La operación de la Policía Nacional para localizar a los 450 inmigrantes ilegales en Ceuta a los que se ha denegado el asilo, se ha saldado con saldado con la localización y expulsión de unos 150, por lo que otros 300 están desaparecidos. Pueden haber logrado pasar a la Península a través de las redes de inmigración ilegal o, lo que es más probable, permanecer escondidos en la ciudad.

Agentes que trabajan sobre el terreno ponen de relieve la necesidad de acortar plazos para decidir sobre el resultado de estos expedientes, precisamente para evitar que los que resultan negativos se sustraigan a la expulsión por parte de la policía, como ocurre con los citados 300.

A este respecto, Eduardo García, secretario regional de la Confederación Española de Policía (CEP) en Ceuta ha manifestado a LA RAZÓN que "la utilización de pisos conocidos como patera o infraviviendas, para albergar a cantidades desconocidas de inmigrantes se ha puesto de moda en Ceuta y se está utilizando por individuos para ganarse un importante dinero extra.Una pequeña parte de la población

se está dedicando a este tipo de ilícitos, sin tener en cuenta que pueden ser acusados de varios delitos

“.

Detalla que el fenómeno se da sobre todo en la zona del Príncipe, alquilan habitaciones, garajes, viviendas o cualquier habitáculo que sirva para albergar a inmigrantes ilegales, donde duermen, comen, se asean y realizan todas las actividades propias de cualquier persona. “Aunque sea en unas condiciones infrahumanas e insalubres, en condiciones de hacinamiento, como se ha podido comprobar en las últimas intervenciones policiales realizadas al efecto”, agregan.

En los últimos días, se han detectado viviendas donde se cobran importes que oscilan entre 400 y 500 € mensuales

“En España, la responsabilidad penal por acoger, alojar o dar cobijo a personas extranjeras en situación administrativa irregular se regula principalmente en el artículo 318 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y debe ponerse en relación con la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Si además, los hechos se cometen con ánimo de lucro, se impone la pena en su mitad superior”, recuerda. Subraya que “se debe concienciar a la población de las consecuencias de dicha actuación, que lejos de facilitar la convivencia genera un problema mucho mayor”.