avanzar en su situación.

La misma preocupación trasladan desde la asociación Arrats. De las cerca de 500 solicitudes que ha tramitado esta asociación, alrededor de 120 continúan sin respuesta. La entidad ha recibido unas 60 resoluciones definitivas favorables y alrededor de 300 admisiones a trámite. Su abogada, Alaitz Zugasti, observa que en las últimas semanas están llegando resoluciones definitivas, pero lo hace a un ritmo muy lento. «Es frustrante porque las resoluciones provisionales están atascadas».

Entretanto, la tardanza alimenta el nerviosismo entre los solicitantes, que no comprenden por qué personas que presentaron la documentación el mismo día y aparentemente cumplen los mismos requisitos reciben respuestas «en momentos tan diferentes».

La falta de información sobre el estado de los expedientes añade una incertidumbre que hoy por hoy la Administración no es capaz de despejar. Así se desprende de la respuesta a este periódico de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa que, por el momento, confiesa no disponer de datos de resoluciones «porque el proceso aún no ha finalizando y continúan trabajando en la tramitación de expedientes».

Entretanto, el balance de las 584 solicitudes tramitadas directamente por Cáritas refleja tres situaciones distintas. En torno al 20% –unas 116– ya cuenta con una resolución definitiva favorable; otro 65% –379 expedientes– ha sido admitido a trámite y dispone de una autorización provisional de residencia y trabajo. El 15% restante, alrededor de 88 solicitudes, continúa sin ninguna comunicación, ni de admisión ni de resolución. Aunque estos porcentajes corresponden a los expedientes gestionados por la propia entidad, Cáritas considera que la demora es uno de los principales problemas en el conjunto del territorio. «Es necesario que la Administración dedique más recursos», insiste Dovale.

La admisión a trámite supone un primer avance para quienes han recibido esa notificación. Desde ese momento, disponen de una autorización provisional de residencia y trabajo que se mantiene vigente hasta que la Administración resuelva definitivamente su solicitud. Esto les permite buscar empleo, acceder a cursos de formación o realizar prácticas que antes no podían hacer.

Sin embargo, tener esa autorización no siempre basta para conseguir un trabajo. Cáritas ha detectado que algunos empleadores, «por desconocimiento o por temor a posibles problemas administrativos», se niegan a formalizar contratos hasta que la persona obtenga la resolución definitiva, pese a que ya cuenta con permiso provisional para trabajar. Haurralde Fundazioa constata el mismo problema.

Su directora, Ponce, considera «especialmente preocupante» la respuesta de determinadas empresas. «Estamos encontrando casos en los que los departamentos de Recursos Humanos no interpretan correctamente el alcance jurídico de la habilitación provisional y solicitan documentos adicionales para acreditar su vigencia», explica.

Esto ocurre incluso cuando la Administración ha aclarado que la autorización no caduca por el mero hecho de que transcurran tres meses. Esta situación coloca a los solicitantes en una posición de especial vulnerabilidad: cuentan con una habilitación legal para trabajar, pero pueden perder una oportunidad laboral porque la empresa no reconoce la validez de la documentación que presentan.

Por ello, Haurralde Fundazioa reclama a la Dirección General de Gestión Migratoria que refuerce la información dirigida a empresas, gestorías y departamentos de Recursos Humanos, facilite mecanismos para comprobar la vigencia de las autorizaciones y adopte medidas para agilizar los expedientes pendientes. «No podemos permitir que las dificultades administrativas o las interpretaciones incorrectas de la normativa terminen convirtiéndose en nuevas barreras para personas que ya han accedido a un procedimiento legal de regularización», advierte Ponce.

La fundación insiste en que estas dificultades no restan valor a la medida. A su juicio, los resultados observados confirman su utilidad para facilitar el acceso al empleo formal y avanzar en el reconocimiento de derechos. La regularización extraordinaria, sostiene, «es una herramienta necesaria desde la perspectiva de los derechos humanos, la inclusión social y el trabajo digno».

El reto ahora, añade, es que los derechos reconocidos mediante el procedimiento puedan ejercerse de manera efectiva. «Regularizar no consiste únicamente en conceder una autorización administrativa. Significa también garantizar que esa autorización permita trabajar, acceder a derechos y desarrollar un proyecto de vida en condiciones».