El Parlamento Vasco pide más controles sobre el cumplimiento de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), y que estos se apliquen con «rigor», pero también con «proporcionalidad y garantías» para los perceptores de estas ayudas. La cámara vasca aprobó ayer una enmienda del PNV y el PSE-EE que entre otros aspectos insta al Gobierno Vasco a «continuar desarrollando una aplicación garantista» de la disposición adicional cuarta de la ley de medidas urgentes en materia de vivienda, «que haga compatible la comprobación de los requisitos legales de acceso y mantenimiento de la RGI con el reconocimiento de la diversidad de situaciones habitacionales y de los títulos jurídicos válidos que amparan el uso del domicilio».

Esto sucedió tras rechazar una propuesta de EH Bildu y Sumar que pedía eliminar una disposición legal que «penaliza» a quienes no tienen vivienda «digna» al entender que introduce «restricciones» en el acceso al Sistema Vasco de Garantía de Ingresos «que pueden agravar la situación de pobreza y exclusión social de las personas más vulnerables, penalizando a quienes carecen de una alternativa habitacional digna y adecuada».

En cualquier caso, esta propuesta no salió adelante y la enmienda finalmente aprobada señala que «cualquier mecanismo de control debe aplicarse con rigor, pero también con proporcionalidad, con garantías y teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones habitacionales existentes». Además, se solicita al Ejecutivo que refuerce, a través de Lanbide, «la información y el acompañamiento a las personas solicitantes y perceptoras para acreditar dicho título por las vías admitidas en derecho, sin reducir esa acreditación a la propiedad o a un contrato de arrendamiento, y prevenir exclusiones injustificadas derivadas de dificultades documentales».

El cambio legal que obliga a que los perceptores de la RGI puedan acreditar jurídicamente su derecho a utilizar la vivienda en la que residen ha hecho que el sistema vasco de empleo Lanbide haya extinguido 394 expedientes de esta prestación en lo que va de año. Son más de uno por día, tal y como adelantó este periódico. Este cambio legal, que entró en vigor el año pasado, recoge que todo aquel que cobre esta ayuda debe vivir en un domicilio que se encuentre amparado por un título válido en derecho. En caso contrario, se les quita la prestación.

Así, desde diciembre de 2025 hasta finales de agosto de este año, el número de prestaciones extinguidas asciende a 394 en el conjunto de Euskadi, de un total de 68.044 procedimientos de control finalizados en este periodo. El 40% corresponde a Gipuzkoa.