40 años de profesión liderando una entidad como la Fundació Pere Tarrés dan perspectiva sobre cómo ha evolucionado el mundo social en Cataluña. Superada la dictadura, con la Generalitat recuperada, con numerosos altos cargos en el Gobierno y en los ayuntamientos con experiencia en organizaciones sociales, muchos de ellos provenientes de ideologías no marxistas, se esperaba un trabajo conjunto entre la sociedad civil y la Administración. Cataluña, un país sin Estado, contaba con una larga trayectoria de iniciativa social. El sentido cívico del deber y la responsabilidad social respecto a la colectividad formaban parte de un pensamiento colectivo. No se actuaba por «suplencia de la Administración», sino por convicciones personales.

Hoy encontramos un sistema público de servicios sociales mucho más desarrollado. Un progreso en la atención a las personas del que se beneficia una mayoría. Un capitalismo desatado, al que le viene bien una mano de obra barata, que la inmigración facilita, hace que las necesidades sean muchas más. El aumento de la esperanza de vida, la identificación y atención de problemas de salud mental más extendidos, la falta de vivienda y la atención a un 36 % de la infancia que vive por debajo del umbral de la pobreza requieren recursos suficientes para atender a una población que ha crecido significativamente en número. Los políticos, para ganar elecciones, nos han convencido de que cubrirán todas las necesidades. Han arrebatado el protagonismo a las organizaciones sociales que incomodan con sus explicaciones. Las han reducido a sujetos a los que subcontratar servicios a precios del todo insuficientes.

La suficiencia económica de las pensiones y la financiación insuficiente, aunque elevada, de la sanidad y la educación hacen aguas cuando se trata de atender a la promoción de la persona y la vulnerabilidad social. La descapitalización que un sistema mercantilista de contratación de servicios públicos ha supuesto para las entidades hace que estas vean peligrar su supervivencia. Las propias bases, infrarremuneradas, se rebelan contra nosotros, con razón. Encontrar financiación para atender directamente las necesidades sociales que identificamos choca con unos ayuntamientos y una Generalitat omnipresentes.

Aquel sueño de trabajar conjuntamente, desde la proximidad a la realidad de las entidades, con una Administración que debe garantizar derechos, queda demasiado lejos. Aquellos responsables sociales que creemos en la libre iniciativa nos vamos retirando, mientras que quienes permanecen deben centrarse en subsistir. El sistema de servicios a las personas ha mejorado mucho, sobre todo conceptualmente, pero faltan recursos. El momento actual puede ser oportuno para replantear la externalización de los servicios a las personas, introduciendo de verdad la concertación en su prestación. Iniciativas legislativas, como la ley de provisión de servicios sociales, pueden contribuir a recuperar el sueño de la iniciativa social. Sin embargo, es fundamental que exista una orientación política fruto de un convencimiento social.