Mónica Toapanta (Cuenca, Ecuador, 49 años) ha tenido que dejar el piso que alquilaba en el madrileño barrio de Carabanchel desde 2012 tras la separación de su esposo. Sola no podía asumir los 1.200 euros que le exigía el casero y ahora vive en una habitación en la que solo cabe una cama matrimonial, una maleta y un poco de ropa. Desde marzo, comparte el piso con otras cuatro personas: una familia de tres y una mujer. No tiene contrato ni puede empadronarse, pero aún así debe pagar mensualmente 400 euros, siempre en efectivo. Como ella, miles de personas en España tienen como única alternativa el alquiler informal de habitaciones. Ya no es algo propio de los jóvenes en edad universitaria. Hoy se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por personas vulnerables para acceder a un techo, aunque esto implique hacerlo en condiciones marcadas por la informalidad, la inseguridad jurídica y la ausencia de garantías mínimas. Así lo ha desvelado el informe La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia de la Fundación Foessa, presentado este miércoles en la sede de Cáritas Española.

La investigación, que ha tenido un enfoque cualitativo, ha puesto de manifiesto que el subarriendo informal de habitaciones afecta especialmente a hogares jóvenes, monoparentales y a migrantes con ingresos insuficientes o variables. Estas personas, que no cuentan con la capacidad económica para acceder al mercado ordinario de la vivienda y pagar más de 1.000 euros por un piso con dos o tres habitaciones, se ven obligadas a desplazar su búsqueda de alojamiento hacia acuerdos informales o casas en malas condiciones.

Esto, según ha explicado Thomas Ubrich, sociólogo del comité técnico de la Fundación Foessa, empuja a las personas a una situación de exclusión social: “Pensemos en lo que supone pagar cada mes por un techo y tener que medir cada gesto. No hacer ruido, no cocinar demasiado, no recibir visitas, procurar que los niños no molesten, vivir intentando ocupar el menor espacio posible para no perder el único que se tiene. Eso también es exclusión residencial”.

Algunas entidades, que diariamente trabajan con personas vulnerables, confirman esta evolución de la precariedad residencial y exclusión social. En 2025, 266.500 personas atendidas por Cáritas, una de cada cuatro, habían recurrido al realquiler de habitaciones como “solución habitacional”. Desde la organización aclaran que esta cifra no es representativa del conjunto de personas afectadas en España ―es un número imposible de conocer por la propia invisibilidad de estas situaciones y las investigaciones que hay hasta ahora, cualitativas, apuntan a un número mucho mayor―, pero sostienen que sí remarca la gravedad y la extensión del problema.

María González Dyne, secretaria general de Cáritas Española, ha enfatizado que el hogar debe asumirse como un espacio de libertad, intimidad, seguridad, afecto y otras dimensiones de carácter intangible, que resultan esenciales para cualquier persona. ”No poder acceder a una vivienda o hacerlo únicamente desde la lógica de la solución habitacional, supone negar el hogar y dificultad del pleno desarrollo de muchas de las facetas finales. Desde esta mirada comprendemos que el valor de la vivienda no se agota en su precio. Cuando reducimos la vivienda a su valor de cambio, medimos su importancia únicamente en términos de mercado, cuánto cuesta, cuánto se revaloriza y cuánto rinde. Y perdemos de vista lo que realmente está en juego, la posibilidad de una vida plena", ha asegurado.

El estudio, de unas 72 páginas, profundiza, además, en las consecuencias de vivir en esta situación de alquiler informal. Al no contar con un contrato que les permita mostrar que residen en sus respectivas viviendas, estas familias vulnerables se encuentran desprotegidas frente a cualquier conflicto con el propietario o arrendador original y están sujetas a un riesgo constante de expulsión inmediata, los conocidos desahucios invisibles, que no están contabilizados en los más de 25.500 lanzamientos de 2025 ni en las 4.000 ejecuciones del primer trimestre de 2026, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tampoco pueden acceder a mecanismos formales de protección, como las ayudas relacionadas con la vivienda, al no contar con el empadronamiento.

Las personas que viven en estos alquileres informales se ven sometidas a numerosas restricciones en el uso de los espacios comunes, como la cocina o el salón principal. Mónica Toapanta conoce muy bien estas limitaciones. Cuenta que ella prefiere salir de su trabajo, como camarera de piso en un hotel, y deambular por las calles hasta las diez de la noche. Explica que evita ir al apartamento porque no quiere encontrarse con sus compañeros de piso: “Yo voy a mi habitación a encerrarme. Mi vida ha cambiado totalmente. Sufrí los primeros meses, pero ahora voy directo a dormir”, comenta del otro lado del teléfono.

La precariedad de vivir en habitaciones no solo restringe el desplazamiento físico de las personas dentro de los pisos que comparten con desconocidos, también afecta la capacidad de construir vínculos sociales estables mediante la generación de arraigo en la comunidad. El informe señala que las familias permanecen en una situación de “presencia sin permanencia”, habitando diferentes espacios, pero sin llegar a integrarse en ninguno de ellos.

Es el caso de Lidia García, de 50 años, que ha encadenado estancias en diferentes habitaciones alquiladas en Azuqueca de Henares, provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. El confinamiento, durante la pandemia de Covid-19, supuso la pérdida de su empleo y la imposibilidad de asumir los gastos de la vivienda. Hoy paga 350 euros, pero no puede compartir un almuerzo con su familia. “Ni siquiera puedo tener una casa para decir a mis hijas: ‘Venid a comer conmigo’. Eso da mucha pena. Ni a tus familiares, ni a tus padres, no puedes hacer nada en absoluto”, lamenta en una entrevista concedida en el marco de la investigación.

La precariedad también afecta a los menores
Pero la precariedad habitacional de las familias no solo afecta a los adultos, sino que se proyecta de manera directa sobre la infancia y la adolescencia. El mismo informe de la Fundación Foessa señala las limitaciones que existen para ofrecer un entorno adecuado para el crecimiento de los niños y niñas. “La obligación de permanecer el menor tiempo posible en la vivienda obliga a muchas familias a pasar gran parte del día fuera de casa, una situación especialmente difícil cuando hay bebés o niños pequeños”, apunta el estudio.

Una mujer de 28 años relata las restricciones que sufrió en la vivienda que compartía: “Tenía que llevarle leche a mi pequeño en la noche, a las dos o tres de la mañana, pero no podía salir… Era que el baño no use, que no cocine y que la tele no se encienda”. Su testimonio forma parte de las entrevistas recogidas en el informe de la Fundación Foessa.

Si bien la precariedad residencial afecta negativamente a la calidad de vida, la dignidad y el bienestar emocional de las personas que viven la situación de subarriendo de habitaciones, el informe de la Fundación Foessa también subraya que la presencia de los hijos constituye un importante factor de resiliencia y adaptación. La responsabilidad de garantizar el bienestar de los menores de edad actúa como “un poderoso motor para afrontar las dificultades, mantener la esperanza y continuar buscando alternativas que permitan acceder a unas condiciones residenciales más estables y adecuadas”, concluye el estudio.