El Tribunal Supremo (TS) ha denegado las medidas cautelarísimas que solicitó el Gobierno de Ceuta en un recurso ante la “inactividad” del Ejecutivo central para desplegar los medios humanos y materiales “necesarios” a fin de tramitar en plazo los expedientes de expulsión o devolución de inmigrantes que entraron a la ciudad de forma masiva e irregular el pasado mes de julio.

En una resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala de lo Contencioso – Administrativo concluye que el Ejecutivo ceutí no ha acreditado las circunstancias de “especial urgencia” exigidas legalmente para adoptar medidas de forma inmediata y sin escuchar previamente a la Administración General del Estado.

De esta forma, el alto tribunal ha acordado que la solicitud de medidas cautelares continúe tramitándose por el procedimiento ordinario, lo que permitirá conocer las alegaciones del Gobierno central antes de adoptar una decisión.

La ciudad autónoma reclamaba una batería de actuaciones dirigidas a acelerar la respuesta del Estado al entender que no había puesto a disposición del Ejecutivo autonómico los recursos necesarios para tramitar los procedimientos de expulsión o devolución de inmigrantes. También solicitaba que el Gobierno central facilitara en un plazo de cinco días información detallada sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta, los expedientes iniciados, resueltos y ejecutados, las expulsiones y devoluciones realizadas y los recursos efectivamente desplegados.

Sin embargo, el alto tribunal señala que la supuesta inactividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha prolongado durante más de dos meses y medio sin que durante ese periodo se hubiera solicitado la tutela cautelar. Se trata de una circunstancia que la Sala entiende determinante para acordar lo solicitado.

“No se aprecia que concurran las circunstancias de especial urgencia […], esto es, aquellas que por su entidad no consienten que la toma de decisión sobre una medida cautelar espere, ni tan siquiera, a que transcurra el breve plazo que ha de concederse a la parte contraria (máximo 10 días) para que pueda alegar sobre la procedencia de aquella, conforme al principio general de audiencia de la otra parte”, señala en la resolución.

No obstante, el Tribunal Supremo asegura que es “consciente” de que la crisis, derivada de la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio, “está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local”.

La resolución supone un revés para la estrategia procesal de la Ciudad, al impedir que las medidas reclamadas se impongan de manera inmediata y sin audiencia del Gobierno central, pero no determina si la Administración General del Estado ha incumplido sus obligaciones ni resuelve definitivamente si deben adoptarse las actuaciones exigidas por Ceuta antes de que se escuchen las alegaciones.