En España no ha existido hasta ahora ninguna ley estatal o autonómica que regule el uso de velos islámicos en colegios e institutos. Han sido las propias escuelas las que, atendiendo al principio de autonomía de los centros, determinaban en sus reglamentos de convivencia si el alumnado podía ir o no con la cara o la cabeza tapadas. Pero esa inercia se ha roto y la Comunidad Valenciana (PP) se ha convertido en la primera autonomía en prohibir formalmente el burka y el niqab.

De forma paralela, los ayuntamientos de Lérida (PSC) y Zaragoza (PP) han vetado estas prendas en los espacios públicos aunque no incluyen los centros educativos, que son competencia autonómica, sumándose así a otras restricciones locales (Alcalá, Nijar, Murcia, Sevilla o Cartagena) que han surgido este año al calor de la creciente infuencia de Vox en los equipos de gobierno.

El veto valenciano a los velos islámicos integrales aquellos que sólo dejan al descubierto los ojos, a diferencia del hiyab o velo parcial fue también aprobado a instancias de Vox, el facilitador de la investidura del PP en esta región, e incluido sin publicidad en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del pasado 31 de julio. Esta norma contempla añadir nuevos artículos al decreto autonómico de convivencia escolar para establecer «el deber de mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada académica, tanto en el interior de las aulas como en el resto de las instalaciones».

La prohibición que se extiende también al funcionariado y en el acceso a hospitales, transporte, recintos de espectáculos y otras dependencias públicas se considera «esencial para garantizar la interacción socioafectiva» y «la seguridad organizativa», y su incumplimiento implica cometer una «falta grave» que puede acarrear medidas disciplinarias que van desde no dejar salir al recreo hasta la expulsión definitiva del centro.

La Inspección valenciana no ha registrado de momento ningún caso de alumnas con burka o niqab, según fuentes educativas. Se trata, por tanto, de una norma preventiva en un contexto de alerta ante el crecimiento de la población inmigrante, que en una década se ha disparado un 55% en las aulas españolas. La Comunidad Valenciana es la región junto a Baleares con mayor proporción el 18,5% de alumnado foráneo.

La prohibición abre un debate jurídico al entrar varios derechos en conflicto: el derecho a la educación recogido en el artículo 27º de la Constitución y el derecho a la libertad religiosa del artículo 16º pueden colisionar con la dignidad de la persona (artículo 10º), la igualdad entre hombres y mujeres (14º) y la protección del menor (39º), así como con el principio de neutralidad en los espacios públicos (103º).

No es casualidad, por tanto, que el texto valenciano eluda citar expresamente los términos burka o niqab y apele a razones de seguridad, para que no pueda interpretarse como una vulneración de la libertad religiosa en una escuela que no es laicista, como la francesa, sino aconfesional, y donde el Estado tiene el deber de garantizar la libertad de culto sin imponer restricciones. Por eso la regulación del hiyab es más difícil de sostener jurídicamente. E incluso con el burka ha habido controversia, porque una sentencia del Tribunal Supremo anuló en 2013 el veto a esta prenda en los espacios municipales de Lleida al considerar que el ayuntamiento carecía de competencias para limitar la libertad religiosa, aunque dejó claro que exigir la cara descubierta es legítimo para situaciones puntuales que requieran seguridad o identificación visual inmediata.

«No es una cuestión religiosa ni cultural. Es una cuestión de identificación de la alumna», insisten con cautela fuentes de la Consejería de Educación valenciana, que recalcan que el veto «puede hacerse extensivo a cualquier alumno cuyo rostro no pueda identificarse», por ejemplo, un chico que vaya a clase con un pasamontañas u otra prenda que cubra la cara.

El PP nacional es más contundente. Aboga sin tapujos por «la prohibición del burka y el niqab, y lo hace porque defiende la libertad religiosa dentro de la ley, pero rechaza prácticas que invisibilizan a la mujer o impiden su identificación», explican fuentes de Génova. «El burka y el niqab son instrumentos de subordinación incompatibles con una sociedad libre y democrática», tienen claro las fuentes populares, que indican que su posición «es la misma que la de las principales democracias europeas: libertad de culto, sí; prácticas que niegan la dignidad, no».

Tumbado en el Congreso
Vox ha rechazado explicar su postura para este reportaje, pero en febrero presentó en el Congreso una proposición de ley para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. La toma en consideración de la propuesta, que contó con el apoyo del PP, fue rechazada por la mayoría de la Cámara Baja.

La postura de los partidos de izquierdas es más ambigua. El PSOE, el Frente Amplio y Podemos rechazan estas prendas, pero esgrimen que la prohibición puede provocar que las mujeres que las llevan queden invisibilizadas y confinadas en sus hogares. Durante un debate sobre el velo integral, la diputada del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes Xelo Angulo llegó a comparar el burka con la indumentaria tradicional de las falleras. En cambio, el PSC fue el impulsor en el Ayuntamiento de Lérida del veto en los espacios públicos, no respaldado por el PP.

¿Qué hace el resto de CCAA? Según la información recabada por EL MUNDO en todas las consejerías de Educación, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía, donde el PP gobierna con Vox, no han regulado esta cuestión y dejan la decisión a merced de cada escuela. «Hay centros que prohíben tapar de forma genérica la cabeza, ya sea con gorras o velos, y otros lo permiten. Eso sí, los alumnos deben ser identificables en todo momento, no pueden ir con la cara tapada», señalan en la Junta andaluza.

