El Tribunal Supremo ha rechazado la petición urgente del Gobierno de Ceuta para obligar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a aprobar en diez días un plan de expulsiones y devoluciones de los inmigrantes adultos que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

El pasado día 19, Vivas calculó que aún permanecían en Ceuta entre 15.000 y 17.000 inmigrantes, basándose en el consumo de agua. El Gobierno sigue sin ofrecer una cifra cerrada, pero el ministro Ángel Víctor Torres elevó el viernes a 13.101 los regresos a Marruecos desde el 10 de agosto. El último desglose, del día 20, contabilizaba 536 expulsiones.

La Sala de lo Contencioso – Administrativo considera que la Ciudad Autónoma, presidida por Juan Jesús Vivas, no ha acreditado circunstancias de «especial urgencia» que justifiquen imponer medidas inmediatas sin escuchar previamente al Gobierno central. Los magistrados acuerdan tramitar la solicitud por el procedimiento cautelar ordinario, que permitirá conocer las explicaciones del Ejecutivo.

El auto, fechado el pasado viernes 23 de octubre y cuya ponente es la magistrada María Concepción García Vicario, subraya que la supuesta inactividad estatal denunciada por Ceuta «se viene manteniendo en el tiempo durante más de dos meses y medio, sin que se haya instado la tutela cautelar».

El tribunal recuerda que este mecanismo excepcional para fijar medidas cautelarísimas exige demostrar que esperar a escuchar las alegaciones de la otra parte, durante un plazo máximo de diez días, frustraría la eficacia de la intervención judicial.

La resolución reconoce, sin embargo, la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. La Sala reproduce la definición recogida en el decreto gubernamental que declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional, según la cual la presencia de numerosos inmigrantes irregulares está «alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas».

También recuerda que la situación está «superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana» y que requiere una intervención coordinada de recursos estatales y locales.

La iniciativa judicial de Vivas pretendía que el Supremo exigiera a Moncloa un plan operativo en el plazo improrrogable de diez días. Ese documento debía concretar los medios policiales y administrativos destinados a tramitar los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional, además de establecer un calendario de actuaciones con controles quincenales.

Ceuta reclamaba igualmente la ejecución material de las expulsiones y devoluciones que ya fueran ejecutivas, incluida la conducción de los afectados hasta el puesto fronterizo de salida, con respeto a las garantías legales y las posibles suspensiones judiciales.

La Ciudad también exigía que, en cinco días, el Estado entregara un balance detallado de los inmigrantes adultos que todavía permanecen en Ceuta, los procedimientos abiertos, las expulsiones ejecutadas, los retornos voluntarios y las solicitudes de asilo pendientes. Pedía, además, identificar a los responsables de ejecutar las medidas y presentar informes de seguimiento cada quince días.

La ausencia de un censo cerrado de personas que permanecen en Ceuta constituye uno de los principales puntos de fricción entre ambas administraciones. El cálculo de Vivas se basa en un incremento del 20% del consumo de agua en septiembre respecto al mismo mes de 2025, indicador que el presidente autonómico utiliza para estimar el aumento de población.

El Gobierno central sostiene, por su parte, que la mayoría de los adultos que siguen en Ceuta están acogidos en los recursos habilitados por el Estado. Según el balance de Torres del 23 de octubre, había unas 6.100 plazas ocupadas de las cerca de 8.000 disponibles, mientras que 3.434 menores estaban identificados y atendidos por el sistema autonómico de protección.

El recurso fue presentado el 22 de octubre, después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, rechazara dos días antes el requerimiento formulado por Vivas el 16 de septiembre. La Ciudad sostiene que el Ejecutivo incumple sus obligaciones de movilización de recursos e información sobre los expedientes migratorios.

El Gobierno central mantiene una versión radicalmente distinta. En su respuesta del 20 de octubre aseguró que las actuaciones reclamadas «ya se encuentran iniciadas y en curso» y que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional constituye una «prueba manifiesta de que no se ha producido inactividad».

Vivas ha denunciado reiteradamente que, al margen de los regresos voluntarios y las expulsiones vinculadas a infracciones penales, el Estado no había ejecutado devoluciones administrativas derivadas de los procedimientos abiertos tras la entrada masiva. El Ejecutivo replica que se han reforzado los servicios de extranjería y los medios necesarios para agilizar la identificación y tramitación de expedientes.

La respuesta gubernamental insiste en que los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional «requieren una valoración individualizada» y que «no resulta procedente imponer un plazo general que prevalezca sobre el establecido por la legislación aplicable».