Todos los termómetros en Ceuta lo certifican: las temperaturas se han desplomado. Más allá de las evidentes, las que marca el mercurio decretando chaquetas y chubasqueros, el clima de tensión social ha bajado muchos grados tres meses después de la entrada masiva de migrantes. Cuando se cumple un trimestre de aquello la ciudad ya es otra, transita una nueva fase que comenzó con el desalojo de los asentamientos de las playas y continuó con la expulsión de migrantes a Marruecos, un flujo diario que ya ha sacado a casi 14.000 personas por la frontera. Otras 7.000 continúan en los centros de acogimiento, y el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas calcula que 4.000 más quedan sin identificar.

Playa del Trampolín durante el pico de afluencia de migrantes, el 19 de septiembre.
Joaquin Sánchez
“No se les ve ya dónde están, y eso es casi peor”, reprocha Daniel, que trabaja en el centro histórico. Allí, en las arterias principales, los carteles de las manifestaciones de protesta de los vecinos amarillean en los escaparates, ya apenas hay nuevas convocatorias. Todo está cubierto por una pátina de cotidianidad de terrazas repletas y comercios a pleno rendimiento, con un inmenso árbol de Navidad presidiendo la plaza de los Reyes, escenario de las concentraciones contra la Delegación del Gobierno que plagaban diariamente el corazón de la ciudad de banderas de España al grito de “Invasores, expulsión”. Aunque la realidad siempre fue otra fuera de las Murallas Reales, ahora esa diferencia se ha agudizado. Sigue habiendo varias Ceutas, ciudades autónomas también entre sí. “Yo me he ido de vacaciones y mi sobrino se ha tenido que mudar a mi casa para vigilar que no se meta ninguno, seguimos teniendo miedo, quedan muchísimos” cuenta Daniel, que vive en La Pantera, una barriada que no está decorada con enseñas, sino con el constante trasiego de los furgones policiales. A diario y de manera aleatoria, por todos los barrios periféricos de Ceuta decenas de efectivos policiales realizan redadas para encontrar a migrantes.

Contigua a esa barriada, en Los Rosales, pasa las horas Oussama, de 26 años. Oscila entre la silla de ruedas y un colchón tirado en el suelo. Tiene un pie fracturado, un hombro dislocado y las piernas repletas de heridas abiertas. No puede andar. Hace algunas madrugadas, cuando comenzaron las lluvias en Ceuta, él y otro grupo de migrantes huían de una patrulla de militares regulares y acabó despeñándose por un terraplén. En el hospital le han dado fecha de intervención para una operación quirúrgica, pero teme que le devuelvan a Marruecos antes de que eso pase, porque no puede correr. Los vecinos que le traen comida y le ayudan con las curas le han ayudado a escribir en un cartón “Por favor, tengo el hombro roto, no me peguen” y lo coloca cada noche sobre la manta, a sus pies. “De momento ha funcionado”, dice su hermano, que no despega los ojos del horizonte, un otear permanente por si aparece la policía y tienen que huir. Todos saben lo que sigue si no se escabullen. Les conducirán al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para identificarles, y allí les explicarán sus opciones: si acceden a regresan en ese instante, lo harán sin antecedentes. Si insisten en permanecer, se arriesgan a que se tramite su expediente de devolución y a cinco años de prohibición de entrada en España. Se llaman retornos voluntarios y así se han ido ya más de 13.000, pero tanto las organizaciones humanitarias como los protagonistas rechazan la denominación. “Acabamos firmando algo que no entendemos, un papel que nos dieron y que no nos tradujeron, pero voluntario no es. No nos dejan opción”, cuenta Abdeselam desde un teléfono prestado al otro lado de la frontera. Fue devuelto la semana pasada y en cuanto rebasó El Tarajal, la policía marroquí le metió en un autobús junto a los demás, de diversas procedencias. Se perdió su rastro durante días, los que tardó en regresar a pie hasta su ciudad de origen, a la que volvió sin pertenencias.

