El Gobierno ni mucho menos lo desclasificó todo sobre el asalto a Ceuta el pasado 8 de septiembre. Aquellos 40 documentos y comunicaciones que levantaron parcialmente el secreto sobre las horas anteriores a la avalancha dejaron fuera numerosos informes de los servicios de inteligencia. Algunos de los papeles difundidos, además, conservaban importantes tachaduras.

Ahora, casi tres meses después de la mayor crisis fronteriza de la historia de Ceuta, el ministro del Interior, Fernando Grande – Marlaska, reconoce la existencia de otros siete informes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que siguen sin llegar a la Justicia. Seis están clasificados como confidenciales y uno como reservado. Todos fueron recibidos tras el asalto del 30 de julio.

La revelación figura en el informe que Interior acaba de remitir a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón y al que ha tenido acceso este periódico. El documento identifica las siete notas, sus fechas, las horas exactas de recepción y las autoridades destinatarias. Pero sus contenidos permanecen ocultos. En el índice ministerial, cada uno de esos papeles lleva la misma advertencia: «No se adjunta».

La aparición de este nuevo archivo secreto coincide con la decisión de Tardón de reclamar este martes al Consejo de Ministros que desclasifique los documentos todavía ocultos sobre la crisis. La jueza quiere los análisis posteriores del CNI, sus comunicaciones con los servicios secretos marroquíes y un informe reservado de inteligencia militar. Reclama una respuesta en quince días naturales.

Los siete documentos identificados por Interior se refieren, según el propio ministerio, a, entre otros asuntos, a amenazas de nuevos asaltos durante agosto. Los espías habían detectado convocatorias para los días 9, 12 y 15. Se desconoce qué averiguaron exactamente, qué credibilidad otorgaron a cada llamamiento y qué advertencias trasladaron a los responsables políticos y policiales.

El rastro comienza el 31 de julio, cuando Ceuta todavía trataba de recuperar el control de su frontera. A las 18.00 horas llegó la primera nota confidencial, C/10521. Sus destinatarios fueron Marlaska, la secretaria de Estado de Seguridad y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería.

La segunda comunicación, C/10530, contiene una anomalía. Llegó el 1 de agosto a las 15.49, pero fue dirigida por error a la directora general de la Guardia Civil. Un minuto después quedó registrada correctamente para Marlaska y la secretaria de Estado.

El 2 de agosto, a las 15.47, llegó una tercera nota, C/10531. El 3 de agosto, a las once de la mañana, se recibió la C/10578. El goteo continuó el día 5, a las 19.21, con la C/10657, y el 7, a las 17.56, con la C/10813. Todas confidenciales y destinadas a la cúpula ministerial.

Ese mismo 7 de agosto entró otro documento, C/10812, con clasificación de reservado. Tenía una única destinataria: la secretaria de Estado de Seguridad. Fue entregado en mano y, según reconoce Interior, ni siquiera quedó registrada la hora de recepción.

El ministerio explica que los siete documentos mantienen una clasificación de seguridad atribuida por Defensa y considera «fuera de su competencia» remitirlos directamente al juzgado. Alega que corresponde al CNI, como organismo emisor, gestionar su entrega. Tampoco precisa qué información contiene individualmente cada nota.

Los siete informes constituyen sólo una parte de los papeles todavía ocultos. La desclasificación del 8 de septiembre permitió conocer algunas comunicaciones especialmente comprometedoras, pero dejó sin aclarar quién recibió determinadas advertencias, cómo circularon entre las autoridades españolas y qué información intercambiaron los servicios secretos de ambos lados de la frontera.

Uno de aquellos documentos reveló que el CNI había advertido el 27 de julio del posible impacto de la sentencia del Supremo sobre las devoluciones de inmigrantes que llegaran a nado. Dos días después, a las 13.52, un agente avisó al jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno: «En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h».

El mensaje mencionaba dos grupos de Facebook con 180.000 seguidores, cifra referida al alcance potencial de las convocatorias, no a una previsión de participantes. Los espías también alertaron a un contacto de la Unidad Central Especial número 3 de la Guardia Civil, cuya identidad sigue oculta en la documentación entregada.

Otro de los papeles parcialmente desclasificados es especialmente sensible. Se trata de la nota urgente C/10399, enviada el 29 de julio a los servicios secretos marroquíes, la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST).

El CNI alertó a sus homólogos de los llamamientos que circulaban por las redes sociales. Sin embargo, el documento se divulgó censurado. Tardón considera «necesario y particularmente urgente» acceder a su contenido íntegro, especialmente a los datos que permitan identificar a los responsables de los grupos de WhatsApp y Facebook utilizados para impulsar el asalto.

La magistrada ha descubierto, además, que aquella comunicación formaba parte de un intercambio mucho más amplio. El CNI reconoce contactos frecuentes con los servicios marroquíes y menciona más de veinte notas remitidas a la DGED y la DGST. Pero no identifica las posibles respuestas recibidas desde Rabat ni facilita el conjunto de comunicaciones.

Tardón exige ahora todas las notas intercambiadas entre ambos servicios sobre inmigración irregular durante julio y hasta la recepción de su solicitud. Pretende reconstruir qué información compartían España y Marruecos, cuándo conocieron las convocatorias y qué decisiones adoptaron antes de que miles de personas se concentraran frente al espigón del Tarajal.

La jueza reclama también los informes elaborados posteriormente sobre la actuación marroquí. El CNI admite que continuó investigando la crisis y que remitió nuevos análisis a distintas autoridades. Sin embargo, según reprocha el auto, no identifica esos documentos ni facilita sus contenidos a la instructora.

El informe del CNI fechado el 14 de octubre ya recoge algunas conclusiones de esas pesquisas. Sostiene que las autoridades marroquíes conocían los movimientos previos y describe un despliegue insuficiente de sus fuerzas de seguridad, así como una actitud pasiva durante los momentos más graves de la avalancha.

Tardón quiere ahora «todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha». La petición podría alcanzar parte de los siete documentos identificados por Interior, aunque se desconoce si incluyen investigaciones retrospectivas además de advertencias sobre nuevas movilizaciones.

El cerco judicial alcanza también al espionaje militar. El Estado Mayor de la Defensa reconoce otro documento oculto: el informe S26 – 3373, elaborado el 4 de agosto por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y titulado «Evolución de la crisis en Ceuta». Defensa no lo ha entregado porque está clasificado como reservado.

La magistrada pretende asimismo interrogar a dos agentes del CNI, el responsable del servicio en Ceuta, identificado con el número profesional 8281, y un funcionario de la estructura central, con el 8188. Ambos participaron en comunicaciones relacionadas con las alertas previas. Para declarar sobre materias secretas necesitan autorización del Gobierno.

Tardón reprocha al CNI que siga sin identificar a algunos destinatarios de sus avisos ni certificar cuándo recibieron las advertencias. Exige conocer toda la cadena de transmisión para averiguar qué autoridades estaban informadas, desde qué momento y qué decisiones adoptaron.

El auto solicita que los documentos desclasificados y las declaraciones de los agentes se incorporen a una pieza separada de investigación que permanece secreta. También reclama al Consejo de Ministros que tramite el levantamiento de los secretos en un máximo de quince días naturales desde la recepción del requerimiento.