Victor Klemperer advirtió en La lengua del Tercer Reich de un peligro que en el contexto actual deberíamos tener en presente: las palabras pueden modificar silenciosamente nuestra manera de pensar hasta conseguir que lo inaceptable parezca normal. No hace falta imponer de golpe una ideología, solo tenemos que introducir sus conceptos en el lenguaje cotidiano hasta convertirlos en sentido común.

Ante un nuevo escenario electoral, conviene prestar atención a un fenómeno que ya existía, pero que amenaza con instalarse en nuestro imaginario colectivo: el chovinismo del bienestar.

Este concepto describe una forma de exclusión que, bajo la apariencia de racionalidad económica, sostiene que los recursos públicos deben reservarse prioritariamente para quienes pertenecen a la comunidad nacional. Su argumento es aparentemente sencillo: si ayudamos a quienes llegan, tendremos menos para quienes ya estaban. Los derechos se transforman en privilegios de pertenencia y las personas vulnerables en competidores por unos recursos escasos. La exclusión, el racismo, ya no necesita presentarse como rechazo al extranjero, puede disfrazarse de justicia distributiva. Lo que antes estaba mal visto se presenta ahora como solidaridad con el vecino de toda la vida.

Sin embargo, los datos vienen a cuestionar este tipo de relato. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la población extranjera y con doble nacionalidad explica más de un tercio del crecimiento real del PIB español entre el 2022 y el 2024. En septiembre del 2026, España superó los 3,6 millones de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, el 16,2 % del total.

La inmigración plantea desafíos y negarlos sería irresponsable; tan irresponsable como ignorar su contribución económica, demográfica y social, especialmente en una sociedad envejecida como la nuestra.

Pero tan preocupante como la manipulación de los datos es la manipulación del lenguaje. Un reciente estudio de la Fundación Trébol analizó 374 comentarios publicados en redes sociales sobre la acogida de niñas y niños migrantes. El 32,6 % reproducía argumentos de chovinismo del bienestar. Apenas el 0,8 % defendía expresamente los derechos humanos y la protección de la infancia. Aunque la muestra no representa al conjunto de la sociedad, apunta a una inquietante ausencia de discursos alternativos en los espacios analizados.

Cuando aceptamos hablar de niñas y niños como amenazas, invasores o cargas económicas, hemos comenzado a desplazar los límites de lo democráticamente admisible. Podemos discrepar y barajar multitud de alternativas en el debate sobre las políticas migratorias, los recursos necesarios o su distribución territorial. Son debates legítimos. Pero la condición de niño y sus derechos no pueden depender de su nacionalidad, ni convertirse en moneda de cambio electoral.

Precisamente por eso necesitamos recuperar un espacio de consenso entre las fuerzas políticas que, desde tradiciones ideológicas diferentes, han contribuido a construir nuestro sistema democrático de derechos y protección social.

No se trata de renunciar a las diferencias, sino de reconocer que existen principios que deben permanecer fuera de la confrontación partidista. La protección de la infancia es uno de ellos.

Klemperer nos enseñó que el deterioro de una sociedad puede comenzar mucho antes de que cambien sus leyes. Empieza cuando cambia el significado de sus palabras o aceptamos conceptos sin desgranar su verdadero significado y consecuencias.