Un hombre migrante, con una pierna herida, tumbado en el barrio del Poblado de Regulares junto a un coche quemado, este sábado.
Joaquin Sánchez
“Después de estos tres meses no pienso volver, no así. Entre Marruecos y yo no hay una frontera, hay un muro” dice Oussama. Su hermano y el resto de compañeros asienten. Ninguno ha solicitado asilo, son conscientes de que se lo denegarán. Desde que cruzaron en julio también han evitado entrar en los centros de acogimiento, porque los consideraban “una trampa”. Siguen durmiendo en las calles, en coches abandonados, en pasadizos bajo las lomas cuando aprietan las tormentas. Hace semanas que la Cruz Roja ya no hace reparto de comida, así que buena parte del día se les va en buscar alimento. Hablan frecuentemente sobre cómo llegar a la Península en una lancha rápida, saben que hay quien lo ha logrado, previo desembolso económico. “¿12.000 euros?“, exclama el hermano de Oussama. ”Si tuviera ese dinero volvería a Marruecos y montaría un negocio". La conversación deriva irremediablemente hacia el callejón sin salida de sus destinos. ¿Y entonces? ¿Cuál es el plan? Solo una palabra, Sabr. Un concepto islámico que acostumbra a traducirse como paciencia, pero que entraña algo más profundo e indescifrable —fortaleza ante la adversidad, resistencia sin perder la esperanza ni la fe— que a Karim se le ha agotado. Llega con una bolsa deportiva justo cuando el grupo habla sobre qué les sostiene para seguir aquí, y anuncia que vuelve a Tetuán. No ha perdido la fe, pero sí la esperanza.

Redadas en los barrios
Noelia anda apresurada a la caza de sangre falsa para el disfraz de Halloween de sus hijos. Departe animada, hasta que recuerda que este año no se celebrará el tradicional Día de la Mochila, una festividad ceutí que llena los espacios naturales de la ciudad de comidas campestres. “No hemos tenido Feria, ahora tampoco mochila, que no digan que hemos recuperado la normalidad porque no es verdad. Que parece que ahora Ceuta ya no le importa a nadie pero aquí lo seguimos pasando fatal, yo ni llevo a mis hijos al médico por si les contagian algo”, denuncia. Nunca ha usado el espray pimienta que compró ni conoce a nadie que lo haya hecho, pero sigue en su bolso. Concede que la situación de Ceuta no es como hace un mes y ha notado la descongestión con la aceleración de las expulsiones, pero asegura que “hemos pasado de vivir en un CETI, a que ahora haya muchos mini CETIS desperdigados por todas partes”, en referencia a los centros de acogida, pero también a los vecinos de la periferia que les dan techo a los migrantes. “Van de misericordiosos, pero son igual que los invasores”, dice, iracunda.

Un rugido metálico anuncia que la noche ha caído en Ceuta. Son los drones policiales que sobrevuelan El Príncipe o Benzú, en busca de casas patera donde se refugien migrantes, como la desarticulada la pasada semana, a cargo de un ceutí que cobraba entre 10 y 20 euros a 74 migrantes, menores incluidos, por malvivir en barracones. Las luces azules iluminan las intrincadas callejuelas desde el cielo, pero esta jornada se zanja sin localizaciones positivas. Se desconoce cuántas viviendas están siendo utilizadas como refugio, aunque muchos de los vecinos de estas áreas aseguran que el grueso de migrantes escondidos no está en grandes grupos, sino diseminados individualmente en muchas casas. La nueva fase de expulsiones aceleradas ha reactivado la solidaridad de los inicios de la emergencia, cuando muchos ceutíes respondieron con sus propios medios ante las personas que dormían en la calle. Particularmente, cobijando a menores de edad.

Y es que, a pesar de que la ciudad asegura que los menores que acuden los centros están siendo acogidos, cualquier día frente a las puertas de la Jefatura Superior de Policía demuestra lo contrario. Este mismo miércoles, en torno a cincuenta de ellos se manifestaban ante un día más de rechazo a ser identificados para ser enviados los centros, donde ya hay más de 3.300 niños y niñas. Ayoub, Mohamed y Youssef (nombres ficticios) fueron desalojados de Las Naves del Tarajal hace dos semanas, y entonces pensaron que al fin entrarían en un dispositivo. Pero siguen en el limbo, en la calle. Han creado una cuenta de Instagram para exponerlo y publicarán los vídeos de la protesta después, porque ya ha caído el sol y ha comenzado el bucle de buscar refugio, cada vez con más frío.

