Tras cuatro meses de aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el 12 de junio, el resultado no es positivo. Así lo entiende la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha elaborado un detallado informe en el que evidencia que, además de generar incertidumbre, el PEMA ha producido «desigualdad y descoordinación», dando lugar a una aplicación dispar entre las distintas provincias y regiones españolas, con consecuencias negativas para los migrantes.

En su informe, que fue entregado este jueves al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por los directores generales de CEAR en España, Mauricio Valiente y Mónica López, se critica que el Gobierno de España no tuviera en cuenta ni a la sociedad civil ni a las organizaciones especializadas en la atención a los migrantes a la hora de adaptar el PEMA al sistema nacional mediante una hoja de ruta que son los planes nacionales de implementación. Además, las modificaciones legislativas que se tenían que hacer para adaptar el PEMA a la legislación estatal se han hecho con demora y a última hora (en agosto de 2026), lo que ha generado «inseguridad jurídica» entre los migrantes, oenegés y los operadores jurídicos llamados a aplicar el pacto migratorio. «Había tiempo suficiente para preparar su aplicación pero no se ha hecho», indicó Valiente.
Todo ello ha derivado en esa desigualdad y descoordinación en la aplicación, pero además, como criticó Valiente, no se ha dotado de los recursos necesarios ni se ha formado de forma adecuada al personal. «Estamos preocupados por su aplicación dispar en el Estado y sin todas las garantías para los migrantes», señaló tras concluir el encuentro con Clavijo.

Como criticó el director general de CEAR, ni se ha llevado a cabo la formación del personal ni se ha dotado de recursos económicos ni se han fijado «las instrucciones claras» para que la aplicación del PEMA sea uniforme. Según detalló, la carga se ha puesto sobre los funcionarios, que en la mayoría de los casos han intentado solventar la situación «con buena fe». Sin embargo, como añadió, «la actuación administrativa» no se puede basar solo en la buena fe. También, apuntó la necesidad de más recursos económicos. «Hay cambios en cuanto a la atención de los menores y los datos que deben recogerse en las entrevistas que, si no hay dotación suficiente, va a demorar todo el procedimiento y pone en riesgo su aplicación», manifestó.

Entre otras cuestiones, CEAR critica la forma en la que se está realizando el triaje, en litigio entre el Gobierno de Canarias y el Estado sobre quien tiene la competencia.

El PEMA introduce un nuevo mecanismo de identificación en frontera que comprende un examen sanitario, una evaluación de seguridad y una valoración de vulnerabilidades para saber si la persona puede acogerse al procedimiento de asilo o de retorno en un plazo de siete días. Este triaje debe hacerse en 72 horas, tres días, y CEAR advierte del riesgo de que se alargue y se tenga detenida a la persona de forma ilegítima más allá de ese plazo. El contenido de ese formulario de triaje, además, no está descrito con detalle, lo que está dando lugar a errores que provocan que los migrantes sean derivados a procedimientos inadecuados o de retorno. «Se han dado deficiencias con incidencia directa en las garantías y derechos de los migrantes», manifestó. Detallan, por ejemplo, el que un migrante haya manifestado que salió de su país por conflicto armado y en el formulario se haya apuntado «motivos económicos».

CEAR agradeció la colaboración institucional del Gobierno de Canarias en todo lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio.

Clavijo, por su parte, volvió a criticar que las islas no tengan respuesta del Estado a las cartas remitidas solicitando información y medios para afrontar el actual repunte migratorio. Reconoció que el PEMA ha restado derechos a los migrantes, algo que llevan advirtiendo desde antes de su entrada en vigor.

En su opinión, la Comisión Europea pretendía con este PEMA desalentar las llegadas, al retener a los migrantes en los territorios frontera y facilitar su retorno. Sin embargo, como apuntó, no lo ha conseguido. Los datos están ahí: Canarias ha recibido casi 4.000 personas en octubre, con un incremento del 240% respecto al mismo periodo del año pasado. La situación ha vuelto a incrementar la presión sobre los recursos de acogida y los servicios sanitarios, especialmente en El Hierro, que ha recibido a cerca de 3.000 personas en lo que va de mes.

Este mismo jueves, Salvamento Marítimo rescató otro cayuco con 137 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, teniendo que trasladar a siete de ellos a un centro hospitalario.