El síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, ha expresado este viernes su preocupación por el elevado endeudamiento de la Generalitat, “que sigue aumentando año tras año”, y ha advertido de la necesidad de adoptar medidas para afrontar un eventual freno del crecimiento económico. “El enorme endeudamiento no para de crecer nunca”, ha señalado durante su comparecencia en Les Corts, donde ha presentado los informes de fiscalización correspondientes al ejercicio 2024.

Cucarella ha advertido de que el actual crecimiento del PIB no durará indefinidamente y de que su eventual desaceleración supondrá “un gran reto para el sector público”. Por ello, ha defendido que la Administración autonómica debería empezar a prepararse desde ahora para ese escenario.

Las cifras recogidas en el informe de fiscalización de la cuenta general de la Generalitat reflejan la dimensión del problema. A 31 de diciembre de 2024, la Administración valenciana acumulaba una deuda financiera de 63.176 millones de euros, de los que 54.562 millones correspondían a operaciones de crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Estos préstamos, incluidos los destinados a atender los gastos derivados de la dana, deberán ser devueltos.

A esa situación se suma un patrimonio neto negativo superior a los 53.000 millones de euros y un déficit presupuestario de más de 2.200 millones. La Sindicatura advierte de que el desequilibrio económico, patrimonial, financiero y de liquidez se agravó durante 2024, ejercicio en el que la Generalitat también incumplió la regla de gasto.

Uno de los problemas que ha señalado Cucarella es la elaboración de los presupuestos sobre unas previsiones de ingresos que después no se cumplen. A su juicio, las cuentas deberían incorporar únicamente las transferencias del Estado que razonablemente se espera recibir, en lugar de consignar cantidades superiores a las que finalmente llegan. El síndic ha recordado, además, que los recursos procedentes del sistema de financiación autonómica siguen siendo inferiores a los que corresponderían a un modelo equitativo.

La fiscalización también pone el foco en la demora de la Generalitat en el pago a sus proveedores. De las más de un millón de facturas examinadas, más del 78% se abonaron fuera del plazo legal. Esta situación generó en 2024 unos gastos de 32,5 millones de euros en intereses de demora y otros diez millones en indemnizaciones por costes de cobro. Cucarella ha considerado que la Administración debería gestionar mejor estos pagos y ha calificado de “carga bestial” el coste que supone esta práctica. Los intereses de demora alcanzaron, además, el importe más elevado de los últimos ejercicios.

En el ámbito sanitario, el síndic ha reclamado un nuevo acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) que delimite con claridad las condiciones de prestación del servicio y los gastos que deben asumir las partes. La Sindicatura ha detectado que el IVO factura a la Conselleria tratamientos de pacientes que estaban asignados a las concesionarias sanitarias. El asunto ha dado lugar a la apertura de un expediente en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para determinar si existen posibles responsabilidades contables.

El informe también constata insuficiencias presupuestarias recurrentes en determinadas áreas sanitarias, especialmente en compras y prestaciones farmacéuticas, así como problemas en la financiación de las ayudas a la dependencia. En este último ámbito, la aportación estatal no alcanza el 50% previsto.

En materia de contratación pública, la Sindicatura ha detectado deficiencias en distintos expedientes, tanto en la justificación de los criterios de adjudicación como en la determinación de los precios y las necesidades que motivan los contratos. También ha advertido de que buena parte de las consellerias carecen de procedimientos formales para detectar posibles conflictos de intereses entre el personal que interviene en las licitaciones.

Respecto a los contratos de emergencia tramitados tras la dana del 29 de octubre de 2024, Cucarella ha señalado que existen expedientes en los que no se justificó adecuadamente la elección de los contratistas y en los que tampoco se publicaron posteriormente las memorias justificativas o las modificaciones introducidas durante la ejecución.

La fiscalización alerta asimismo de la elevada temporalidad en la Administración autonómica, que alcanza una media del 51,1%. El porcentaje se dispara en Sanidad, donde llega al 72,4%, mientras que en Educación se sitúa en el 30,9% y en Justicia en el 35,1%. Todas estas cifras superan ampliamente el objetivo legal del 8%.

La comparecencia ha estado marcada por las críticas de los grupos parlamentarios. Vox ha reprochado a Cucarella que la Sindicatura no haya elaborado un informe sobre el supuesto colapso de los servicios públicos por la inmigración. El síndic ha respondido que el resultado de una fiscalización de esas características quizá no sería el que espera esa formación y ha recordado que el Tribunal de Cuentas también ha recibido una petición para analizar esta cuestión.

La diputada del PP María Carmen Contelles ha defendido que los informes constatan que, en términos generales, se cumplen los principios contables, aunque ha reconocido que todavía hay margen de mejora. También ha atribuido parte de las dificultades financieras a la infrafinanciación que, a su juicio, sufre la Comunitat Valenciana.

Desde el PSPV, José Díaz ha destacado el incremento del 63% respecto a 2022 de los expedientes de enriquecimiento injusto y ha cuestionado la gestión del Consell del PP. Aitana Mas, de Compromís, ha defendido la labor de fiscalización de Cucarella y ha reprochado a Vox sus argumentos sobre la inmigración.

El síndic major, que permanece en funciones desde hace cuatro años por la falta de acuerdo entre los grupos para designar a su sustituto, ha asegurado que su dimisión provocaría la paralización de la institución. También ha reconocido que la labor de la Sindicatura es “muy desagradable” y que no sirve para “hacer amigos”, porque consiste precisamente en señalar los incumplimientos y poner de manifiesto los aspectos negativos de la gestión pública. Ha definido su trabajo como el de una “mosca cojonera”.