La Comisión Europea ha admitido y estudiará la queja que elevó Junts hace unos meses a cuenta de la regularización masiva de migrantes que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en primavera. La formación posconvergente anunció en abril que llevaría a instancias europeas esta regularización por, entre otras cuestiones, obviar el catalán como motivo de arraigo y no fijarlo como requisito en Catalunya para poder renovar permisos.

En la denuncia final, presentada en julio, se incluyeron también otros aspectos de índole legal relacionadas con la propia regularización de los migrantes, como el hecho de que una persona cuya solicitud de asilo se estaba estudiando se pueda acoger a la regularización si retira esa solicitud o bien que se renunciara a ejecutar órdenes de expulsión que los tribunales españoles ya habían dictado y que se paralizaran procedimientos en curso.

Las personas que solicitan asilo tienen permiso de residencia mientras se estudia su petición y si no se les concede asilo no acceden al permiso. Con la regularización que aprobó la Moncloa, las personas que estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y podían acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses podían acceder a la regularización directamente si retiraban la solicitud de asilo.

Otro punto de la queja se debe a que España no avisó a la Unión Europea, siendo el de la inmigración un asunto que puede afectar a otros países dada la libre circulación de personas dentro del club comunitario. Una persona con permiso de residencia en España puede viajar por el espacio Schengen durante 90 días de cada 180.

La cuestión del catalán, a la que se dio publicidad en abril, ocupa el cuarto lugar. Junts defiende que los tratados europeos obligan a respetar la diversidad lingüística y para renovar el permiso de residencia el real decreto solo incluye el conocimiento de las lenguas cooficiales “entre otros elementos”, de tal manera que “se puede vivir en Catalunya sin tener conocimiento del catalán”, lamentan desde JxCat.

En su respuesta, fechada la semana pasada, el Ejecutivo comunitario destaca que analizará la queja y que se informará a JxCat del curso del procedimiento. El organismo encargado de investigar este asunto es la dirección general de Migración y Asuntos Interiores.

En este procedimiento lo que Bruselas indagará es si se ha violado la legislación comunitaria y cabe la posibilidad de que se llegue a abrir un procedimiento de infracción contra el país, que se inicia con un diálogo informal entre las partes conocido como EU Pilot. De todos modos, el real decreto que aprobó el Ejecutivo no se suspende y no se puede quitar los permisos de residencia adquiridos tras su aprobación. Lo que puede suceder es que se obligue a España a modificar su legislación.

Junts ha llevado a debate iniciativas parlamentarias en este último año para intentar que el catalán sea un motivo de arraigo y un requisito para poder renovar los permisos de residencia. Un asunto que también quería introducir en la legislación catalana de haber prosperado el fallido traspaso de competencias de inmigración a la Generalitat.

Además, la formación de Carles Puigdemont estaba dispuesta a apoyar una enmienda que introdujo el PP en el Senado en la ley para luchar contra la multirreincidencia que endurecía las condiciones para acceder a la regularización y fijaba como requisito tener el certificado de antecedentes penales, si bien el Gobierno la vetó en el Congreso y no se llegó a votar. Al final el Ejecutivo introdujo esa condición a instancias del Consejo de Estado.

La queja por la regularización, un proceso para el que hubo más de un millón de solicitudes, ha seguido el mismo cauce que la denuncia que Junts presentó este verano ante la negativa inicial del Tribunal de Cuentas a aplicar de inmediato la ley de Amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la avalaba el pasado mes de julio.

“Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señala al respecto el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este proceso, no obstante, si se llega ante el TJUE puede llevar varios años.