La jueza instructora María Tardón, que investiga la entrada masiva a Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, ha exigido al Gobierno que desclasifique informes y documentación sobre dicha crisis. La magistrada de la Audiencia Nacional —que insta a llevar a cabo esa medida “con carácter urgente y, en todo caso, en el plazo de 15 días naturales”— considera que esa “información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado”. “Resulta imprescindible para la averiguación de la verdad material”, apostilla Tardón en una resolución dictada este martes, donde explicita su insatisfacción por los datos facilitados hasta ahora por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

A lo largo de un escrito de 15 páginas, la magistrada cuestiona, por ejemplo, que los servicios secretos no le hayan comunicado la identidad “concreta” de las “autoridades” y “organismos” que recibieron varias notas de “carácter estratégico” vinculadas con la crisis. También censura que el CNI no se haya extendido al ofrecer detalles del “flujo” de información que intercambia de forma “frecuente” con la inteligencia marroquí. “No se hace ninguna referencia concreta al cauce por el que se recibe la información de los servicios marroquíes”, arremete.

“Se responde tan solo a una parte de las cuestiones planteadas”, critica la jueza, que incide en que el CNI ha reconocido que “ha continuado investigando lo sucedido”, pero no le ha remitido los informes confeccionados. En esta línea, Tardón solicita al Consejo de Ministros que desclasifique todos “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados que puedan verse afectados” por su causa. Y, “en particular”, reclama que se adopte esa iniciativa para que ella pueda interrogar al “personal del CNI” que mantuvo “cualquier comunicación con agentes de la Guardia Civil” durante la entrada masiva.

Igualmente, la magistrada quiere tener acceso a “todas las notas e informes” elaborados por el CNI a partir del 30 de julio (incluido, los “relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos”); al “listado de autoridades” españolas que recibieron esas notas; a las informaciones intercambiadas entre los servicios de inteligencia español y marroquíes sobre cualquier “aviso o alerta o respecto de la inmigración irregular”; y a un informe elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, titulado Evolución de la crisis en Ceuta y fechado el 4 de agosto.

Para justificar este paso, María Tardón argumenta que las “potestades constitucionalmente atribuidas” a los jueces “no pueden quedar subordinadas a decisiones unilaterales de otros poderes del Estado cuando ello determine la imposibilidad material de practicar diligencias esenciales para una investigación penal”. Y apostilla: “El ordenamiento [jurídico] reconoce la existencia de intereses públicos dignos de especial protección, entre ellos los vinculados a la defensa nacional, la seguridad del Estado o la actividad de inteligencia; sin embargo, tales intereses no operan en un plano de prevalencia automática frente a la función jurisdiccional, sino que exigen una ponderación individualizada en cada caso”.

Según ahonda la magistrada, “cuando no existen fuentes alternativas” para conseguir esa información, “el deber constitucional de colaboración con la Administración de Justicia adquiere su máxima intensidad”, quedando “legitimada” para “promover los mecanismos legales” para “hacer posible el acceso” a esos datos. Tardón, que expone que una “declaración de secreto oficial” no puede generar un “espacio inmune al control jurisdiccional”, también hace hincapié en que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha desclasificado algunos documentos sobre la crisis.

La magistrada recalca así su objetivo: “La información interesada […] permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos”.

Más declaraciones
Además, Tardón también ha citado a declarar este miércoles a tres marroquíes que accedieron a la ciudad autónoma durante aquellos días y que han identificado a varias autoridades de su país que se encontraban en la frontera, según confirman fuentes jurídicas. La magistrada les interrogará en condición de testigos y por videoconferencia; y, de esta forma, amplía la ronda de comparecencias fijadas para esta semana. De hecho, este mismo martes se han sentado ante ellas tres consejeros del municipio norteafricano, que han descrito la situación de caos que se generó, así como la pasividad de las fuerzas de seguridad de Marruecos.

Más información
Un mando de la Guardia Civil de Ceuta explica que se mantuvo abierta una puerta de la valla por riesgo de “tapón” humano en la entrada masiva
Tras recibir una denuncia del partido extraparlamentario Iustitia Europa, María Tardón decidió asumir la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Aunque al justificar su decisión apuntó principalmente contra Marruecos y señaló que indagaría en la comisión de una supuesta “conducta delictiva” coordinada e intencionada “presuntamente cometida en el extranjero”, una buena parte de sus pesquisas se está centrando en las actuaciones desarrolladas “en territorio español” sobre la “articulación” de los medios de respuesta” y la gestión de las “alertas” ante la crisis. En ese contexto se enmarcan, precisamente, las declaraciones de este martes.

Al convocar a Alberto Ramón Gaitán (Presidencia), Nabila Benzina (Sanidad y Servicios Sociales) y Alejandro Ramírez (Vivienda, Medio Ambiente y Servicios Urbanos), Tardón explicó que los tres consejeros “tuvieron presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis”. Además, en esa misma línea, la magistrada también pidió a Ceuta “todos los informes” que haya elaborado sobre “la afectación de los servicios públicos esenciales de la ciudad”. Y, de hecho, la ciudad ya le ha enviado un documento que cuantifica los “costes extraordinarios” en 45 millones de euros —gastos que responden, entre otros asuntos, a refuerzo en seguridad o limpieza—.

Desde la izquierda, los consejeros ceutíes Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, a su llegada a la Audiencia Nacional este martes.
Mariscal (EFE)
Según detallan fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios de este martes, los consejeros han insistido en que, durante las jornadas previas al 30 de julio, se había incrementado la llegada de migrantes a la ciudad. De ello, según han apostillado en línea con la declaración del presidente Juan Jesús Vivas, se advirtió al Gobierno central sin obtener una respuesta suficiente de ayuda. En este punto, uno de ellos ha añadido que se le propuso a la Secretaría de Estado de Seguridad (dependiente del Ministerio de Interior) colocar una barrera con boyas para disuadir de las entradas por mar, pero que el Ejecutivo respondió que eso podía generar un riesgo de que los migrantes quedaran atrapados y se pusiera sus vidas en peligro.

Para ejemplificar el caos que generó la crisis en la ciudad, el consejero de Presidencia ha detallado igualmente que las llamadas al 112 se multiplicaron. Según los datos que ha aportado, entre el 30 de julio y el 11 de octubre, se han registrado más de 12.000 avisos, casi un 400% más. Alberto Ramón Gaitán ha remachado que la localidad tiene acogidos a más de 3.500 menores.

Por su parte, según fuentes jurídicas, Alejandro Ramírez ha explicado que la entrada masiva parecía organizada —según ha dicho, incluso, se recogían flotadores en el lado español para devolverlos a Marruecos para que los reutilizaran otras personas para pasar por el mar—; y ha destacado que los gendarmes marroquíes se encontraban en una situación pasiva —según ha contado, vio a uno mirando el móvil, a otro rezando y a otro dirigiendo a los migrantes para que cruzaran—. A su vez, la consejera ha cargado ante la juez contra Miguel Ángel Pérez Triano, delgado del Gobierno en el municipio cuando ocurrieron los hechos. Según la versión de Nabila Benzina, se quedó perpleja cuando este le dijo sobre el terreno que Marruecos estaba colaborando para frenar el problema.

Con las comparecencias de este martes, Tardón continúa con la ronda de interrogatorios programada para esta semana. El lunes ya tomó declaración a un inspector jefe de la Policía Nacional y a un teniente coronel de la Guardia Civil encargado de las labores operativas en la frontera, que narró cómo se mantuvo abierta una puerta de la valla de Ceuta por el riesgo de que se produjera un “tapón” humano durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.