Shari Ful, bangladesí de 46 años, da un paseo junto a Kobir, Mohammad y Sagor por el puerto de Panagiuda. Al otro lado de la pequeña bahía se ve Kara Tepe, el campo de refugiados de Lesbos. Shari y sus amigos viven allí desde agosto. A su llegada presentaron una solicitud de asilo que fue inmediatamente rechazada. Han interpuesto un recurso, pero dan por hecho que este correrá la misma suerte porque Bangladés es uno de los países con la tasa más baja de resoluciones favorables en Grecia, donde no superó el 1% en el primer semestre de 2026, según Eurostat. Es jueves a media mañana, aunque todos los días se parecen cuando vives en un campo de refugiados. En la carretera de Kara Tepe a Mitilene, capital de la isla griega Lesbos, hay decenas de otros pequeños grupos de bangladesíes que deambulan para matar el tiempo mientras esperan la notificación de las resoluciones de sus recursos.

Shari no sabe que el Servicio de Asilo griego está retrasando deliberadamente la notificación de esas resoluciones. Las autoridades desconocen cómo proceder con el nuevo marco jurídico que aplica el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Así lo ha explicado a EL PAÍS, bajo condición de anonimato, una fuente que trabaja en una de las instituciones implicadas. Este periódico contactó con el Ministerio del Interior griego para recabar su versión, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Hasta el pasado junio, los solicitantes a los que se denegaba el asilo tenían 40 días para abandonar voluntariamente Grecia. Para ello, las autoridades helenas les autorizaban a viajar desde islas como Lesbos al continente para tramitar su retorno en las embajadas correspondientes. Muchos, sin embargo, no regresaban a sus países. Preferían buscar trabajos sin contrato en la economía informal y vivir indocumentados en Grecia y en otros países europeos. En cualquier caso, el mecanismo permitía descongestionar los campos de refugiados de las islas.

Desde la entrada en vigor de la legislación griega que implementa el pacto europeo, ya no hay plazo de salida voluntaria para quienes son rechazados, es decir: se inicia el trámite de expulsión sin otorgar un periodo de tiempo para irse del país motu proprio. Además, desde septiembre de 2025, una reforma de la ley pensada para disuadir a los migrantes de quedarse en el país establece que se castigue como delito la “estancia ilegal” con penas de entre dos y cinco años de prisión y una multa de al menos 5.000 euros.

La norma impide sustituir o suspender la pena, excepto si el condenado acepta salir inmediatamente del país. Incluso cuando se concede esa suspensión, el detenido permanece privado de libertad —en prisión, en los calabozos de una comisaría o en un centro de detención de migrantes— hasta que se complete su salida.

Refugiados Grecia
Migrantes rescatados desembarcan de una patrullera de la Guardia Costera griega en el puerto de Mitilene, tras un naufragio en el que murieron ahogados cuatro migrantes frente a la isla de Lesbos (Grecia), el 28 de agosto de 2023.
ELIAS MARCOU (REUTERS)
El Pacto Europeo de Migración establece tres procedimientos de asilo: el ordinario, el acelerado y el de frontera. Este último se aplica a los migrantes como Shari y sus amigos, es decir, aquellos provenientes de países cuya tasa de concesión de protección internacional es del 20%, o inferior, en el conjunto de la UE, como sucede con Bangladés.

La ley fija un plazo general de 12 semanas para el examen de la solicitud y la resolución del recurso. Durante ese periodo, los solicitantes deben residir en los campos de refugiados designados por las autoridades durante el proceso, situados en las islas. Pero aunque se encuentran en Grecia, jurídicamente se considera que estos migrantes todavía no han sido admitidos en el territorio, por lo que, durante la tramitación, las autoridades griegas les prohíben viajar fuera de las islas. Sí tienen permitido salir del campo durante el día, pero están obligados a regresar por la noche y no se les permite embarcar en los ferris que conectan las islas con el continente.

Si vence ese plazo de 12 semanas sin que se haya resuelto el procedimiento, el solicitante sale del procedimiento fronterizo y pasa al procedimiento ordinario de asilo, que implica que debe ser autorizado a entrar en territorio griego. En la práctica, esto puede permitirle salir del campo de refugiados y desplazarse fuera de las islas mientras se resuelve su expediente. Esto no significa que se le conceda automáticamente la protección internacional, sino que su solicitud continúa tramitándose por la vía ordinaria.

