El Ministerio del Interior ha desvelado a la jueza María Tardón que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no entregó ninguna alerta previa a la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio en Ceuta, por lo menos al departamento que dirige Fernando Grande – Marlaska. Sí lo hizo, sin embargo, después del asalto y ya con más de 80.000 personas en la ciudad autónoma. Hasta en seis ocasiones en ocho días, la primera el 31 de julio, avisó a través de “notas confidenciales” de posibles nuevas entradas masivas sobre la base de llamamientos por redes sociales. Un ejemplo fue la amenaza para el 15 de agosto, que al final no se produjo.

Así lo recoge el informe entregado a la instructora de la Audiencia Nacional, firmado por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y al que ha tenido acceso La Vanguardia. “En los días precedentes a la entrada masiva irregular de personas migrantes en Ceuta producida el 30 y el 31 de julio de 2026 no se recibieron en el Ministerio del Interior alerta, informe, comunicado, correo electrónico o documentación operativa que anticipara un riesgo de entrada masiva de la magnitud del evento acontecido”, concluye de manera tajante el documento.

La número dos de Interior defiende que los análisis de los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo y la evolución de las entradas irregulares permitían entonces anticipar “un incremento progresivo” de la presión migratoria. Incluso con episodios de impacto, pero abordables, como los de los días 28 y 29 de julio, cuando entraron a nado en la ciudad 713 personas y otras 850 fueron interceptadas por Marruecos. “Pero en ningún caso se tradujeron en indicadores que permitieran anticipar la ruptura súbita del escenario operativo conocido”, reza el informe.

Es decir, no se detectaron, según Interior, “situaciones que pudieran desbordar las capacidades de las unidades desplegadas en Ceuta”. Para muestra, un botón. En agosto del 2024 hubo 3.851 entradas –o tentativas– irregulares. En el mismo mes del 2025 fueron 2.772. En el pasado mes de julio, hasta la avalancha, habían llegado a nado –o lo habían intentado– 3.883 personas.

El documento recoge que, aunque la cifra era elevada, “no evidenciaba” en términos cuantitativos “un escenario distinto de los registrados en periodos estivales anteriores, sino el adelanto al mes de julio de una dinámica migratoria tradicionalmente observada en Ceuta durante el mes de agosto”. En consecuencia, se trabajó con un escenario que “podía ser afrontado con las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad y con la incorporación progresiva de refuerzos que resultaran necesarios”.

No fue hasta el día 30, cuando las entradas superaban los cientos, que se pasó de una mera hipótesis a “un riesgo acreditado por la experiencia inmediata”.

Es ahí cuando empiezan a llegar informes a la mesa del ministro. El primero fue del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Llega el día 30 a las 13:52 horas, con el asalto ya iniciado. En este se avisa de un indicador de riesgo por una posible entrada masiva por un efecto llamada detectado en publicaciones en redes sociales con motivo de la festividad del Día del Trono en Marruecos. Como bien recoge la secretaria de Estado, ese informe llega el “mismo día”. Además, en ese mismo documento se comunica que dos días antes se había emitido una nota interna sobre un posible salto a la valla de Ceuta y por lo que se emitieron tres alertas entre los días 29 y 30 a los puestos fronterizos de las dos ciudades. El día 30 por la noche fue cuando el CNI les hizo llegar una nota informativa con un análisis de la situación en Ceuta.

Con esta nueva información aportada por Interior, la jueza Tardón, que investiga un posible ataque a la integridad territorial de España, ha reclamado al Gobierno que desclasifique todas las comunicaciones, y no solo una parte, para certificar estos y otros extremos. La magistrada busca determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio.

Además, pretende averiguar el papel que tuvo Marruecos y por ello también reclama todas las notas e informes clasificados relativos a la actuación de las autoridades marroquíes. Al respecto declararon ayer como testigos tres consejeros del Gobierno de Ceuta, Nabila Banian (Sanidad y Servicios Sociales), Alberto Ramón (Presidencia) y Alejandro Ramírez (Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos), que aseguraron a Tardón que las autoridades marroquíes no actuaron cuando empezó la entrada masiva. Calificaron la actitud de los agentes marroquíes de “absoluta pasividad y permisividad”.