En Aragón precisan: «Los centros tienen autonomía para concretar sus normas de organización y convivencia dentro de su propio Reglamento de Régimen Interior y en sus normas de convivencia, que pueden revisarse siempre que lo consideren necesario, y el Consejo Escolar del centro es observador y órgano decisorio al respecto. Lo que rige por encima de eso es el Decreto 73/2011, de 22 de marzo, pero no tiene menciones expresas a vestimenta».

“Factores culturales”
La Junta de Castilla y León es la que llega más lejos en su normativa, pues tiene un decreto de 2007 donde menciona entre las conductas «contrarias» a «la convivencia» ir con «determinadas incorrecciones en la indumentaria que puedan interferir en el funcionamiento del centro», aunque «teniendo en cuenta, en todo caso, los factores culturales o familiares».

El resto de regiones (Galicia, Canarias, Baleares, La Rioja…) no ha entrado a regular el burka en los entornos escolares ni han dado ninguna instrucción al respecto. País Vasco tiene un decreto de 2008 que recoge el «deber de respetar las normas escolares» referidas «al aseo personal y a la utilización o exhibición de pertenencias personales, prendas de vestir, útiles, o aparatos electrónicos, así como las relativas a las posibles salidas del recinto escolar durante los períodos de descanso y a su comportamiento durante las mismas».

«Unos centros tienen normas al respecto y otros no, depende de cada uno. Nunca lo hacen por motivos ideológicos», precisan en la Comunidad de Madrid (PP).

«Hay escuelas que no lo tienen regulado porque no lo necesitan, pero en el momento en que ha habido problemas de identificación, lo han hecho. La cara debe estar destapada no por razones culturales sino porque hay que saber quién hace un examen», apuntan en Murcia (PP).

El Consejo Escolar participa
En el procedimiento de Castilla-La Mancha (PSOE) se detalla cómo debe ser la regulación de los colegios: el equipo directivo coordinará las normas de convivencia, que forman parte del proyecto educativo, de acuerdo con las directrices establecidas por el Consejo Escolar y con las propuestas realizadas por el claustro de profesores, por las asociaciones de padres y por las asociaciones del alumnado. «La revisión del proyecto se hará anualmente a la finalización del curso. Será competencia del Consejo Escolar. Se pueden hacer propuestas de modificación y dichas modificaciones serán aprobadas por mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del consejo escolar», establece la normativa.

«En todo caso, los centros deberán respetar los derechos y deberes fundamentales del alumnado», apuntan en Asturias (PSOE), donde recuerdan que su Inspección se pronunció en 2019 sobre un caso ocurrido con una alumna con hiyab en un instituto de Gijón donde prevaleció la libertad religiosa sobre el reglamento del centro, que recogía la obligatoriedad de llevar la cabeza descubierta en el interior del edificio.

La libertad religiosa es reivindicada también por Eman Akram, la alumna de 18 años del instituto Sagasta de Logroño que el curso pasado fue expulsada del centro educativo por llevar pañuelo, de acuerdo con la normativa interna, y a la que posteriormente la Justicia ha dado la razón por su derecho a la educación y a la libertad de culto. «Yo llevo el hiyab porque quiero. Decidí ponérmelo porque empecé a profesar mi religión. Nadie tiene nada que decirme respecto a eso. Mucha gente cree que significa opresión, pero, si me obligan a quitármelo, eso es opresión también», argumenta esta alumna de 2º de Bachillerato de nacionalidad española y origen paquistaní, que este año ha acudido al centro con el velo, apoyada por sus compañeros de clase y por más de 11.000 firmas en change.org.

Eman, que quiere ser abogada, no se atreve a pronunciarse sobre el burka. Se muestra en contra de que haya niñas que lleven velo, total o parcial, «de forma obligada por su familia o por presión» y defiende que la «emancipación supone también tomar decisiones diferentes».

En el otro lado están las profesoras Sonia Sierra y Elena Ramallo, impulsoras de una iniciativa para que haya una ley estatal que prohíba en los colegios tanto el burka como el hiyab. «La violencia que implican ambas prendas es la misma. El velo no es una diadema ni un complemento: va en contra de la dignidad y el respeto a la mujer», señala Sierra, que fue diputada de Ciudadanos en el Parlament catalán. Cuenta que en su barrio, el Raval, ve cada vez a más mujeres y niñas con toda la cara tapada, con velo y con mascarilla del Covid, una combinación que se ha convertido en «el nuevo niqab». «Hay muchas mujeres que entran con velo integral en las escuelas y es un peligro, porque los profesores no saben a quién entregan los niños», afirma.

Defiende que una ley estatal, como las de Francia, Italia,Austria, Dinamarca, Suiza, Bulgaria, Países Bajos o Portugal, permitiría que los centros tuvieran «mayor protección jurídica» para sus normas individuales.

«Hemos permitido el hiyab y, por permitir el hiyab, ya estamos en el niqab», advierte Sierra, que opina que se trata de «un problema no solo para las mujeres musulmanas, sino para las demás»: «He visto a mujeres en Ceuta que cuentan que ya no pueden ir por la calle vestidas como quieren».