Por el contrario, si la solicitud ha sido rechazada, el sujeto pasa al procedimiento fronterizo de retorno, mediante el que las autoridades deben ejecutar su devolución, y es internado en un centro de detención. Pero, a día de hoy, estas instalaciones albergan ya a más personas de las que permite su capacidad oficial, tal y como llevan años denunciando las asociaciones de juristas que trabajan en los mismos.

Los centros de detención griegos tienen una capacidad oficial conjunta de 3.396 plazas entre los seis del continente y el de la isla de Kos. Aunque la ocupación varía, las cifras disponibles muestran que algunos centros superan en ocasiones su capacidad o están al límite, según las asociaciones de juristas. En esas condiciones, el internamiento de Shari y de los demás bangladesíes en su situación parece imposible desde un punto de vista logístico.

No se trata de poca gente. Aunque el Ministerio de Migración y Asilo no ha publicado ninguna cifra oficial de afectados, los datos comunicados en reuniones entre las ONG que trabajan en los campos de refugiados y las autoridades de estos centros sitúan la cifra en casi 700 bangladesíes afectados por la doble negativa en Lesbos, 800 en Samos, 1.000 en Kos y otros 1.000 en Leros. Son unas 3.500 personas, a las que se suman las que siguen llegando y todavía no han sido registradas.

La nueva ruta a Creta
Shari desembarcó en el sur de Creta en agosto, procedente de Libia. Este peligroso itinerario marítimo ha ganado peso desde 2024 hasta convertirse en la principal vía de entrada a Grecia, por delante del cruce entre Turquía y las islas del Egeo como Lesbos, según datos oficiales de Frontex y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur). Pero en Creta no hay campos de refugiados de última generación, que están habilitados para tramitar las solicitudes de asilo, por lo que desde el pasado agosto el Gobierno griego traslada a los migrantes llegados allí a las instalaciones de Lesbos, Samos, Kos y Leros, que sí están preparadas.

El plazo de 12 semanas que comenzó con el registro de la solicitud de Shari todavía no ha concluido para él, pero sí lo ha hecho para cientos de compatriotas suyos en Kos y Leros, según ha confirmado a este periódico una fuente involucrada en el procedimiento que pide que su identidad no se difunda. Las autoridades no tienen ningún plan, ni en público ni en privado, según los responsables de varias organizaciones implicadas que fueron consultadas para este reportaje. Según uno de estos, los mandos policiales “se encogen de hombros” cuando las ONG les preguntan qué van a hacer.

Pesquero Mar Jonico
Migrantes a bordo de un pesquero en el puerto de Paleochora, tras una operación de rescate frente a la isla de Creta (Grecia), el 22 de noviembre de 2022.
STRINGER (REUTERS)
El pasado 20 de octubre el diario Kathimerini informó de que, en 24 horas, 14 embarcaciones procedentes del este de Libia con 710 personas llegaron a Creta y sus islotes cercanos. Más de 33.000 personas han llegado a Grecia durante el año, según Acnur, de las cuales 19.000 lo han hecho por la ruta entre la región libia de Tobruk y Creta. En 2025 fueron cerca de 49.000 las llegadas totales a Grecia y al menos 2.950 migrantes murieron ahogados en el mar en su intento de llegar a la Unión Europea.

Shari cuenta que ni él ni sus amigos tenían previsto emigrar a Europa cuando se despidieron de sus familias en Bangladés. Su idea inicial era trabajar una temporada en Libia y después regresar. Pero en Libia fueron explotados por un patrón que no solo no les pagó lo que les había prometido por su trabajo, sino que los secuestró y los vendió a una mafia que los torturó hasta que sus familias enviaron dinero. Las mismas familias se endeudaron aún más para pagar el viaje en barca de sus seres queridos a Creta y que así pudieran escapar de Libia. “No podemos volver”, dice Shari con gesto serio. “Morimos de ansiedad ante la posibilidad de volver con las manos vacías a unas familias que han vendido todo para que nosotros estemos aquí”.