Los hechos ocurrieron

en la calle Villamanín

, en el barrio madrileño de Batán. Una

mujer de 42 años fue víctima de una agresión y un robo

cuando se dirigía a recoger a sus hijos al colegio. Según pudo saber este periódico, en torno a las 16:00 horas, dos menores la abordaron para robarle. Uno de ellos habría permanecido vigilando mientras el otro intentaba arrebatarle el bolso.

Al no conseguirlo, el presunto agresor optó por tirar con fuerza de la cadena que la mujer llevaba al cuello,

provocándole varios arañazos. Tras el asalto, uno de los implicados huyó del lugar, mientras que

el otro fue retenido por la propia víctima y varios viandantes

que intervinieron para impedir su fuga.

Durante la retención, el menor habría respondido a los vecinos con acusaciones de racismo, pese a que, según los datos aportados,

uno de los ciudadanos que participó en su inmovilización era de origen latinoamericano.

Una vez que la Policía acudió al lugar de los hechos, el menor

reconoció que ambos eran de nacionalidad magrebi y estaban alojados en el albergue juvenil de la Casa de Campo. Este centro fue reconvertido hace siete años por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un centro para acoger a menores extranjeros no acompañados.

Con todo, el caso habría quedado sin consecuencias penales para el menor tras la realización de

una prueba de determinación de la edad

que, según los datos aportados,

concluyó que era inimputable. Este extremo, así como las circunstancias exactas de la intervención policial y la situación legal de los dos menores, está pendiente de confirmación oficial.

Hay que recordar que, en España,

los menores de 14 años son penalmente inimputables,

lo que significa que la ley presume que no tienen madurez suficiente para ser juzgados ni castigados por un delito.

L

a asociación Mayores y Familia

denuncia la situación que, a su juicio, sufren los vecinos del entorno del albergue. «Llevamos años esperando a que la Comunidad de Madrid cumpla con su promesa de devolvernos el Albergue Juvenil que nos robó a los madrileños hace más de siete años, mientras tanto sufrimos las consecuencias los vecinos», señalan desde la entidad.

La asociación vuelve así a poner el foco en el uso de estas instalaciones de la Casa de Campo y en la reivindicación de que vuelvan a su función original, una demanda que, según sostiene, lleva años pendiente de respuesta por parte del Gobierno regional.