Los que visten las ropas más limpias emprenden el rumbo de regreso a las casas que les han acogido, pero también arrastran pesadumbre. Y culpa. “No puedo estar ahí para siempre”, dice Ayoub, de 15 años. Lleva dos semanas durmiendo en el sofá de una familia del barrio de La Reina, pero tendrá que irse. Este jueves el Delegado del Gobierno, David de la Encina, en una reunión con representantes vecinales de El Príncipe les anunció que en los próximos días irían “puerta por puerta” para comprobar el censo y expulsar a los migrantes que estén en situación irregular en los domicilios. La familia que ayuda a Ayoub tiene miedo de que su solidaridad se les vuelva en contra.

Expulsiones con trámites de asilo
Entre los migrantes que quedan en la ciudad se ha instalado algo más afilado que el frío y la lluvia: la certeza de que no hay lugar y tampoco circunstancia administrativa que les libre de la expulsión. La nueva fase ha dinamitado la jerarquía anterior, en la que se consideraba casi privilegiados a los que estaban en los centros de acogida, o los que habían logrado iniciar los trámites de asilo. “Si te ven, te detienen y te echan, ya todo eso da igual, también están echando a la gente que está en los centros si les ven por la calle” dice Omar Hafout, antes de subir a la ambulancia.

El martes se encontraba en la caravana que la ONG alemana Mission Lifeline tiene instalada en las inmediaciones de La Almadraba para que recarguen las baterías de sus móviles, cuando aparecieron una decena de furgones policiales. Bajo una pequeña carpa, unas cuarenta personas esperaban a que se completase la carga, y en el instante que divisaron los vehículos echaron a correr por los montes colindantes. Los efectivos de policía salieron tras ellos, escalando los montículos entre gritos, desapareciendo entre los matorrales. Cinco migrantes fueron introducidos en los furgones para su posterior traslado al CATE, y varios resultaron heridos. A Omar le bajaron dos policías con el brazo completamente desencajado y marcas por todas las extremidades. Los voluntarios de Mission Lifeline le hicieron las primeras curas y llamaron a los servicios de emergencia, mientras Omar miraba aterrorizado a los agentes. “Se ha caído él”, pretextó uno de ellos.

Cuando se retiraron, los migrantes fueron descendiendo poco a poco del monte, haciendo recuento de los que faltaban. “Les han dejado incomunicados”, decía uno de los voluntarios, mirando los cinco móviles sin dueño. “¿Y nosotros qué hacemos ahora? Si vienen a cargar los móviles, va a venir la policía a llevárselos”, se planteaba. A su lado, Bilel, aún tembloroso, sostenía entre las manos heridas un papel arrugado. Sus trámites de asilo, con la fecha de su siguiente entrevista. Sigue intentando que las hojas grapadas le protejan de la expulsión, porque su abogada le ha explicado que mientras las solicitudes de estudio aún están en proceso no pueden ser expulsados a Marruecos, aunque sabe que ya le sirve de poco. “Ya da igual que estés en trámite, también te llevan y te obligan a renunciar a ella”, explica. Este mismo lunes, un yemení cuya protección internacional había sido denegada fue expulsado en contra del criterio de la Audiencia Nacional, que había decretado que aún estaba en plazo de apelación.

Al día siguiente, varios migrantes hacían fila en la frontera, custodiados por la policía, para ser devueltos a Marruecos. Eran, según se afirmó, personas que lo habían decidido voluntariamente. De pronto, uno de ellos saltó al mar y nadó de vuelta a Ceuta, hasta que tras un rato de persecución tres embarcaciones marroquíes le detuvieron y terminaron el retorno. Su nombre sigue figurando al lado de “voluntario” en el listado. La zambullida fue solo un cambio de idea momentáneo.